El juez Norberto Oyarbide allanó ayer las sedes de los clubes San Lorenzo, Racing (Villa del Parque) e Independiente. También se realizó un procedimiento en la sede de la AFA. Todo surge de una causa iniciada por la AFIP donde se investiga la supuesta triangulación en los pases de jugadores profesionales. El año pasado, el organismo fiscalizador inició una investigación para determinar la posible evasión tributaria en la transferencia de jugadores de River y Boca. En un escrito ante el juez Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, el organismo público había dejado constancia de que los pases de Bottinelli, Diego Buonanotte, Pablo Ledesma y Facundo Roncaglia se habían realizado a través de “paraísos fiscales deportivos”. Muchos de estos paraísos deportivos están ubicados en Uruguay y Chile.

“La referida triangulación ocultaría los verdaderos valores de transacción, así como también los efectivos beneficios de las ganancias económicas. En definitiva, la operatoria de triangulación descripta permitiría ocultar posibles pagos de comisiones a sujetos intervinientes, así como también el verdadero quantum de la misma en su conjunto”, puede leerse en uno de los escritos presentados por la AFIP.

Anteayer, el jugador de River Jonathan Bottinelli quedó procesado, en una causa paralela a la que investiga Oyarbide, como “autor penalmente responsable según el artículo 1 de la Ley penal tributaria por tentativa de evasión”. Esta causa está en el juzgado de Javier López Biscayart.

Según la investigación, Botinelli, ex jugador de San Lorenzo, para concretar su llegada a River sostuvo haber pasado en una primera instancia por Unión San Felipe (Chile). “Jamas incumplí con la obligación del pago tributario”, manifestó el jugador. Sin embargo, quedó procesado y con un embargo de bienes por 200.000 pesos.

Los allanamientos realizados por Oyarbide surgieron a raíz de las presentaciones efectuadas por la AFIP, en su rol de querellante, durante octubre del año pasado, en las cuales el organismo solicitó el libramiento de órdenes de allanamiento contra los clubes y los domicilios de los representantes y jugadores involucrados en las distintas maniobras de triangulación con paraísos fiscales deportivos.

Según la AFIP, en las operaciones de triangulación intervienen de manera sistemática clubes del extranjero, en los cuales los futbolistas no han desarrollado tarea deportiva alguna. “La mecánica utilizada en los pases busca ocultar la realidad económica de la operación mediante la utilización de instituciones de otros países”, aseguró el ente fiscalizador. En total, la AFIP está investigando 35 transferencias con una evasión posible de 60 millones de pesos.

El grupo de “paraísos fiscales deportivos” está compuesto por siete equipos uruguayos –Sud América, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Rampla Juniors y Boston River–, dos chilenos –Unión San Felipe y Rangers– y el suizo Locarno. A partir de las investigaciones realizadas, pudo determinarse que las transacciones de Bottinelli (River) y Pablo Ledesma (Boca) fueron realizadas a través de Unión San Felipe de Chile.

Los jugadores Daniel Stracqualursi (San Lorenzo), Emanuel Gigliotti (Colón), Oscar Ustari (Boca) y Santiago Vergini (Newell’s) llegaron a sus clubes desde el Fénix uruguayo y el mediocampista Román Martínez (Estudiantes) pasó por el club Progreso, también de Uruguay. Por su parte, Víctor Zapata (Independiente), Jonathan Santana (Independiente) y Fernando Ortiz (Racing) llegaron a través del Sud América de Uruguay.

Sobre un total de 217 representantes habilitados por la FIFA, sólo el 71 por ciento estaba inscripto, con CUIT, en las bases de la AFIP. De ese grupo, el organismo bloqueó las operaciones de 146. Entre ellos figuran Juan Marco Franchi, ex manager de Diego Maradona y Román Riquelme; Gustavo Mascardi, ex gerenciador de Ferro, y Nazareno Marcolles, representante de Piatti y Ortiz.

Como medida precautoria, la AFIP dictó la Resolución General 3432 para regular las actividades de los hombres de negocios del fútbol. De esta manera, el organismo comenzó a exigir el registro de los contratos para verificar de manera “online” la transferencia de fondos y, sobre todo, bloquear el pago al exterior si la operatoria no es transparente.