Las disputas entre el gobierno nacional y el de la provincia de Córdoba sumaron ayer un nuevo capítulo. La Anses hizo su primera presentación ante la Corte Suprema de Justicia en respuesta a la demanda que le entabló la administración de José Manuel de la Sota por una supuesta deuda de 1040 millones de pesos. El reclamo es por la suspensión de los envíos de fondos a ese distrito comprometidos en un acuerdo de Armonización Previsional. El gobernador afirma que la Nación lo discrimina y exige ante el máximo tribunal que le reintegren el dinero. La Anses respondió que la razón por la cual dejó de girar los fondos es que la provincia incumple los compromisos asumidos en el convenio, que la obligaban a adecuar su sistema jubilatorio al del gobierno federal y reducir su creciente déficit presupuestario. La Anses, además, advirtió que le iniciará a Córdoba una contrademanda por esos incumplimientos y recusó a uno de los ministros de la Corte, Juan Carlos Maqueda, por ser ex ministro de De la Sota y haber intervenido en el tema cuando ejercía esa función.

El conflicto previsional arrancó en agosto del año pasado, con un cruce de acusaciones públicas entre De la Sota y el jefe de la Anses, Diego Bossio. Y siguió con la presentación de la querella por parte del gobierno cordobés ante la Corte Suprema. A mediados de septiembre hubo una audiencia de conciliación de la que participaron el gobernador y el titular del organismo previsional, con la presencia de todos los ministros del máximo tribunal. Como era previsible, no llegaron a ningún entendimiento y la causa empezó a hacer su recorrido. En ese marco, la Anses hizo ayer su primer descargo en el expediente.

Como se indicó al comienzo, el organismo rechazó los términos de la demanda por considerar que el gobierno cordobés no cumplió con los compromisos pactados. “Este incumplimiento generó un fuerte desfinanciamiento de la Caja de Previsión provincial, exponiendo a sus jubilados a no poder cobrar sus haberes en el mediano plazo”, alertó la Anses en un comunicado. Pero el ente previsional no se limitó a la defensa, sino que pasó al ataque. En el mismo escrito, planteó una contrademanda a la provincia. Le pidió a la Corte Suprema que fije un plazo razonable para que cumpla con los compromisos asumidos en el acuerdo y advirtió que si el gobierno cordobés continúa en rebeldía, pedirá que el tribunal ordene “la restitución de todas las sumas ya pagadas por el Estado nacional para financiar su déficit previsional, más los intereses”.

“De la Sota no ha explicado que en su demanda habla de sólo tres de cada veinte jubilados que viven en Córdoba, y que además son jubilados estatales. Está en todo su derecho a hacerlo, pero es importante entender que 17 jubilaciones de cada 20 en Córdoba las paga la Nación”, señaló Bossio. Del universo de jubilados cordobeses, 486 cobran directamente de la Anses, mientras que 92 mil son los que dependen de la caja provincial. De estos últimos, 16.525 jubilados provienen de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo de la provincia y cobran más de 15 mil pesos en promedio por mes. Ese grupo explica el 75 por ciento del déficit de la caja provincial. Bossio insistió en que Córdoba puede pagar el 82 por ciento móvil y el monto de las jubilaciones que quiera, pero no a costa de que se lo financie el gobierno nacional.

El acuerdo de Armonización Previsional fijaba una serie de cambios que debía implementar la provincia para reducir su déficit y adaptar su sistema de jubilaciones al nacional. Una de las críticas que le hace la Anses a De la Sota es que autorizó jubilaciones masivas de empleados públicos a los 55 años, lo cual desfinanció el sistema, que hoy presenta un fuerte déficit. En esa línea, la Anses recusó al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien se desempeñó como ministro de Gobierno de De la Sota en el pasado, y entonces su imparcialidad fue puesta en duda.