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Algunos de los protagonistas de la protesta opositora pertenecen a la legión de beneficiados por el modelo político, económico y social que a partir de 2003 permitió al pueblo argentino resurgir de la peor crisis de la historia. ¿Qué hace entonces que se inclinen ahora a una posición crítica de las políticas que condujeron al resurgimiento de la Argentina? Porque en los hechos, estos sectores sociales medios, desde trabajadores del sector servicios, alta burocracia del sector público (incluidas sus señorías), hasta profesionales independientes acompañaron activamente el proceso de recuperación del empleo registrado, así como lograron una participación creciente en la distribución del ingreso nacional.

Sostengo que toman distancia de estas políticas porque consideran, equivocadamente, que la continuidad del proceso de inclusión y la redistribución del ingreso empiezan a hacerse “a costa” de sus ingresos reales o potenciales.

Analicemos los argumentos del juez Luis Herrero en el reportaje de Página/12 del 9 de diciembre pasado: “Hay mucha gente joven en condiciones de trabajar que no lo hace para no perder la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros beneficios”. ¿No sabe acaso que si un desocupado o trabajador informal consigue trabajo sólo “pierde” la AUH porque empieza a cobrar las Asignaciones Familiares?

Inadvertido, sigue: “Eso trae un problema nacional, porque hay un sector que trabaja y aporta para financiar a otro que no trabaja”. Dos observaciones: la primera, que muchos de los que cobran la AUH sí trabajan, lamentablemente en condiciones clandestinas, porque sus patrones no los declaran ni aportan. Los que aportan o evaden son los empleadores, no los trabajadores. La segunda, que los aportes se hacen por los trabajadores registrados, pero también aporta el pueblo argentino que paga el IVA con que se financia casi la mitad del sistema previsional.

¿Por qué se queja en realidad? Porque desearía que la Anses con esos recursos les mejorara su propio haber previsional, objetivo simbolizado por el reclamo de 82 por ciento móvil YA. Pero si no existiera la AUH, tampoco alcanzarían los recursos para hacer universal el 82 por ciento móvil. Ese logro depende de que se pueda remover el 35 por ciento de evasión que todavía existe en la seguridad social.

Pero el juez pasa por “progresista”. Era enemigo de las AFJP y del menemismo. Tanto compromiso llegó hasta el límite de su bolsillo, estrecho para ser solidario (no quiere pagar Ganancias), pero ancho para recibir la jubilación de privilegio que le espera. Por esto decimos que hay sectores que acompañan los procesos de cambio... hasta cuando sienten su interés sectorial “en peligro”.

¿Ignoran acaso que son funcionales a un retorno del neoliberalismo al poder? Que nos llevaría al pasado, con un nefasto encadenamiento de ajuste fiscal, crecimiento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo del salario, retracción de la actividad económica y, como consecuencia, reducción de la recaudación previsional y suspensión de la movilidad jubilatoria cuando no recortes de los haberes? Algunos no lo ignoran. Sueñan ingenuamente con ser socios en ese festín de los poderosos.

¿Qué debe hacer el Proyecto Nacional para sacar a esos sectores del atolladero? Ante todo, explicar pacientemente estas realidades. La Presidenta hace un esfuerzo notable por ser clara y prudente. Pero también concentra el bloqueo del sistema mediático. La respuesta, me parece, es mantener como hasta ahora la iniciativa política y acentuar el cambio. Lo primero, tal vez, ir a fondo contra el 35 por ciento de empleo en negro y terminar de blanquear la recaudación previsional.

Y profundizar el modelo, convocando a nuevas gestas como una reforma tributaria que elimine los privilegios de los que no pagan Ganancias; la creación de un Banco de Desarrollo para financiar la sustitución de importaciones, acompañando al Banco Central en la presión sobre la banca privada; una reforma judicial que modifique el sistema de elección y remoción de magistrados y termine con las designaciones vitalicias y los privilegios impositivos y previsionales o la reforma de la ley de inversiones extranjeras y la denuncia de los acuerdos que nos atan al Ciadi.

No son recetas, pero pueden junto a otras medidas retener a los que por individualismo o cobardía mezquinan el apoyo que se necesita para construir un país más grande y equitativo basado en la justicia social.

* Instituto Ortega y Gasset de Argentina.