La nueva ley para el mercado de capitales tiene tres ejes: re-regular el mercado, reforzando la capacidad de supervisión y sanción del Estado, facilitar el ingreso de más actores como oferentes y demandantes de instrumentos financieros y crear nuevos títulos de ahorro que sean una alternativa al dólar y los plazos fijos. En la actualidad, el reducido mercado de capitales es un “club cerrado” que se autorregula, autocontrola y se sanciona a sí mismo. La iniciativa que ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados termina con la autorregulación y fortalece las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, el proyecto busca romper el oligopolio de las calificadoras de riesgo Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. Para eso deja de ser obligatorio que las emisiones de deuda cuenten con una nota y se abre la posibilidad de que universidades públicas funcionen como calificadoras generando informes de riesgo. Una vez que se apruebe la ley, la CNV deberá realizar un importante trabajo de reglamentación.

La reforma busca reemplazar la actual Ley de Oferta Pública que, con algunas modificaciones superficiales, data de 1968. En el equipo económico advierten que la antigüedad promedio de los marcos regulatorios de los distintos sistemas financieros alrededor del mundo no supera los 15 años. Uno de los pilares del proyecto es la consolidación de la CNV como único organismo de control del mercado bursátil asumiendo funciones que actualmente están en manos de entidades privadas. Para llevar a la práctica sus mayores capacidades de supervisión, fiscalización y promoción, la CNV prevé extender su presencia territorial a todo el país y ampliar el número de profesionales que trabajan en ella.

La nueva ley elimina la obligatoriedad de reunir “la calidad de accionista para que un agente intermediario pueda operar en un mercado determinado”. Actualmente, sólo pueden operar de forma directa en la Bolsa sus socios, generando una suerte de club de difícil acceso. Para pertenecer es necesario comprar una acción del MerVal, que equivale a desembolsar alrededor de cinco millones de pesos. La desmutualización termina con esta condición como sucedió en la Bolsa de Nueva York una década atrás y más recientemente en los mercados de Sudáfrica, los dos más grandes de India, el mercado de futuros Nymex y el tecnológico Nasdaq.

“No buscamos solamente mejorar y actualizar la regulación del mercado de capitales, sino que necesitamos más instrumentos para facilitar que se canalice el ahorro hacia instrumentos que refuercen el impulso del crecimiento económico”, explicó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. En ese sentido, la iniciativa diseñada por el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, y el equipo de Economía contempla la creación de un sistema con información simplificada para que las empresas coloquen deuda y oportunidades de acceso a instrumentos financieros para los ahorristas pequeños. El objetivo es dotar de más agilidad y profundidad al mercado de capitales, sobre todo teniendo en cuenta el poco volumen que se maneja en la actualidad, donde prima un pequeño grupo de sociedades de Bolsa.

Según argumentan en el Ministerio de Economía y la CNV, la reforma apunta a generar nuevas posibilidades de ahorro luego de que se suspendiera la posibilidad de comprar moneda extranjera para atesoramiento. “El pequeño ahorrista podrá invertir en obligaciones negociables de YPF, en clubes de fútbol, desarrollos inmobiliarios o en películas, a partir de nuevos instrumentos financieros”, anticipó Vanoli.

En cuanto a las calificadoras, el proyecto establece la “no obligatoriedad de que las emisiones de deuda cuenten con una calificación de riesgo previa como condición para que coticen en Bolsa”. A su vez, abre la puerta para la entrada de nuevos jugadores. Hasta el momento, la CNV tiene avanzado un acuerdo de cooperación con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y espera suscribir otros convenios. Las universidades de Tres de Febrero, Quilmes, Moreno, General Sarmiento, y San Martín ya expresaron su interés. La UADE también lo hizo, pero el proyecto que ayer recibió media sanción se modificó para excluir a las instituciones privadas. El objetivo es que las universidades generen “informes de riesgo” que, gradualmente, les permitan competir con las calificadoras.