La Secretaría de Comercio Interior fijó ayer a las petroleras YPF, Shell y Esso el precio que deberán cobrar por el litro de combustibles para aeronaves comerciales (JP1). La resolución establece que no podrá superar en más de 2,7 por ciento al de la nafta súper que se comercializa en la estación de servicio de bandera más cercana al aeropuerto en el que se realice la carga. El precio promedio de la súper es de 5,50 pesos. La medida fue tomada a partir de una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en respuesta a una denuncia presentada el 9 de febrero pasado por Aerolíneas Argentinas por el precio que debía abonar por el combustible.

La resolución de la secretaría que conduce Guillermo Moreno sostiene que “será de aplicación para las empresas titulares de aeronaves que ejerzan la actividad aerocomercial de pasajeros o la actividad aerocomercial de pasajeros y carga y que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Aeronaves”. Una de las beneficiadas será la empresa de bandera Aerolíneas, que el 9 de febrero pasado, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia a estas petroleras por el precio que cobran por el combustible para los aviones. Aerolíneas gasta 500 millones de dólares anuales en combustible, que representan entre el 30 y 40 por ciento del costo total de la compañía aérea estatal.

La situación fue incluso planteada por la jefa de Estado en el discurso de apertura de las sesiones ordinaria del Congreso, donde comparó el precio que le cobran a Aerolíneas, en términos internacionales, y el costo de producción, ya que el JP1 se destila casi en su totalidad en el país. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia señaló que había comprobado que existe una ganancia “extraordinaria” por parte de las petroleras con el cobro del producto, debido a que era un 47 por ciento mayor que el precio de la nafta súper, mientras que en Estados Unidos esa diferencia no supera el 2,7 por ciento. Precisamente, ese límite es el que la Secretaría de Comercio definió como tope a la brecha de precios.