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La discusión en torno de los contratos de los servicios públicos y la renegociación de las tarifas pasó a ser, definitivamente, una cuestión de Estado. En las horas previas al arribo a Buenos Aires del ministro de Industrias y Finanzas de Francia, Francis Mer, fue el canciller argentino, Rafael Bielsa, quien desde Washington volvió a lanzar una advertencia sobre los límites dentro de los cuales está dispuesto a discutir el Gobierno. “La actitud razonable (para las empresas concesionarias) no es repetir ‘tarifas, tarifas’, sino maduramente sentarse en una mesa a discutir la totalidad de las variables contractuales”, manifestó el representante diplomático. “Además, hay una ecuación macroeconómica dentro de la cual se celebró el contrato, que ha cambiado”, agregó. La discusión se recalentó después que trascendieran, involuntariamente, las palabras con las que Julio De Vido, ministro de Planificación, se refirió a la visita de Mer. “Si viene a reclamar por tarifas, mejor que ni venga.”
El debate en torno del futuro de los servicios públicos no es fácil ni simple, pero tampoco es homogénea la situación entre los distintos sectores. Esta diversidad evitó que todas las concesionarias pudieran confluir en un frente común para reclamar el descongelamiento tarifario y mientras unas optaron por iniciar acciones legales a nivel internacional (ante la Ciadi), otras prefirieron abrir un compás de espera apostando a una negociación amistosa con las nuevas autoridades. Las menos resolvieron abandonar el servicio (distribuidoras del interior, fundamentalmente).
Conforme al estudio que había realizado el Ministerio de Economía durante la gestión de Eduardo Duhalde (ya con Roberto Lavagna al frente), electricidad y gas eran los servicios que “con más urgencia” requerían ajustes de tarifas para impedir lo que, en ese momento, se suponía un riesgo de deterioro del servicio por falta de inversiones en mantenimiento. Agua corriente se ubicaba un escalón más abajo, mientras el servicio telefónico aparecía, para las autoridades de entonces, como el sector con mayor margen para esperar. A un año de aquella lectura, las luces de alarma no llegaron a encenderse.
Sin embargo, la actitud de las empresas concesionarias no tuvieron una tolerancia muy pareja. Las concesionarias francesas se cuentan entre las que asumieron una posición dura, llevando el conflicto a los estrados: tal es el caso de Electricité de France, France Telecom y Lyonnais des Eaux. El ministro Francis Mer se entrevistará, a su arribo, con los representantes locales de estas empresas, aunque ya cuenta con información suficiente sobre sus demandas. Bielsa aseguró ayer que mantuvo conversaciones con Mer durante la visita del presidente Néstor Kirchner a París y buscó desdramatizar la confrontación de posturas. “Quedó claro que, lejos de venir a hablar sólo de tarifas, viene a hablar de inversión y de modalidad de prestación del servicio”, describió el canciller en tono diplomático.
Bielsa advirtió que “para el Gobierno y las empresas, el tema de las tarifas no resuelve la cuestión global (...); debe haber una recíproca comprensión de cuál es el lugar donde estamos parados”. El canciller recordó que las concesionarias “también se comprometieron a determinado tipo de inversión, de seguridad en el servicio, y no tengo que recordar los episodios por los que hemos pasado”. Tampoco se preocupó por las posturas subidas de tono de algunas empresas. “Es una técnica de negociación maximizar la posición política antes de sentarse a la mesa”, previno Bielsa.
La asunción de Kirchner representó un cambio de posición oficial con respecto a las tarifas. Tras varios fracasos del gobierno anterior de avanzar en ajustes parciales, empezando por electricidad y gas, la nueva administración anunció que el tema tarifario quedaría englobado en una renegociación total de los contratos, desconociendo así el “derecho” a los aumentos que el gobierno de Duhalde les reconocía a las empresas, aunquejustificando su no aplicación por la situación de “emergencia”. Esto provocó las primeras divergencias en torno del tema entre el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, y el ministro de Planificación. Mediante un decreto, la nueva administración resolvió que ambas carteras compartieran el manejo de la renegociación de los contratos.
Así, quedó replanteado el objetivo de la Comisión Renegociadora de Contratos, asumiendo De Vido un papel más activo y de choque con las empresas privatizadas. Una de las señales más fuertes, sin duda, fue incorporar como asesores a un equipo técnico de Flacso, cuyas principales espadas (Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo) han sido los más firmes cuestionadores de la rentabilidad de las empresas concesionarias. Aníbal Fernández, ministro del Interior, también trató de alfombrar el camino para la llegada de Mer, después de haber trascendido el disgusto que provocaron en la delegación diplomática gala los dichos de De Vido. “No son dichos prepotentes, ni intimidatorios ni temerarios; De Vido es un señor”, salió el ministro en defensa de su colega. “Lo que él planteó es que si el tema es ése (tarifas), el ministro de Finanzas sabrá entender que la Argentina no está en condiciones de hablar sólo de esas cosas”, fue la interpretación que ofreció ayer Fernández.