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Julio de Vido, hasta hace horas ministro de Gobierno de Santa Cruz, comandará desde el lunes el nuevo Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, versión remozada de lo que durante la gestión aliancista fue Infraestructura. Desde este estratégico lugar del gabinete, el hombre que acompañó a Néstor Kirchner en todas su carrera pública tendrá misiones que el flamante presidente sólo confiaría a alguien de su círculo íntimo: el manejo de la inversión pública y los millonarios fondos afectados a ella, así como la controvertida relación con las privatizadas.
La flamante cartera a su cargo absorberá funciones de Producción, Presidencia y Economía, al concentrar Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones y Energía, áreas cuyos titulares hasta anoche no estaban confirmados. Como tampoco había una decisión en firme sobre el destino de la comisión de renegociación de contratos de empresas privatizadas, que hoy depende funcionalmente de Roberto Lavagna, pero que, de subsistir, se reportaría a De Vido.
Quien desde el lunes asumirá como ministro de Planificación podría así sumar la competencia de resolver sobre esas renegociaciones y la de decidir sobre las tarifas de los servicios públicos, cuando hoy esa potestad está reservada a Economía. Este es, quizás, el capítulo más amargo de la futura gestión y por el que tendrá que afrontar mayores costos políticos.
Hay otras competencias no menos complicadas pero que lo ubicarán en un lugar menos incómodo. Uno es un capítulo para estimular la construcción de nuevas viviendas en todo el país; el otro es un plan federal de obras, que De Vido estaría rediseñando sobre la base de una serie de emprendimientos ya señalados por cada gobernador como prioritario en su distrito. Ni uno ni otro justificaría anuncios grandilocuentes y, en gran medida, significaría ejecutar proyectos en marcha que quedaron paralizados por la escasez de recursos de la Nación y de las provincias. Pero ejecutarlos podría ser capitalizado como un gran logro.
Además de nuevos mecanismos de financiamiento para construir viviendas, De Vido intentaría restituir al Fonavi sus recursos originales, 1300 millones de pesos que hoy las provincias pueden destinar con amplia libertad a cualquier otro fin. Un pacto celebrado con Fernando de la Rúa permitió capturar la mitad. Otro rubricado por Eduardo Duhalde liberó el resto.
Al concentrar Obras Públicas y Transporte, De Vido será responsable de importantes fondos fiduciarios integrados con impuestos sobre los combustibles, como el de Infraestructura y el Hídrico: el primero reúne más de 1100 millones del año y el segundo tiene a la fecha un depósito del Banco Nación por 180 millones. Para la administración de esos dineros, el futuro ministro dispondrá de gran ventaja. Al sancionar la ley de Presupuesto, el Congreso suprimió un artículo pedido por Lavagna, quien pretendía poder echar mano de esos recursos.
Sólo con un cambio previsto en la asignación del dinero de Infraestructura, De Vido conseguiría reforzar las partidas para obras. Gran parte de esos recursos hoy se utiliza para subsidiar a concesionarios de peaje, cuyos contratos expiran en unos meses. La apuesta oficial será renegociar con los operadores que se queden en el negocio otras condiciones y liberar así ese dinero. De Vido es un arquitecto, de perfil técnico. Pero también un político con cintura, acostumbrado a tender puentes con empresarios, aunque hasta ahora esos interlocutores fueron más modestos y quizás con menos capacidad de presión que aquellos que deberá tratar como funcionario nacional.