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Una denuncia de los presos de Batán trae a escena el polo industrial intramuros que el SPB organizó para competir con buenos dividendos en el mercado, con el argumento de que el trabajo ayuda a reinsertarlos en la sociedad. La denuncia recuerda que un fallo de Casación puso un plazo de 90 días, con vencimiento el 17 de junio, para que se nivelaran las condiciones de trabajo de los presos y sus remuneraciones, con los gremios correspondientes en el extramuros, bajo el lema de que los detenidos perdieron su derecho a la libertad ambulatoria, pero los demás les permanecen. Los internos confirman que se firmaron convenios laborales, pero la denuncia subraya lo curiosos que resultaron esos acuerdos: fueron firmados por el SPB y las empresas, sin participación de los trabajadores, literalmente cautivos. Lo único que firman los presos son planillas en las que aceptan que trabajan seis horas, aunque denuncian que trabajan ocho o más.

En marzo, el juez marplatense Juan Tapia denunció la degradación a que eran sometidos los internos trabajadores de diez empresas en el penal de Batán, situación que se multiplicaba más allá de Mar del Plata. La Asociación Pensamiento Penal tomó el caso y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Página/12 informó sobre ambas visitas y sobre las facilidades con que funcionaba una decena de empresas para elaborar productos que luego salían a competir al mercado con amplias ventajas por la explotación a la que eran sometidos los empleados cautivos.

Tras la publicación, un fallo de Casación tomó nota, confirmó el estado de degradación esclavizante y puso fecha límite para nivelar al trabajador intramuros con el trabajador extramuros en condiciones laborales y salarios, al 17 de junio.

Cuando la directora del SPB, Florencia Piermarini, recibió en marzo a los integrantes de APP les sugirió que estaba “al tanto del tema” y que todo se habría “arreglado con un llamado de teléfono”. Pero cinco meses después, los internos de Batán denuncian que los obligan a firmar que trabajan seis horas, pero lo hacen por ocho.

“Se ha procedido a labrar un convenio a puertas cerradas en la ciudad de La Plata, entre el Servicio Penitenciario y las empresas privadas –señaló un delegado a este diario–, sin consultar a los internos trabajadores las medidas tomadas para un acuerdo futuro. El que hay ahora no nos respeta, se habla de seis horas de labor y no se cumple. Tampoco el pago y otras irregularidades más.”

Pero ahora, además del original convenio de las 6+2, los reclamos desataron respuestas. Asepsia Lavaderos, una de las empresas denunciadas por el juez Tapia y por la APP, resolvió de manera sencilla el problema: pasó a los empleados cautivos a la categoría de franqueros. “Los que no quisimos firmar que trabajábamos seis horas pasamos a franqueros –describió el delegado–. Somos como treinta, es una manera de echarte sin indemnización.”