“El 93 por ciento de los acreedores es una mayoría lo suficientemente holgada como para dar por concluida la reestructuración de la deuda. Sin embargo, en función de una interpretación jurídica tirada de los pelos y del fallo del juez Griesa, la cuestión vuelve a estar en el tapete”, aseguró anoche a Página/12 el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Pese a ello, el funcionario ratificó que no les van a pagar el ciento por ciento de la deuda a los fondos buitre en efectivo. Este diario le preguntó si eso supone que, en el caso de que sean rechazadas todas las apelaciones, el Gobierno podría desconocer el fallo de la Justicia estadounidense. “Estamos evaluando todas las opciones y las vamos a poner a consideración de la Presidenta”, respondió.

–Usted mencionó varias veces que las reestructuraciones de deuda privada se cierran cuando cerca del 70 por ciento de los acreedores acepta la propuesta. ¿Por qué no pasó eso en esta reestructuración soberana habiéndose alcanzado el 93 por ciento?

–No pasó porque no hay una ley de quiebras internacional que regule la situación de un Estado soberano entrando en default. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo hay una ley de quiebras para municipios. Esa regulación específica por la cual Nueva York reestructuró su deuda en el pasado y Detroit lo está haciendo ahora exige sólo un 66 por ciento de adhesión de los acreedores para cerrar la negociación. Si se alcanza ese porcentaje, el que no entró queda obligado a hacerlo, aceptando la misma oferta que el resto.

–Pero como en este caso esa posibilidad no estaba, ¿tendrían que haber tratado de negociar con todos?

–Lo que se hizo fue lo que estaba disponible y se consiguió una exitosa reestructuración que contó con la aceptación del 93 por ciento de los acreedores, con una quita inédita. Le pido que mire los comentarios que surgieron entonces a partir de los resultados. Todos coincidían en que se había terminado el default. El 93 por ciento de los acreedores es una mayoría lo suficientemente holgada como para dar por concluida la reestructuración de la deuda. Sin embargo, en función de una interpretación jurídica tirada de los pelos y del fallo del juez Griesa, la cuestión vuelve a estar en el tapete. Por eso yo digo que el pasado vuelve.

–En la disputa judicial, ¿hubo algo más que se podría haber hecho y no se hizo?

–Se hizo todo lo que se tenía que hacer.

–¿Qué instancias quedan ahora?

–La apelación ante la Cámara de Nueva York y luego la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

–¿En qué consiste la apelación ante la Cámara?

–Hay dos apelaciones posibles. El pedido de revisión por parte de los mismos miembros de la Cámara que fallaron y la revisión por parte del pleno de la Cámara (en banc).

–¿La revisión por parte del pleno de la Cámara ya no había sido descartada?

–Esta es otra instancia. Fue descartada en el caso de la sentencia de octubre del año pasado. Esta es una sentencia nueva y por eso se abre otro proceso nuevo.

–¿De qué plazos estamos hablando?

–Con el pedido de revisión, más la apelación para la revisión en banc, más la apelación a la Corte Suprema, habrá que esperar hasta principios del año entrante para que la cuestión esté eventualmente para ser resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos.

–¿A principios de 2014 la Corte tendría que resolver si toma o no la causa o ya tendría que fallar para esa fecha?

–Para esa fecha tendría que resolver si toma o no la causa. En caso de tomarla, el proceso de definición ya sería mucho más largo.

–Usted ratificó recién en un programa televisivo que el Gobierno no le va a pagar el ciento por ciento a los buitres en efectivo, ¿eso significa que llegado el caso van a desconocer el fallo de la Justicia estadounidense?

–Eso significa que tenemos un compromiso con el 93 por ciento de los acreedores. Además, pagarles a los buitres lo que están pidiendo implicaría que inmediatamente los acreedores que sí entraron al canje, ese 93 por ciento, podrían pedir que se les pague exactamente lo mismo.

–¿Y entonces?

–Estamos evaluando todas las opciones y las vamos a poner a consideración de la Presidenta. No voy a decirle nada al respecto.

–Usted remarcó que les van a respetar a los acreedores que ingresaron al canje el monto a pagar, el plazo de pago y la moneda. ¿Qué va a pasar con el lugar de pago? Se lo pregunto porque, eventualmente, la Justicia estadounidense podría ordenar el embargo de los pagos que se realicen en Nueva York.

–Vamos a respetar el plazo, el monto y la moneda. Está claro que el lugar es lo que está en juego.

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