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Producción: Tomás Lukin

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Más control de precios

Por Nicolás Bertholet *

El inédito proceso de alto crecimiento de la última década fue acompañado de una inflación moderada. Esa dinámica de precios se convirtió para muchos analistas económicos en un síntoma evidente de las anomalías originadas por una mala praxis de política económica e incluso desde sectores afines al Gobierno ha sido visualizado como el “talón de Aquiles”, o la deuda pendiente del modelo. El origen del proceso inflacionario es todavía causa de debate entre los economistas, perfilándose a grandes rasgos dos interpretaciones alternativas con implicaciones políticas de largo alcance.

Los economistas de visión neoclásica, que abundan en los ámbitos académicos y calan fondo en el sentido común, sostienen que la inflación es producto de políticas “populistas” de incremento desmedido del gasto público y de la emisión monetaria excesiva que la acompañaría. La causa principal de la inflación residiría en un supuesto exceso de demanda y la variación de precios sería resultado de una economía recalentada y un crecimiento del producto insostenible a largo plazo, por encima de su “potencial”. Las políticas de impulso a la demanda aplicada en estos años sólo tendrían efectos de corto plazo en el producto y finalmente llevarían de forma inexorable a aumentos de precios. Las políticas fiscales y monetarias expansivas serían por lo tanto la razón última del aumento de precios por lo que se propone insistentemente desde esta corriente volver a equilibrar las finanzas públicas y una limitación mas estricta en el financiamiento del Banco Central al Tesoro. De esta manera, el país recuperaría los equilibrios económicos que serían condición necesaria aunque no suficiente para cualquier programa de metas de inflación como los implementados en Brasil y Chile, que serían el objetivo último a lograr. Crecer poco, entienden estos economistas, no es un problema ni una falla de la economía a tener en cuenta, sino por el contrario es la consecuencia lógica de enderezar el rumbo de la economía por su senda natural.

A diferencia de este enfoque, si nos situamos desde una perspectiva heterodoxa de inflación de costos y puja distributiva, podemos observar que no fueron los factores señalados por la ortodoxia los que servirían para comprender el fenómeno. Por el contrario, este tiene como elementos explicativos fundamentales el incremento de los precios internacionales de los alimentos amplificado en su impacto en los precios por una continua depreciación nominal de la moneda nacional y el conflicto distributivo por el excedente económico que tomó mayor impulso en el último lustro. Dada la imposibilidad política, desde el revés sufrido en el 2008, de implementar retenciones móviles en el agro para morigerar los efectos de la suba de precios de alimentos en los precios domésticos y la centralidad que asumió la puja distributiva en estos años, es necesario encauzar la misma desde un Estado que intervenga decididamente a favor de los intereses de los trabajadores, en la búsqueda de mejorar los salarios reales.

La solución al alza de los precios, que pareciera un problema difícil de abordar, no es “enfriar” la economía, reduciendo el gasto publico o estabilizando el ritmo de creación del dinero como plantea insistentemente la ortodoxia, sino apostar a una política de ingresos con un Estado ocupando un rol central en la moderación y encauzamiento de la puja distributiva, actuando como mediador de los diferentes intereses sociales, pero adoptando una posición de no neutralidad, inclinando la balanza a favor de los sectores trabajadores.

La política de ingresos como política de Estado consiste en un mecanismo de negociación político-social y económica liderado por el Estado y la construcción de una institucionalidad con reglas formales e informales que escapa del ámbito puramente económico y plantea una solución política, con un Estado haciéndose cargo de encauzar el conflicto distributivo, moderando la “nominalidad” y actuando simultáneamente sobre las variables fundamentales que inciden en la formación de precios: salarios y ganancias.

Para que este tipo de políticas tenga éxito y evitar efectos redistributivos regresivos es necesario actuar no sólo sobre la tasa de crecimiento de los salarios nominales, sino también y fundamentalmente, llevarse adelante con decisión política y capacidad técnica y de forma enérgica, un control de precios que permita sostener un aumento paulatino del salario real y reducir al mismo tiempo la tasa de inflación de la economía, sin afectar al crecimiento.

* Economista –Universidad Nacional de Moreno–. La graN maKro.

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Menos déficit fiscal

Por Ramiro Castiñeira *

Los factores que explican la inflación en la Argentina fueron cambiando con el paso de los años. En la época de oro del modelo, cuando los superávit gemelos generaban un fuerte crecimiento y una importante acumulación de reservas, la inflación respondía a un mix entre la emisión que conllevaba mantener un tipo de cambio competitivo (el BCRA compraba 10 mil millones de dólares anuales), sumada a una presión de demanda en un contexto de fuerte crecimiento al 7 por ciento promedio. La inflación evaporó el tipo de cambio competitivo y el BCRA dejó de emitir para sostenerlo. Este año como mucho comprará dos mil millones de dólares. El crecimiento a tasas chinas también es cosa del pasado, por lo que no es la misma presión de demanda. No obstante, la economía tiene la misma tasa de inflación que antes, pero ahora su nuevo driver es el déficit fiscal. Simple, antes se emitía para sostener al dólar, ahora se emite para sostener al Tesoro. Números concretos, el año pasado se emitieron 50 mil millones de pesos para financiar al Tesoro, magnitud equivalente a comprar 10 mil millones de dólares en el mercado de cambios.

Cuando el Gobierno disponía de un robusto superávit fiscal, no sólo era independiente de los mercados financieros, sino también del BCRA. Pagaba sus gastos con la recaudación tributaria, sin pedirle nada a nadie. Desde 2008 a la actualidad, el superávit fiscal primario de 3 por ciento del PIB, se transformó en un déficit de 2 por ciento de PIB. El retorno del déficit no fue por los salarios o las jubilaciones como todavía lee por ahí (los salarios no generan inflación, sino que la sufren, más cuando la mitad son no registrados), sino por los subsidios energéticos que actualmente demandan al Estado casi 4 por ciento del Producto, magnitud equivalente a casi todo el deterioro de la posición fiscal.

Nuevamente en el terreno de déficit fiscal, existen sólo tres formas de financiarlo: emitir deuda pública, vender empresas públicas o emitir dinero. Argentina tiene experiencia en todos los frentes. En los ’80, no había financiamiento ni ola privatizadora, por lo que el déficit fiscal que dejó la dictadura se financiaba emitiendo moneda. Como resultado, la inflación fue una constante de la década y su abuso culminó en la hiperinflación. En los ’90, el déficit fiscal se cubría con emisión de deuda pública y el reviente de empresas, para evitar emitir moneda y que no incentivara a la inflación. Como resultado, se contuvo la inflación, pero a costa de vaciar al Estado y dejarlo con una descomunal montaña de deuda pública que terminó en default en 2001.

Como moraleja se advierte que financiar el déficit fiscal emitiendo moneda o emitiendo deuda no es gratuito ni inocuo en el tiempo. El abuso de ambas, se paga con crisis. De hecho, Argentina enfrentó sus dos mayores crisis económicas, justamente por abusar de emitir moneda en los ’80 o endeudarse en los ’90.

El monto del déficit fiscal termina otorgando el piso necesario de emisión. Este excedente de pesos genera presión sobre el tipo de cambio y la consecuente devaluación trae la inflación. El excedente de pesos por ahora se contuvo con el cepo, a costa de crear el mercado paralelo. Ahora bien, el actual déficit fiscal no es de magnitud que genere una mayor escalada inflacionaria a la actual, es decir, con una inflación cercana al 25 por ciento, el Gobierno termina financiando su déficit de pesos cercano a poco más de 2 por ciento del PBI. Para suponer mayor inflación, tengo que suponer mayor déficit fiscal. Si el diagnóstico es correcto, permite sacar como conclusión que para bajar la inflación, hay que bajar el déficit fiscal. Por supuesto, también está el camino seguido en los ‘90: bajar la inflación emitiendo deuda. Pero eso parece algo improbable dada la experiencia de 2001.

La única posibilidad que queda es bajar el déficit fiscal para frenar la emisión que alimenta la inflación. Lo bueno es que se parte de un déficit que no es elevado y segundo que no es necesario hacer el ajuste sobre salarios, ni jubilaciones, ni planes sociales, todo lo contrario. Simple, el Gobierno gasta más de 10 mil millones de dólares en importar gas para luego volcarlo subsidiado en el mercado local. Si el subsidio generalizado, se limita sólo a quien lo necesita, los subsidios al gas podrían bajarse a la mitad, o más.

La Anses dispone de una amplia base de datos para ello. Sabe nombre y dónde vive todo jubilado, empelado registrado cobrando salario mínimo, y los asalariados no registrados que cobran la Asignación Universal. Esos sectores mantienen los subsidios, al resto se los quita gradualmente a un ritmo acelerado. Con la base de datos de la Anses, están todas las herramientas para que llegue el subsidio a quien lo necesite. Al resto se lo quita gradualmente, para que el Gobierno recupere solvencia fiscal perdida.

El Estado tiene la obligación de ayudar a quien el capitalismo le da la espalda. Además de darle una mano para intentar insertarlo al sistema. Para eso pagamos impuestos, para gastarlo en quien lo necesita otorgando educación pública, hospitales públicos y subsidios. Pero si el subsidio es generalizado, el Estado se desborda, llega en montos pobres y a quien no corresponde. Es momento de retomar la carpeta de la sintonía fina.

* Economista jefe de Econométrica.