El Gobierno se juega hoy su principal carta en el litigio que enfrenta el país con los fondos buitre por el reconocimiento de sus tenencias en títulos defaulteados. Por pedido de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el Ministerio de Economía presentará una propuesta detallada del nuevo canje que ofrece a estos fondos especulativos. Las condiciones de la operación propuesta deberán ser iguales o menos favorables que las que consiguió el 93 por ciento de los bonistas que ingresó entre las reestructuraciones de 2005 y 2010, para evitar que estos últimos reclamen la diferencia. Si bien el litigio es por 1330 millones de dólares, el mismo sienta un fuerte precedente para toda la deuda en default, que suma 11.180 millones de dólares. Según confirmaron desde Economía, para la presentación no viajará ningún funcionario y el escrito se enviará por vía electrónica.

Este tribunal que ahora hace el pedido de detalle del canje convalidó el 26 de octubre último un fallo del juez del distrito de Manhattan, Thomas Griesa, sobre supuesta discriminación de la Argentina hacia los fondos buitre. Ese fallo se fundamentaba en una reinterpretación de los fondos NML Capital y Aurelius sobre la cláusula de pari passu –que indica igualdad en el tratamiento entre acreedores– para denunciar que la Argentina paga regularmente los compromisos de su deuda reestructurada (performing), pero no los de los títulos defaulteados. La Cámara sentenció que el país reconozca esta deuda y solicitó un cálculo de prorrata para su pago. Los demandantes exigen el ciento por ciento en efectivo, tal como lo concedió Griesa. La apelación de la Argentina, para no pagar la totalidad y en efectivo, se basó en el principio de equidad, en referencia a los bonistas que ingresaron en el canje.

El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa en este caso a la Argentina, hizo un pedido de revisión del fallo por el pleno de la Cámara –que se denomina “en banc”–. Reclamó que ese tribunal ampliado decida si corresponde reconocer la deuda a estos fondos especulativos que sistemáticamente rechazaron las propuestas de reestructuración. El tribunal está compuesto por trece miembros, mientras que sólo tres firmaron el fallo del 26 de octubre. Sin embargo, el martes pasado, con 72 horas de anterioridad al último paso argentino en el litigio en esta instancia, denegó el pedido. “La apelante República de Argentina presentó un pedido para una revisión por el Tribunal en pleno. Los miembros activos del Tribunal han considerado el pedido de revisión. Se ordena que la petición sea rechazada”, señala el documento de la Justicia federal estadounidense.

Las opciones se reducen entonces a convencer a la Cámara de que un nuevo canje es la mejor opción para evitar una ola de juicios patrocinada por bonistas que ingresaron en el canje, lo que elevaría el monto reclamado hasta los 43.000 millones de dólares, según cálculos oficiales. Esta alternativa cuenta con el apoyo de terceros involucrados, a los que el Tribunal compuesto por tres magistrados escuchó atentamente y le dedicó un plazo mayor al estimado para la exposición en última audiencia, del 27 de febrero pasado. Presentaron su posición el Bank of New York y el Grupo de Tenedores de Bonos (EBG, por sus siglas en inglés), que representa al 93 por ciento de la deuda en default de 2001, que se reestructuró durante las operaciones de 2005 y de 2010.

La propuesta que presentará hoy el bufete de abogados, elaborada por los técnicos de Economía, mantiene condiciones similares al último canje. “El Gobierno tiene restricciones legales para mejorar los términos de la oferta de 2010, derivadas de las cláusulas que establecen que cualquier mejora debe extenderse a los que ingresaron en los canjes anteriores. Desde lo político, además, reconocer un mayor valor implicaría aceptar una supuesta derrota judicial cuando todavía no hay una sentencia definitiva y firme y quedan instancias de apelaciones”, señaló a este diario el abogado Eugenio Bruno, del estudio Garrido.

Si bien se mantiene un estratégico hermetismo sobre la letra chica de la oferta, los trascendidos indican que el prospecto podría incluir una emisión de bonos Par, sin quita nominal de capital y con vencimiento en 2038, para la deuda original al momento de la cesación de pagos, estimada en 450 millones de dólares. Para los casi mil millones que reclaman los fondos buitre en concepto de intereses, se entregarían bonos Discount –con descuento–. Esta opción de bono Par permite al Estado argentino que se cumpla con el pedido de reconocer la totalidad del valor nominal de la demanda, pero también implica extender los plazos de pago y no ofrecer los bonos Global 2017 (cortos) ni los cupones de PIB, que se convirtieron en un excelente negocio para aquellos bonistas que aceptaron la invitación de canjear sus bonos defaulteados.