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Los créditos bancarios otorgados a empresas y particulares que están en mora alcanzan a 12.400 millones de pesos. Equivale al 43 por ciento de la cartera total, según informes de los propios bancos a los que tuvo acceso Página/12. Este nivel duplica al que existió en el peor momento del Tequila. La morosidad es más alta en los préstamos personales que en los hipotecarios. En los bancos alegan que el nivel de incumplimiento en los créditos para la vivienda duplica al estimado por el ministerio de Economía. El tema es importante ya que las entidades financieras, con el respaldo del Fondo Monetario, presionan para que se libere la posibilidad de rematar las viviendas de los morosos.
Las ejecuciones hipotecarias se encuentran suspendidas por una ley del Congreso hasta mediados de agosto. En la city porteña refutan los datos oficiales. Aseguran que los casos pendientes de remate duplican los estimadas por el Palacio de Hacienda. En los bancos calculan entre 27.000 y 30.000 casos. Pero en Economía rebaten esa estimación. Según Roberto Lavagna, la cuestión no es grave ya que involucra sólo a 16.000 casos que están pendientes de remate judicial. Y se comprometió a encontrar una solución definitiva para antes de que caduque la última prórroga a la imposibilidad de ejecutar las propiedades de los incumplidores. Con toda la intención de demostrar que tiene razón, Economía acaba de anunciar la creación de un registro de posibles ejecuciones hipotecarias. Lavagna insiste en que sólo representa el 1 por ciento del total de los créditos y que eso no afecta patrimonialmente a los bancos.
La morosidad en los préstamos hipotecarios alcanza al 27 por ciento del total. Es decir, unos 2750 millones de pesos. Los mayores niveles de incumplimiento con las entidades financieras se notan en otros rubros, como en los préstamos personales, en los prendarios y en los de corto plazo, como los adelantos en cuenta corriente. En el sistema financiero se considera moroso al deudor que excede los 90 días de atraso en el pago.
El tema de las ejecuciones hipotecarias fue centro de las conversaciones entre la misión del Fondo Monetario y los banqueros. Los funcionarios del FMI quisieron saber la magnitud de la mora y de los casos extremos, aquellos que ameriten un remate judicial. Los expertos estadounidenses poseen ahora los datos del sistema financiero y la promesa de Lavagna de encontrar una solución al tema antes de fin de agosto.
En una recorrida de este diario por distintos bancos, la versión fue idéntica: los banqueros reclaman tener la posibilidad de ejecutar las propiedades porque creen que, de esa manera, lograrán reducir la morosidad. “Hay gente que podría pagar y no lo hace porque se amparan en la ley del Congreso. Si saben que corren el riesgo de perder su propiedad vendrán a renegociar la deuda con los bancos”, comentó, en diálogo con Página/12, el presidente de una de las entidades líderes en préstamos hipotecarios. Un alto directivo de otro banco de primera línea coincidió y añadió: “Nuestro compromiso es analizar caso por caso. No somos una inmobiliaria, no nos interesa rematar propiedades. Queremos cobrar lo prestado sin desatender la difícil situación económica”, resumió.
Los bancos aseguran que el tema de las ejecuciones y el de las compensaciones pendientes son claves para que se regenere el mercado crediticio. Desde el colapso de la convertibilidad, el stock de préstamos al sector privado cayó 22.000 millones de pesos. Y la tendencia declinante aún no se revirtió: el stock cae a razón del 2 por ciento mensual. Por ahora, las entidades financieras prefieren acumular reservas aun cuando existe una expansión de los depósitos. Prefieren perder plata, pagando a los ahorristas tasas de interés de entre 10 y 12 por ciento anual, y dejando esos fondos en una cuenta especial en el Banco Central. La liquidez disponible de las entidades financieras ronda los 17.000 millones de pesos. La reaparición del crédito a costos accesibles es uno de los principales desafíos del Gobierno. Tan importante como encontrar una solución digna para los deudores hipotecarios que confiaron en que el modelo liberal sería exitoso y gozaría de buena salud en el largo plazo. Tanto como los créditos que tomaron.