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Fue la mansión de la escritora Victoria Ocampo y tuvo como última dueña a la ex modelo Claudia Sánchez. Todo el jet set menemista se la quiso comprar. Amalita Lacroze de Fortabat lo hizo, con dinero público. Pagó 3 millones de dólares por la histórica vivienda, a través del Fondo Nacional de las Artes, que ella preside. Pero la Oficina Anticorrupción (OA) la denunció penalmente al evaluar que cuando concretó la transacción lo hizo sin justificar la necesidad, desvió dinero de las arcas del Estado, violó “prácticamente todas las normas que regulan la compra de inmuebles” por parte de organismos públicos y pagó comisiones superiores a las debidas.
La compra de la casa –ubicada en Barrio Parque– que la propia Fortabat fogoneó insistentemente en las reuniones de directorio y consiguió apoyo unánime de sus pares, se concretó el 10 de septiembre de 2001. La empresaria decía que su intención era “ampliar las posibilidades edilicias del Fondo Nacional de las Artes” y preservar un inmueble valioso por sus características arquitectónicas e históricas. Sin embargo, la OA advierte en su denuncia que las actividades del organismo se limitan, según los decretos que lo regulan, al otorgamiento de préstamos, becas y subsidios y la administración de fondos para el desarrollo de actividades artísticas y literarias. Su labor es, entonces, financiera. “El dinero que se dispuso para la compra del inmueble habría sido utilizado para un destino diferente del que tenía acordado”, denunció el organismo anticorrupción, que encabeza Manuel Garrido.
Los 3 millones de dólares que costó la casa se pagaron en el momento, en efectivo. Representaban, por entonces, alrededor de la mitad del presupuesto anual del Fondo. En realidad, alegaba Fortabat, era un dinero acumulado que la entidad tenía en su cuenta bancaria. En contraste con aquel planteo, en septiembre del año pasado, en un reportaje publicado por la revista Caras, la mujer lamentaba “haber suprimido las becas al exterior porque no teníamos cómo mantener a la gente”.
La denuncia que hizo la OA ante el juzgado federal 7, que subroga el juez Rodolfo Canicoba Corral, acusa a Amalita y al resto del directorio que participaron en la operación, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta. El informe presentado en tribunales, que combina una pesquisa propia con una auditoría previa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), recuerda que por administrar dinero del Estado nacional, el Fondo de las Artes está sujeto a todas las normas de la administración pública nacional. Sin embargo, señala sin vueltas, las vulneró en su mayoría.
Infracciones
- Un primer informe de la Sigen ya advertía que los fondos provenientes de excedentes en la recaudación debieron haber sido devueltos a la Tesorería General de la Nación. La OA recuerda que así lo establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control de Sector Público, y que eso no fue precisamente lo que ocurrió en esta ocasión. “Los fondos se utilizaron sin que mediara autorización para disponer de ellos”, dice el texto.
- La denuncia subraya, para demostrar que la compra se hizo con dineros extrapresupuestarios, que entre las partidas previstas para 2001 “no se preveía la adquisición de edificios”. Para bienes de uso la suma asignada era de 170.000 pesos. Si el Fondo de las Artes quería efectuar modificaciones al esquema presupuestario tenía que gestionarlo oficialmente ante la Oficina Nacional de Presupuesto y no lo hizo. Cualquiera sea el caso, los organismos estatales no manejan efectivo sino que cumplen con compromisos asumidos librando órdenes de pago que ejecuta la Secretaría de Hacienda, instruye Anticorrupción.
- El Fondo, avanza la demanda, no cumplió con su obligación de dar intervención a la Sigen –encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos– para que diera un precio testigo sobre el valor del inmueble.El directorio tampoco convocó al servicio jurídico, como prevé la ley de procedimientos administrativos.
- La compra se hizo de manera directa entre el organismo y la ex modelo Claudia Sánchez (María Claudia Paternolli), a pesar de que los funcionarios públicos, por un decreto de 2000, no pueden hacer compras directas que superen los 75.000 pesos.
- Las tasaciones fueron solicitadas a cuatro inmobiliarias particulares, cuando aquella misma norma exige que intervenga el Tribunal de Tasaciones de la Nación (Secretaría de Obras Públicas) para determinar “el valor máximo a ofrecer”.
- El directorio autorizó el pago de una comisión de intermediación inmobiliaria del 4 por ciento del total del precio, cuando la ley que regula este tipo de contratos establece que en estos casos “la comisión no puede exceder el 1,5 del valor de la compra”. “Las autoridades intervinientes habrían beneficiado indebidamente a un tercero” al “autorizarse el pago de un 2,5 por ciento de comisión por sobre lo que correspondía”, puntualiza el documento.
- “El Fondo –añade la OA– compró el inmueble cuando no había ninguna necesidad de adquirirlo. No sólo porque no necesitaba ampliar el espacio que poseía hasta ese momento para el desarrollo de sus actividades sino también porque no era función del Fondo adquirir inmuebles con supuesto valor histórico-artístico para su preservación.”
Casa vacía
La vieja casona de Victoria Ocampo todavía está cerrada y sin ningún tipo de uso. Aunque la empresaria Fortabat anunció a fin del 2002 que allí se trasladaría este año la sede del Fondo Nacional de las Artes, según los investigadores de la OA a la institución “se le asignó (el año anterior) en concepto de mantenimiento, reparación y limpieza la misma cantidad de dinero que en el ejercicio anterior (125.000 pesos), monto que no resultaría suficiente para reacondicionar el lugar a fin de poder utilizarlo”. “Todavía no sabemos bien qué buscaba Amalita, o qué arreglo oscuro hicieron con esa compraventa”, dijo a este diario uno de los investigadores. “Pero aun suponiendo que haya obrado todo de buena fe –añadió– no lo tenía que hacer así con dinero del Estado.”