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El bloque de diputados del ARI evalúa el pedido de juicio político al juez federal Jorge Ballesteros por mal desempeño y prevaricato en la causa iniciada por el Megacanje. Esta posibilidad sucede a las apelaciones presentadas por la querella y por la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 6 a raíz del reciente fallo que dictó la “falta de mérito” por el delito de “fraude contra la administración pública” para Domingo Cavallo y Daniel Marx, entre otros.
El ARI consideró además que el fallo de primera instancia que favoreció a los principales responsables del Megacanje, como fue conocida la onerosa operación de canje de deuda de julio de 2001, sienta un peligroso precedente de impunidad para los funcionarios que, en adelante, tengan a su cargo la renegociación de los pasivos públicos.
Los peritajes que obran en la propia causa coincidieron en que el proceso de canje aumentó el endeudamiento público en un volumen sin precedentes para una sola operación. Distintos trabajos de la Auditoría General de la Nación mostraron también que, a pesar de su costo sideral, la maniobra no consiguió el resultado que decía perseguir, esto es, reducir el peligro de la cesación de pagos. Antes bien, lo sucedido en los seis meses posteriores parece haber demostrado todo lo contrario: que “los mercados” percibieron el agravamiento de la situación de deuda acelerando la corrida financiera que finalmente terminó en el corralito, la devaluación y el default.
El reciente fallo del Poder Judicial –al que eufemísticamente se suele asociar con el valor que debe defender; “la justicia”– parece haber desdeñado los abundantes testimonios de funcionarios y empleados de la Oficina Nacional de Crédito Público, a los que accedió Página/12, que evidenciarían la existencia de irregularidades en el procesamiento de las ofertas de precios y que permitirían sospechar la existencia de un probable simulacro de licitación, con el consecuente acuerdo en el precio de los papeles canjeados.
De acuerdo con un peritaje solicitado en la causa que lleva la firma del experto en ingeniería financiera Moisés Resnick Brenner, peritaje que fuera solicitado por la fiscalía para “obtener un punto de vista objetivo”, existen numerosos aspectos que no habrían sido considerados por el juez Ballesteros. Entre ellos, que la operación provocó “un perjuicio al país de 55.591 millones de dólares”. El canje de 46 títulos por la emisión de 5 nuevos, alteró profundamente los flujos de fondos que debería pagar el Estado argentino. Los 46 papeles que generaban obligaciones hasta el año 2031 por 115.348 millones (intereses incluidos) fueron reemplazados por 5 bonos que significaban pagos, hasta esa misma fecha, por 170.939 millones. El exhaustivo análisis de Resnick Brenner mostró también que los intereses ahorrados hasta el año 2007 eran 12 veces inferiores a los que se generaban a partir de ese año. En otras palabras, “para lograr un reducido alivio financiero en los primeros 6 años en los que se obtenían menores desembolsos, se agudizaba el problema en los 24 años siguientes en forma notable a un costo del 17,481 por ciento”. Número coincidente con los datos suministrados a la causa por la Oficina Nacional de Crédito Público y que, según explica Brenner, representa “la tasa interna de retorno, TIR, de la diferencia de flujos pre y poscanje, que permite que el Valor Presente Neto de la deuda sea igual en ambos casos”. En concreto, lo que hizo fue cristalizar a 30 años una tasa de interés de default absolutamente incompatible con los niveles de crecimiento de la Economía. Esta realidad fue rápidamente percibida por los analistas del “mercado” y aceleró una inevitable cesación de pagos.
Lo llamativo de la causa fue que la pericia pedida por la fiscalía arrojó un perjuicio para el Estado similar a la de la querella, que la consideró de 55.590 millones, pero también de las defensas, que reconocieron que el aumento de la deuda había sido de 55.401 millones,siempre de dólares. De estos totales, y redondeando, 17.600 millones correspondieron a un aumento de capital y cerca de 37.900 millones a intereses.
El default, así como los canjes que posteriormente se realizaron de los nuevos bonos por préstamos garantizados (canje que no fue aceptado por todos los tenedores), abolieron parcialmente estos resultados. Sin embargo, este hecho no diluye la responsabilidad de los funcionarios que participaron de la negociación. Una responsabilidad que no resultaría sólo de haber afinado mal el lápiz, sino de las irregularidades del proceso. Las pericias incluidas en la causa mostraron también que el canje no fue una operación “de mercado” debido a la fuerte influencia que los acreedores ejercieron sobre los representantes del deudor y a la enorme pasividad o la “predisposición benevolente de estos hacia aquellos”.