[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Argentina dio un nuevo paso para dejar de ser el aguantadero planetario de los militares de la última dictadura. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de 45 militares y un civil procesados por su par español Baltasar Garzón, entre ellos Antonio Domingo Bussi y Alfredo Astiz. “Simplemente estamos ejecutando una solicitud de arresto que circuló”, afirmó ayer el magistrado en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Después de que los acusados queden en prisión, Garzón tendrá cuarenta días para enviar el pedido formal de extradición. El Gobierno deberá definir su posición respecto de los reclamos extranjeros para juzgar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. El presidente Néstor Kirchner dijo al diario Washington Post que se deben anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Si estas normas no existieran, no serían necesarios los procesos fuera del país.
El pedido de Garzón llegó a través de Interpol, que, tal como anticipó Página/12, se lo entregó el miércoles por la tarde a Canicoba Corral, que estaba de turno junto al fiscal Guillermo Marijuán. El magistrado decidió hacer cumplir el reclamo español y derivó las órdenes a la Policía Federal –en el caso del civil que figura en la lista– y al Ministerio de Defensa. El ministro José Pampuro, según se informó en un comunicado, dio “de inmediato, respectivo traslado a las tres Fuerzas Armadas para dar cumplimiento de la medida”. Pampuro instruyó personalmente a los jefes de la Armada, Jorge Godoy, y de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde, y al subjefe del Ejército, Mario Chretien (ya que Roberto Bendini está de vacaciones), para que “instrumenten las medidas necesarias con la premura del caso a fin de cumplir con la solicitud del juez Canicoba Corral”.
En el juzgado y en Defensa confiaban en que los acusados se presentarían en las unidades militares de forma voluntaria. Esta actitud sería contemplada ante posteriores pedidos de excarcelación. “El convenio con España permite que la persona siga el proceso en libertad si puede demostrar que estará disponible para la Justicia. Obviamente, los que no se presenten, no van a salir”, anticiparon en Tribunales. Al cierre de esta edición, ningún arresto había sido notificado al juez.
“No puedo juzgar si las extradiciones se van a concretar o no. En los arrestos provisorios no entra en discusión el tema de la extraterritorialidad. La derogación del decreto 1581 es un problema del Poder Ejecutivo”, dijo ayer el magistrado al contestar preguntas de los periodistas en la entrada de los Tribunales de Retiro.
El decreto 1581/01 fue el que firmó el presidente Fernando de la Rúa para que se rechazaran, sin examinarse, todos los pedidos de extradiciones de militares de la última dictadura, pero no impedía que ellos fueran detenidos provisoriamente, como hizo Canicoba Corral. El gobierno de Néstor Kirchner elaboró un proyecto para dejar sin efecto esa norma pero aún no anunció que lo hará. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá pronunciarse sobre el tema cuando llegue el reclamo de extradición desde Madrid y, si no lo hizo antes, tendrá que definir si el decreto delarruista sigue siendo válido o no.
El Presidente preferiría que los represores sean juzgados en la Argentina, pero la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –cuya validez depende de la Corte Suprema– traba los juicios que se están realizando aquí. De cualquier manera, un proceso de extradición puede demorar un par de años y para el momento en que algún militar esté en condiciones de volar esposado a Madrid, las leyes podrían haber sido anuladas.
“Para nosotros es un éxito. Pero a la vez es una situación inconcebible que jueces de otros países se hagan cargo de estas cosas y que los jueces argentinos no puedan hacerlo. Es hora de revisar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, dijo a este diario Carlos Slepoy, abogado de laAsociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid e impulsor desde hace siete años del juicio español.
En la orden de captura internacional enviada por Garzón hay ocho militares que ya están presos por robo de bebés o desaparición de personas: los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, el ex jefe del primer cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason; el ex jefe de la Armada Rubén Oscar Franco y los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada Jorge Eduardo Acosta, Jorge Enrique Perrén, Juan Carlos Rolón y Héctor Antonio Febres. Estos acusados quedarán a disposición conjunta de Canicoba Corral y el juzgado que los había arrestado anteriormente. Sin embargo, es predecible que no prosperen los pedidos de extradiciones de quienes están siendo juzgados en el país.
Garzón también ordenó el arresto del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, único civil requerido, quien presentó una querella contra el juez español y el canciller Rafael Bielsa. Ayer también hizo llegar un escrito al juzgado en el que reclamó la nulidad de las órdenes de captura. Este hombre fue incriminado por el ex marino Adolfo Scilingo en su testimonio y, aunque él negó haber participado de un “vuelo de la muerte”, reconoció en una entrevista publicada por la revista Noticias que, durante la última dictadura, visitaba la ESMA “dos veces por semana”.
Los ex comandantes del primer cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere y Juan Carlos Ricardo Trimarco, los ex jefes de la Armada Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya y el ex jefe de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo, también figuran en la lista, junto con el represor prófugo Jorge Vildoza, Astiz, Bussi y otros 29 militares.
“De los datos que obran en la causa, surge que desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas argentinas usurparon ilegalmente el gobierno y pusieron en marcha el llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ y la denominada ‘lucha contra la subversión’ cuya finalidad, apenas oculta pero principal, fue la destrucción sistemática de personas que se oponían a la concepción de nación sostenida por aquéllas y que fueron identificadas como opuestas a la ‘Civilización Occidental y Cristiana’”, aseguró Garzón al procesar a los represores.
A fines de 1999, el juez español envió el mismo pedido que llegó el miércoles, aunque en esa oportunidad también incluía a los fallecidos Leopoldo Fortunato Galtieri y Francis Whamond. Ese reclamo fue recibido por el entonces juez Gustavo Literas, quien no arrestó a nadie y, en cambio, pidió que le remitieran desde Madrid los datos personales de los acusados a través de la Cancillería. Garzón los envió, pero los papeles quedaron encallados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, le comunicó luego al juez español que no había razones de urgencia que ameritaran proceder a detener a los militares pero que, si quería, podía enviar los pedidos de extradiciones. El juez español consideró incumplido el acuerdo de cooperación entre la Argentina y España y dio por interrumpido el trámite, hasta que hace dos semanas reenvió las órdenes de captura.