[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Convencidos de que la vía parlamentaria no es la más idónea para voltear una licitación, tres legisladores nacionales de la oposición acudieron a la Justicia para reclamar “la revocatoria del contrato de concesión de Correo Argentino Sociedad Anónima (CASA)”. Los argumentos se centran en señalar los incumplimientos en que incurrió la dupla Macri-Galicia y, al mismo tiempo, en las debilidades del Estado como controlador.
Los senadores Marta Raso (UCR/Chubut) y Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño) y el diputado José Vitar (ARI/Tucumán) presentaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una “acción de defensa del consumidor”, que apunta también al Estado nacional, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Los legisladores justificaron la presentación en el “incumplimiento del pago del canon” de la concesionaria del servicio postal al Estado que, según recordaron, supera hoy los 600 millones de pesos. Entre otras faltas, también destacaron la falta de cumplimiento del plan de inversiones, obligación por la que la sociedad privada debe desembolsar 25 millones de pesos por año. Y reclamaron una “resarcitoria por daños y perjuicios por los reiterados incumplimientos del contrato”.
Actuando como usuarios en defensa de sus derechos, Vitar, Raso y Morales también reclamaron ante los Tribunales que el adjudicatario del correo oficial salde su deuda por canon y, además, que asuma el resarcimiento por daños y perjuicios. Pero los parlamentarios también apuntaron hacia la responsabilidad del Estado, que no habría cumplido con el control requerido. “No ha tomado ninguna medida, produciéndose una situación de absoluta incertidumbre respecto a esta concesión”, reza la denuncia.
El Congreso analiza desde hace bastante tiempo esta adjudicación y ya hubo varias recomendaciones al Poder Ejecutivo para que la dé por caída, a tono con informes de la Auditoría General de la Nación. El gobierno de la Alianza creó una comisión que intentó desmenuzar el contrato y analizar los reclamos cruzados, ya que, a su vez, el concesionario interpuso millonarios reclamos en contra del Estado por diversos conceptos.