Un fondo de pensión estadounidense presentó una demanda en la Corte de Nueva York contra Repsol e YPF por “omitir y falsear” información significativa en la oferta pública de acciones que realizó la compañía en Wall Street en marzo de 2011. La denuncia de Monroe County Employer Retirement System, del estado de Michigan, reclama que, al momento de emitir los American Depositary Shares, la petrolera bajo control de Repsol no informó los “evidentes” riesgos de nacionalización. La cotización de esas acciones registró una fuerte caída durante el proceso de expropiación. Entre los demandados también figuran directivos de la empresa española como Antonio Brufau así como a los propietarios del Grupo Petersen, Enrique y Sebastián Eskenazi, asesores de la petrolera ibérica como Mario Blejer y los bancos de inversión Goldman Sachs, Morgan Stanley y Crédit Suisse que formaron parte de la operación financiera. Desde YPF afirmaron que “la compañía todavía no fue notificada de ninguna demanda”. El 26 de marzo de 2011, Repsol vendió 26,2 millones de acciones de YPF a 41 dólares cada ADS, una operación por más de mil millones de dólares. La presentación judicial sostiene que el prospecto, los detalles técnicos, de la oferta de ADS realizada dos años atrás en Wall Street contiene “declaraciones falsas” y “omite hechos relevantes”, que estaban obligados a dar a conocer la empresa, sus directivos, asesores y bancos involucrados en los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (el organismo de control del mercado bursátil norteamericano).

El argumento central de la demanda de 19 páginas sostiene que Repsol y sus directivos omitieron informar “el riesgo de nacionalización por parte del gobierno argentino, que se había acrecentado debido al fracaso de la compañía en aumentar adecuadamente la producción de petróleo y gas en la Argentina y de reinvertir una porción sustancial de las elevadas ganancias en las operaciones”.

La demanda, realizada ante el mismo juzgado donde se desempeña el juez Thomas Griesa, fue presentada por el fondo de pensión, pero es una “acción de clase” que deja abierta la puerta para que se sumen otros “damnificados” por la falta de información. La denuncia tiene como protagonistas a los directivos de la gestión bajo el control de Repsol, pero también afecta a YPF.