Osvaldo Riopedre, director ejecutivo de Adecua y mano derecha de Sandra González, presidenta de la entidad, cobró cinco millones de pesos de honorarios por los acuerdos que esa asociación de consumidores firmó con seis bancos y financieras entre 2010 y 2012. Así surge de la investigación oficial que reveló Página/12 a principios de esta semana. Otra derivación de los hechos fue que un alto funcionario de Aerolíneas Argentinas, otro de la Secretaría de Ambiente y un asesor de la senadora Nancy Parrilli presentaron ayer sus renuncias a los cargos por su participación, directa o indirecta, en la resolución de los convenios sospechados. Se trata de Juan de Dios Cincunegui, Luis Romiti y Eduardo Baeza, respectivamente. Hasta anoche no había confirmación sobre si las dimisiones habían sido aceptadas, pero en despachos del Gobierno lo daban por hecho.

Baeza y Romiti fueron parte del equipo de abogados que representó a Adecua en los seis juicios contra las entidades financieras que luego se cerraron con los acuerdos. Cincunegui, interventor de Intercargo desde noviembre de 2012, fue integrante de Cruzada Cívica, otra asociación de consumidores que llegó a un arreglo con uno de aquellos actores, la financiera Gmac. Este último convenio tiene algunas características distintas a los restantes de Adecua: por lo pronto, Cruzada Cívica encabezó la negociación con la empresa y fijó algunos pagos automáticos a los consumidores –aquellos que aún tienen créditos por cancelar–, mientras que la entidad que lideran González y Riopedre se sumó a esa resolución.

Cincunegui hizo saber ayer entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo que no participó en la definición del acuerdo, intentó remarcar las diferencias con el accionar de Adecua en los otros juicios y defendió lo actuado por Cruzada Cívica, asociación que lo tuvo como uno de sus fundadores en 1993. Pero sus gestiones no alcanzaron y debió presentar la renuncia.

Los seis juicios que promovió Adecua contra los bancos Santander Río, Galicia, Privado de Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella, la Tarjeta Naranja y Gmac –esta última querella quedó añadida a la que había iniciado antes Cruzada Cívica– fueron para reclamar por cargos y seguros mal cobrados en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjetas de crédito. Riopedre, director ejecutivo y apoderado de Adecua, intervino en todos los casos. Fue quien ideó las estrategias judiciales y uno de los responsables de la decisión de terminar esas demandas con los cuestionados convenios. El reproche que hace la Subsecretaría de Defensa del Consumidor es que los acuerdos –legales, homologados por jueces y fiscales– resultaron una vía de escape para las empresas para evadir el pago de indemnizaciones millonarias, que en conjunto sumaron alrededor de 367 millones de pesos.

La información oficial que ayer salió a la luz fue que Riopedre cobró el 33 por ciento de los 15,6 millones de pesos que los bancos y financieras pagaron a los abogados de Adecua. Es decir, 5,2 millones de pesos. Uno de los argumentos que utilizan en esa asociación para defender su conducta es que no había garantías de que los juicios pudieran ganarse, que los bancos podían alegar con cierta razón que estaban amparados por una normativa demasiado laxa de la Superintendencia de Seguros de la Nación y que era mejor garantizar que las entidades financieras dejaran de cobrar esos sobrecargos antes que pelear por las indemnizaciones por el pasado.

Desde el Gobierno responden que Adecua lo que implementó fue un modus operandi que resultó funcional a los bancos y financieras para escapar del pago de reparaciones y para la asociación para recaudar montos muy altos en concepto de honorarios. De lo contrario, aseguran, no podría haber aceptado nunca que 1,7 millón de personas se quedara sin recibir nada por los cargos y seguros indebidos que las empresas aplicaron durante años. En todo caso, sostienen fuentes del Ejecutivo, tendrían que haber seguido con los juicios. “Pero si los perdían, los abogados no cobraban nada. Acá se aseguraron que los abogados se llevaran una buena suma, a costa del derecho de los clientes a recibir una indemnización”, acusan. “La clave del asunto –insisten– está en que Adecua repitió la misma estrategia de avanzar primero con juicios monumentales y, en determinado momento, ofrecer un arreglo a los bancos con características muy cuestionables.”

Esas características van en contra de lo que marca la Ley de Defensa del Consumidor, que establece taxativamente que frente a un cobro mal hecho por parte de una empresa, la devolución del dinero a los clientes debe concretarse por la misma vía. Es decir, si el cobro se hizo mediante un débito en caja de ahorro, la reparación debió haber sido con un crédito automático en la misma cuenta. En lugar de ello, los acuerdos forzaron a los clientes a ir a reclamar las indemnizaciones a los bancos, para lo cual se les dio un plazo de 60 días, y la difusión de los convenios fue sólo con dos pequeños edictos en los diarios La Nación y Ambito Financiero. La conclusión fue que de 1,7 millón de usuarios afectados sólo consiguieron cobrar lo que les correspondía 15.672 personas, el 0,9 por ciento.

El abogado Eduardo Baeza es titular del estudio jurídico que lleva su nombre y hasta ayer funcionario del Senado de la Nación, adonde se desempeñaba como asesor de la legisladora oficialista Nancy Parrilli. La senadora le exigió la renuncia al puesto y éste también presentó la suya al cargo que tenía en el Senado como miembro de la planta permanente. Su colega Luis Romiti trabajaba con él en el estudio y además era director nacional de Control Ambiental dentro de la Secretaría de Ambiente, un alto cargo en la dependencia que comanda Juan José Mussi. Ayer también presentó su renuncia. Ambos fueron contratados por Adecua para llevar adelante los seis juicios. También trabajaron otros 24 abogados de aquel y otros estudios jurídicos.

Cincunegui, por su parte, llegó a la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas hace cuatro años, de la mano de Julio De Vido, y en noviembre pasó a Intercargo por resolución de Axel Kicillof. Si bien su participación en los hechos es menos directa, también presentó la renuncia.

Por otra parte, en los juicios conciliados entre Adecua y los bancos actuaron los jueces del fuero comercial Alberto Alemán, Jorge Scioli, Fernando D’Allesandro, Margarita Braga, Federico Guerri, Sebastián Sánchez Canavó y Héctor Chommer, y los fiscales Raquel Mercante, María del Carmen Micames y Daniel Constante Moneda.