Gerónimo “Momo” Venegas se adelantó al Carnaval. El titular del gremio de los peones rurales (Uatre) volvió a jugar sus cartas para evitar la puesta en vigencia de la ley que estableció un nuevo régimen laboral para los trabajadores del campo. El dirigente, que responde a Eduardo Duhalde, impidió ayer el ingreso de un funcionario del Ministerio de Trabajo en el Renatre, el organismo que fue disuelto por el Congreso y reemplazado por otra entidad que estará bajo la órbita oficial. Venegas se opone a perder el manejo del registro de los peones rurales y de los recursos que ello implica. El Renatre recauda alrededor de 340 millones de pesos al año. “Es un atropello a la democracia”, atinó a decir Venegas. La Uatre presentó un amparo contra la ley, que fue sancionada el pasado 21 de diciembre por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso y alcanzó su promulgación en el Boletín Oficial seis días después. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también recurrirá a la Justicia para lograr la puesta en funcionamiento del nuevo Renatea e intimó a Venegas y a la Mesa de Enlace (ver aparte).

Por medio del decreto 6/2012, que lleva la firma del vicepresidente Amado Boudou, en ejercicio de la Presidencia, el Gobierno designó a Oscar Marcelo Maffe para hacerse cargo del Renatea, en reemplazo del organismo que era manejado por el Momo Venegas y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro). El funcionario se dirigió a las nueve de la mañana de ayer a la sede del organismo, ubicado en Retiro, pero un grupo de gremialistas le impidieron el paso. Maffe estuvo acompañado por el escribano mayor del Gobierno, Natalio Echegaray; el director nacional de Inspección Federal, Guido González Bellini, y por el presidente alterno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), Alejandro Senyk.

“No vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno nacional, que sabemos lo que hacen. No podemos crear antecedentes, ya que podrían hacer lo mismo con las obras sociales”, arremetió el Momo. La última aparición pública del dirigente duhaldista había sido el día en que el Senado aprobó la norma, con una manifestación frente al Congreso. “Viva Perón y abajo los traidores, que son unos terribles hijos de puta”, había lanzado el Momo delante de no más de 150 personas. La Uatre presentó un amparo contra la nueva ley.

Además de modificar el esquema del Renatre por un nuevo organismo estatal, la norma restituye una serie de derechos para los peones rurales, implementados durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que habían sido eliminados durante la última dictadura militar.

El nuevo régimen establece las ocho horas de trabajo, se termina con el concepto de jornada laboral de sol a sol y se fija la edad jubilatoria en 57 años, con 25 años de aportes. A su vez, se les reconoce a los peones derechos tales como remuneraciones mínimas fijadas en paritarias, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil. Se estipula, también, el reconocimiento de horas extras, el descanso semanal, las condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda acorde, en el caso que corresponda.

“Qué curioso que un dirigente sindical adopte posturas idénticas a las de quienes históricamente explotaron a los trabajadores del campo. Que no engañe con el origen de los fondos. No son aportes de los trabajadores, sino fondos que pagan los empresarios. Debe ser el único dirigente sindical que está a favor de la privatización de la seguridad social y en contra de la administración estatal”, sostuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (ex ministro de Agricultura), también cuestionó a Venegas. “Resistirse al cumplimiento de la ley representa una conducta que no es compatible con el Estado de derecho”, afirmó el diputado. Como consecuencia de las trabas que puso Uatre al ingreso del funcionario de la cartera laboral, el Gobierno recurrirá a la Justicia para que pueda ponerse en funcionamiento el nuevo registro de los peones rurales, bajo la órbita del Estado.