El ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó ayer que “el peor descuartizamiento a YPF es el vaciamiento por falta de inversiones”. Y reivindicó la decisión de los gobernadores patagónicos al revertir las áreas concesionadas, señalando que “forma parte de una visión nacional, que responde a los intereses superiores del Estado argentino, dado que apunta a recuperar el autoabastecimiento”.

“El rey no me llamó ni tampoco me va a llamar”, respondió en tanto el gobernador chubutense, Martín Buzzi, a una consulta sobre si había tenido contactos con el monarca español, Juan Carlos de Borbón, a propósito de la resolución que afectó a la petrolera controlada por Repsol. “No es un problema de reinados aquí; cada uno debe ocuparse de las responsabilidades que tiene y la decisión que adoptamos se produce luego de años de declive de la producción, fundamentalmente los últimos seis años, y luego de haberle pedido a la empresa, en diferentes momentos, planes de inversión que permitieran revertir la situación.”

Buzzi denunció que “cuando hay una decisión empresarial que busca no invertir lo necesario en el territorio, que genera problemas en todos los frentes con desabastecimiento de combustible en todo el país, cae el horizonte de reservas y cae el volumen de producción en la provincia, quiere decir que estamos frente a un operador que no está a la altura de las circunstancias”.

El mandatario provincial indicó que no hubo conversaciones con directivos de YPF o de Repsol. “Sí hubo mucho diálogo anteriormente, pero siempre en situaciones de conflicto”, aclaró. Con respecto al futuro de la operación de los yacimientos en los que se dio por caducada la concesión, Buzzi explicó que “no vamos a hacer una nueva concesión, sino que buscaremos un operador para esos yacimientos, porque la propiedad seguirá quedando en manos del Estado. Por supuesto que ya hay gente interesada en llevarla adelante”.

Desde el Congreso de la Nación, varias voces se hicieron eco de la decisión asumida por las provincias de Chubut y Santa Cruz. Agustín Rossi, titular del bloque del Frente para la Victoria, defendió la potestad de los gobernadores para quitar las concesiones petroleras. El diputado santafesino estimó que las provincias “seguramente van a llamar a licitación para entregárselas a otras empresas que garanticen los niveles de inversiones que todos los argentinos queremos”. Recordó que la Argentina “tiene hoy que importar cerca de 10 mil millones de dólares en combustible para sostener el crecimiento del país, y ese combustible va principalmente a abastecer a las usinas que generan energía eléctrica”.

En tanto, en la Cámara alta, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, señaló la preocupación del sector por la producción de combustibles y mostró disposición a debatir el tema con los demás bloques. Consideró que el Congreso puede “ser escenario de un gran debate sobre combustibles, no puede estar ajeno al tema, pero a partir de una mirada más amplia, sin desconocer que hay una enorme pérdida de inversiones”, que es responsabilidad de las empresas concesionarias. El senador rionegrino propuso sumar a gobernadores de provincias productoras y al sindicato del sector para que expongan sobre el problema.

En representación de la UCR, el senador Ernesto Sanz se manifestó de acuerdo con la propuesta de Pichetto, pidió incluir al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la convocatoria de la comisión y remarcó la necesidad de contar con la presencia del ministro De Vido “como máxima autoridad” del área. Su colega de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, coincidió con la necesidad de citar a De Vido al señalar que el Gobierno “ha hecho obras importantes en materia energética, pero no alcanzan para solucionar la grave situación energética que atraviesa el país”.