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La Unión Industrial Argentina manifestó ayer su preocupación por la medida del Gobierno que reduce el plazo para que los exportadores liquiden sus divisas en el sistema financiero local. “Los diferentes representantes de los sectores y regiones industriales plantearon la dificultad que esto ocasionará en la estrategia comercial de las empresas y los daños irreparables que ello puede acarrear en las exportaciones, más aún en un contexto internacional muy delicado y de una competencia predatoria”, indica el comunicado que difundió la central patronal, luego de la habitual reunión quincenal de su junta directiva.

Desde el sector privado reclaman que el acortamiento en los plazos para cobrar las exportaciones supone problemas especialmente para las pymes, que están en frágiles condiciones para exigir al comprador que pague en los tiempos que pide el Gobierno. Además, agregan, esas empresas en general no disponen de una amplia disponibilidad crediticia como para afrontar el desfasaje financiero. Según la UIA, desde diversos sectores manifestaron descontento por la medida instrumentada por la Secretaría de Comercio Exterior, a cargo de Beatriz Paglieri, a través de la resolución 142. Dicha norma establece, para las operaciones entre empresas vinculadas, que los exportadores “deberán ingresar las divisas al sistema financiero local en el plazo de quince días corridos” a partir de la fecha del embarque.

En la misma línea, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) indicó que la nueva regulación “puede traer aparejada la pérdida de clientes para operaciones de los rubros de autopartes, electrodomésticos, alimentos, tecnología médica e industria de fertilizantes. Las condiciones de precio y financiamiento no las determinan los exportadores, sino el propio mercado en el cual se debe competir”.

La Junta Directiva de la UIA también debatió ayer sobre la marcha de las negociaciones salariales. “Se expresó, nuevamente, la necesidad de que las mismas estén vinculadas a la competitividad de cada uno de los sectores, de forma de no afectar negativamente la producción, la inversión y el empleo”, indicó la entidad.