El Senado aprobó el proyecto de ley que busca la exteriorización de capitales y la creación de tres instrumentos financieros que servirán para canalizar los recursos blanqueados al mercado inmobiliario y el sector energético. El Frente para la Victoria, junto a los senadores de Nuevo Encuentro, los correntinos de Alianza Frente de Todos y el Movimiento Popular Neuquino, consiguió 39 votos positivos, contra 28 votos de la oposición (PJ disidente, la UCR, FAP, Coalición Cívica, entre otros). Esta diferencia a favor del FpV es la que viene sosteniéndose en las últimas votaciones relevantes. Entre los cinco senadores ausentes estuvieron Carlos Menem y Carlos Verna. Reutemann, que iba a hacer uso de la palabra, se arrepintió a último momento y sólo insertó su discurso.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde será analizado la semana próxima. Durante el debate parlamentario, el oficialismo incluyó una modificación al artículo que prohíbe el acceso a los beneficios de esta ley a aquellas personas procesadas o imputadas en causas penales o por lavado de dinero. La prohibición será extensiva para los cónyuges y familiares de los imputados o procesados hasta el segundo grado de consanguinidad. Durante la apertura del debate, el senador Aníbal Fernández les recordó a los radicales el blanqueo realizado en 1986 por Raúl Alfonsín, justificado por la UCR en aquel momento pero denostado en el actual debate parlamentario (ver aparte).

“(Federico) Sturzenegger pide un 40 por ciento de devaluación, pero creemos que es preferible cuidar las divisas generando proyectos alternativos. Quienes exterioricen capitales tendrán que hacer una transferencia bancaria, con CUIT, y deberán estar inscriptos ante la AFIP. No podrán exteriorizar aquellos acusados de lavado, terrorismo, trata de personas, los imputados de evasión, los funcionarios, los quebrados. Y el plazo fue establecido en tres meses desde que se reglamente la ley”, explicó Fernández al inicio del debate.

El primer contrapunto no tardó en llegar. La ex ministra de Economía del cobismo Laura Montero (UCR) salió al cruce de Fernández. “Juntamos a todos los economistas del país, todos coincidieron en cuáles eran las herramientas básicas para solucionar los actuales problemas, pero el equipo económico se empecina en no verlas”, manifestó la senadora. La legisladora estaba hablando de los economistas que invitó a participar del plenario de las comisiones que tuvieron bajo análisis el proyecto en cuestión. Entre los 18 invitados estuvieron Sturzenegger, Guillermo Nielsen, Lucas Llach y Alberto Abad. En realidad no fueron todos los economistas del país como sostuvo Montero, sino algunos de los exponentes que hoy reclaman una devaluación abrupta, con ajuste fiscal.

Según el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se crearán tres instrumentos financieros. Uno de ellos es el Certificado de Depósito para el Sector Inmobiliario (Cedin), que podrá utilizarse para cualquier operación inmobiliaria o en el sector de la construcción. Las otras dos herramientas –el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico y el Pagaré de Ahorro– permitirán canalizar los recursos exteriorizados en inversiones de infraestructura y energía.

Quienes accedan a los beneficios de la ley no estarán obligados a declarar el origen de sus recursos, aunque sí deberán inscribirse ante la AFIP y al año siguiente deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes a su actividad económica. El artículo 9 del proyecto sostiene que “los sujetos que sean comprendidos por esta norma quedan liberados de toda acción civil comercial y penal tributaria, administrativa, penal cambiaria”.

“La política de pesificación se cae con estos patacones en dólares. Esta es una incoherencia del Gobierno”, lanzó la puntana Liliana Negre de Alonso (PJ disidente). Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del oficialismo, no se la dejó pasar y reclamó una interrupción: “No es ninguna incoherencia. La verdad es que hubo una caída del mercado inmobiliario. Los Cedin no son un papel trucho generado por las provincias. El Gobierno está intentando, con un instrumento que es respaldado por el Banco Central, reactivar un sector de la economía”, sostuvo. La puntana insistió con las mismas apreciaciones formuladas durante el debate en comisión: “Esto es inmoral desde el punto de vista fiscal y abre el camino a la narcoeconomía”.

Según la Unidad de Información Financiera (UIF), como resultado del blanqueo realizado en 2009 hubo 631 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales 21 no tenían comprobación y 52 fueron con denuncias formales. Fernández brindó esta información al inicio de su exposición. Morales rechazó los datos por considerar que las operaciones denunciadas habían sido mucho menos, aunque también reconoció que su información se basaba en un informe de la UIF de 2010. En 2009 adhirieron al blanqueo 32.000 personas físicas y 3800 personas jurídicas por 4000 millones de dólares. Otros países también adoptaron medidas similares, por ejemplo Inglaterra, Italia, Portugal, México, España y Suiza.

“Esta ley tiene sinónimo de lavado. ¿Cuáles son los límites éticos de la política de este gobierno?”, se preguntó el radical José Cano, quien agregó: “Este blanqueo no llegará a los 200 millones de dólares”.

En el cierre del debate, Pichetto sostuvo que los blanqueos “no son patrimonio de la Argentina ni de países de América latina, sino que Estados Unidos viene realizando blanqueos cada dos años”. “La verdad es que no encuentro diferencias con otros blanqueos. Con este instrumento se trata de crear un instituto para reactivar un sector de la economía. Quiero desmitificar que esto sea el ingreso a una narcodemocracia, como se dijo. Nada de eso se ajusta a la realidad, tal cual lo demuestra la experiencia de 2009”, concluyó el titular del bloque del FpV.