Desde que Domingo Cavallo consiguiera que el INdEC fuera pasado de Presidencia a la órbita de Economía, medida que precipitó la renuncia de Héctor Valle por su rechazo a esa decisión, se temió por la independencia del organismo y, por tanto, de la confiabilidad de sus estadísticas. Esos temores, apaciguados con el tiempo, reaparecen ahora al conocerse la remoción de Juan Carlos del Bello como director del organismo. Las suspicacias son planteadas por quienes recuerdan la discusión pública que estalló a fines del año pasado entre el ministerio y el Instituto a propósito de los índices de pobreza e indigencia. Aunque Roberto Lavagna criticó la metodología empleada por el INdEC, cuyos números mostraban un inaudito deterioro en las condiciones de vida de la población, Estadística y Censos defendió sus cálculos. Y no solamente eso: colocó en su sitio de Internet, donde aún puede ser consultado, un trabajo titulado “Acerca del método utilizado para la medición de la pobreza en la Argentina”, en el que se refutan las objeciones de Economía. Desde aquel incidente, las relaciones entre el Instituto y el Palacio de Hacienda se tornaron agrias, especialmente con el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson.
La embestida contra los índices del INdEC se basó en un trabajo realizado en el área del director nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, Luis Maia, con especial participación de Andrea Cardinale, quien había pertenecido al Instituto. Lo concreto es que, aplicando el método que impulsaba Economía, bajaba el número de pobres e indigentes. Un punto central era el de la valorización de la Canasta Básica Alimentaria, ya que el valor monetario de esa cesta determina la llamada “línea de indigencia”.
Lo que deseaba Economía era que no se utilizasen los precios medios para asignarle valor a la canasta, sino que ellos fueran a su vez promediados con los precios mínimos, resultando por ende niveles más bajos. El INdEC responde que los precios mínimos “son, por lo general, el registro de una sola observación y corresponden a valores temporales o valores extremos de una muestra de ocho mil negocios distribuidos en el Gran Buenos Aires”. Y añade que esto implica que “la canasta valuada a tales precios resultaría absolutamente imposible de adquirir, ya que probablemente los mismos corresponden a observaciones geográficamente dispersas”.
Era fácil advertir por el cruce de argumentos técnicos que se estaba dirimiendo un intento de maquillar cifras que le resultaban políticamente indigestas al Gobierno. No obstante, fuentes del INdEC aseguraron a Página/12 que las presiones no provinieron en ningún caso del presidente Duhalde. En cuanto a Economía, desactivó una polémica pública que tomaba un giro inconveniente. La pregunta que hoy queda flotando es si el recambio ahora resuelto no es un retardado coletazo de aquel enfrentamiento. Lo concreto es que el Instituto será presidido en adelante por Lelio Mármora, un experto de Naciones Unidas en Migraciones.
Coincidentemente, Lavagna y Carlos Tomada, nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, anunciaron anoche que en los últimos cinco meses se redujo en un millón de personas la masa de pobres, mientras que otro millón logró pasar de la indigencia a la pobreza. Este giro favorable puede ser el resultado de varios factores: la gradual reactivación productiva, el efecto de los aumentos en el “suplemento alimentario no remunerativo” (plus salarial otorgado por decreto y cobrado por algunos) y los asomos deflacionarios, que abarataron la canasta de alimentos.
La medición que había desatado las iras de Economía fue la de la Encuesta Permanente de Hogares de octubre del 2002. Fue entonces cuando el indicador reveló que un 57,5 por ciento de los argentinos había caído por debajo de la línea de pobreza, y que un 45,7 de hogares estaba en esa situación. En estado de indigencia se hallaba el 27,5 por ciento de las personas y el 19,5 por ciento de los hogares. El relevo de Del Bello parece haber tenido un vertiginoso efecto embellecedor sobre los datos.