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Si, como dice el gobernador de Chubut, la relación con YPF “está en un punto límite”, la incógnita del momento es qué hay detrás de ese punto. A partir de la amenaza de quitarle las áreas no explotadas a la ex petrolera nacional, se abren varios caminos posibles, según lo que se defina hacer con esas áreas. Desde la nacionalización lisa y llana de YPF, con esas concesiones inexplotadas pero también con las más rentables incluidas, hasta la creación de empresas provinciales para operarlas, todas las vías están abiertas. Y ninguna es de fácil transitabilidad.

La ofensiva oficial contra las petroleras que abandonaron la inversión lleva en primera línea a los gobiernos provinciales. Estos asumieron el rol de ser los recuperadores de las áreas, en virtud de considerarse sus dueños por mandato de la reforma constitucional de 1994 –algunos especialistas interpretan que dicha reforma no modificó la propiedad, que seguiría siendo federal, sino que facultó a las provincias a legislar sobre su administración, es decir su concesión–. Santa Cruz y Chubut amenazan ser las primeras en lograr la restitución.

Si así sucede, sus alternativas inmediatas se reducirían a poner las áreas restituidas en manos de una empresa provincial –las jurisdicciones patagónicas formalmente las tienen– o bien volver a concesionarlas a otro operador privado. Pero si todos los gobernadores siguieran el primer camino (provincialización de la producción), el resultado más probable sería atomizar las inversiones y la producción. En caso de volverlas a manos privadas, no son pocos los que se preguntan qué diferencia habría entre la situación actual y la que exista dentro de pocos años.

Una tercera alternativa sería que las áreas restituidas pasaran a ser administradas por Enarsa, empresa estatal existente, pero que no opera directamente en producción. Esta vía requeriría, además de la obtención de recursos para inversiones, una definición política sobre el rol a cumplir por la firma, su relación con las provincias y hasta con el capital privado –asociado o no–. Si Enarsa se propusiera actuar como empresa testigo, difícilmente podría hacerlo a partir de estas áreas a restituir, por su escasa incidencia en la producción total.

La cuarta alternativa, la que genera más pasiones pero también más interrogantes, es la reestatización de YPF. Dejando de lado los escollos legales que supondría su devolución, su gran ventaja es que le entregaría al Estado una empresa generando recursos, “caja” como dice la oposición, pero para inversiones que igual necesitarían de fuentes adicionales de financiamiento. No hay aún señales claras de que ése sea el camino que se está transitando: no todas las provincias avanzan a la misma velocidad, ni se conoce cuál sería la estrategia federal, la política petrolera nacional, que la sustentaría.

El país no se puede permitir volver a necesitar este año más de 10 mil millones de dólares para comprar en el exterior los recursos energéticos de los que no se autoabastece. Ese es el punto límite. Con anuncios o no esta semana, ese punto y la necesidad de definiciones están peligrosamente cerca.