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Los medios de comunicación y el transporte están entre las pocas actividades que podrían conservar las ventajas fiscales de los planes de competitividad, tras una derogación masiva de estos programas que se dispone a sancionar el Senado. El criterio surgió durante una de las reuniones en las que ayer Economía consiguió ganar consenso en torno al paquete impositivo que se discute en el Congreso y que, según los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, debería ser sancionado antes del 14 de marzo próximo.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, y el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, realizaron ayer una ronda de reuniones por ambas cámaras con el propósito de acercar posiciones en torno a los proyectos de leyes complementarias del Presupuesto, que permitirían ajustar las cuentas públicas en consonancia con el provisorio acuerdo sellado con el FMI. El espíritu común de las iniciativas que se discuten en Diputados y en el Senado es reforzar la recaudación y honrar así el propósito de conseguir este año un superávit primario del 2,5.
El primer encuentro fue con los senadores justicialistas y, apenas minutos después, con los radicales. Luego la dupla Sarghini-Matzkin marchó a Diputados con cierta tranquilidad: el Senado podría aprobar la próxima semana tanto la eliminación de los planes de competitividad como la extensión del Impuesto a las Ganancias a los reembolsos que cobran los exportadores, tal como aspira el Palacio de Hacienda y sugieren los técnicos fondomonetaristas.
La intención, al menos de los senadores oficialistas, es propiciar la derogación de todos aquellos programas que no caducan en las próximas semanas pero, al mismo tiempo, facultar al Poder Ejecutivo para que restituya algunos. No está claro si al otorgar esta potestad el Congreso también fijaría un criterio para elegir a los sectores beneficiados, pero, según entienden los legisladores, no hay dudas de que las empresas culturales y las de transporte seguirían amparadas.
Los planes de competitividad disminuyen la carga fiscal, básicamente permitiendo tomar el pago de un tributo a cuenta de otros. El argumento es que esa posibilidad debería sostenerse para los sectores que tienen costos (o deudas) en dólares e ingresos en pesos, pero no para actividades que resultaron muy beneficiadas por la devaluación, la siderurgia y el agro, entre ellas.
También estaría allanado el camino para imponer Ganancias sobre los reintegros, devoluciones de impuestos que hace el Estado sobre las exportaciones. La intención, sin embargo, es que sea sólo por un tiempo limitado –180 días o un año– y fundando la decisión en la emergencia.
La incidencia fiscal de esta iniciativa no sería demasiado importante, ya que el gravamen no se aplicará directamente sobre el reintegro, sino que éste formaría parte del balance de las empresas: como muchas no están generando utilidades, los legisladores especulan que finalmente no permitiría aumentar demasiado la recaudación en lo inmediato. “La idea es ofrecer una prueba de amor al Fondo, que es partidario de gravar cuanto se pueda, con la menor cantidad de exenciones”, interpretaba ayer un senador del PJ.
El Ejecutivo también consiguió un primer guiño en Diputados para transformar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles en un porcentaje, algo que le permitiría al Estado aumentar la recaudación en el futuro, en la medida en que el precio de las naftas, del gasoil y el GNC suban. Esa transformación podría incluir algunas correcciones técnicas no sustanciales al texto enviado por el Poder Ejecutivo pero, según presionó la oposición y parte del oficialismo, a condición de voltear el veto al artículo 68 del Presupuesto Nacional. Según este item las provincias destinaban casi 300 millones de pesos a la realización de obras públicas en distintos lugares del interior, distrayendo recursos que eventualmente pueden destinarse a la cancelación de deuda. Pero los diputados son mucho más renuentes a alinearse tras la iniciativa de reducir la alícuota de Ganancias del 35 al 30 por ciento: muchos parlamentarios siguen clamando que se les permita a las empresas ajustar sus balances por inflación, aunque esto disminuya las utilidades y, por consiguiente, la recaudación.