El tribunal del Ciadi que deberá resolver la demanda de Repsol contra la Argentina por la expropiación de YPF ya cuenta con los dos árbitros y se especula con un posible juez. Eso definiría una terna que luce, para los especialistas, permeable a las demandas de las empresas multinacionales. Argentina habría propuesto como árbitro a la francesa Brigitte Stern, la opción favorita por parte de los Estados en el tribunal que depende del Banco Mundial. En tanto, Repsol hizo lo propio semanas atrás con el chileno Francisco Orrego Vicuña, quien presidió el tribunal en un caso que perdió Argentina y ha participado en una gran cantidad de demandas. Esos dos abogados trabajaron en muchos casos con el canadiense Marc Lalonde, de buen vínculo con grandes corporaciones y posible juez del caso Repsol.

Argentina enfrentará próximamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, una demanda por 10.500 millones de dólares impulsada por Repsol luego de la expropiación que se instrumentó en abril de 2012 y que afectó a la mayor parte del paquete accionario que la petrolera española mantenía en YPF. Es la demanda más importante que recibió Argentina en ese organismo, donde radican varios juicios contra el país amparados en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en la década del ’90.

El Ciadi aceptó la demanda de Repsol en diciembre del año pasado, transcurridos seis meses desde la expropiación. A partir de allí, cada parte designa un árbitro para conformar el tribunal que decidirá sobre la cuestión. Los dos árbitros, a su vez, eligen a un tercero para que actúe como presidente del tribunal. Los árbitros no representan a las partes, sino que son jueces, aunque buena parte de la estrategia en este tipo de litigios tiene que ver con la elección de árbitros con antecedentes que permitan especular con un laudo favorable.

El árbitro elegido por Repsol, a comienzos de febrero, fue el chileno Francisco Orrego Vicuña, quien participó en treinta casos en esa función. Un reciente informe del Corporate Europe Observatory (CEO) lo califica como un “árbitro prolífico”, que generalmente actúa como presidente del panel. Así lo hizo en el 57 por ciento de los casos en los que participó, mientras que en el 33 por ciento representó al sector privado. El CEO indica que Orrego Vicuña ocupó varios cargos en la dictadura de Pinochet. En particular, fue embajador de Chile en el Reino Unido entre 1983 y 1985. Es un defensor del esquema de arbitraje internacional para decidir controversias en las inversiones.

El árbitro elegido por la Argentina, según fuentes que siguen el caso, sería la francesa Brigitte Stern, quien participó en 39 casos como árbitro. Es la opción favorita de los Estados, que la eligieron el 79 por ciento de sus intervenciones en el tribunal. Es catedrática en la Universidad de París I y no pertenece a ninguna firma de abogados. No critica, sin embargo, el sistema de arbitraje, e indica que el desafío es “garantizar que todas las partes interesadas consideren que el sistema es digno de confianza”. Ha manifestado también que “los árbitros deben tomar decisiones para resolver las controversias, que por supuesto se basan en su punto de vista político”.

“En este contexto, es muy probable que el presidente del tribunal termine siendo el canadiense Marc Lalonde, quien junto a Stern y Orrego Vicuña forma un trío que ya ha resuelto muchos casos en el Ciadi. Lalonde ha sido nombrado árbitro numerosas veces por parte de las empresas. Una de ellas fue en el caso de CMS, que Argentina perdió. Si se confirma esa terna, las perspectivas no son favorables”, explicó a este diario Javier Echaide, investigador de la UBA. Lalonde, según la CEO, ocupó varios cargos de alto nivel en el gobierno de Canadá y participó de las juntas directivas de Citibank Canadá y de Air France en los ’90. Desde 1998 ha desempeñado funciones en la compañía minera y energética Sherritt International. Los inversores designaron a Lalonde 17 veces, mientras los Estados sólo en tres ocasiones.

Repsol sustenta su demanda contra la Argentina en que la expropiación de YPF violó el Tratado Bilateral de Inversión firmado con España en 1992, que forma parte de un legado del neoliberalismo que se mantiene con total vigencia en la legislación nacional.