[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Producción: Tomás Lukin

[email protected]

---

Medidas en estudio

Por Fernando Groisman *

Están en estudio diversas medidas tendientes a lograr la reducción de los todavía elevados niveles de informalidad y precariedad laboral existentes en Argentina. De acuerdo con la información disponible, la batería de acciones impulsada por el Ministerio de Trabajo busca el fortalecimiento de la fiscalización, la creación de estímulos económicos para la regularización de las relaciones laborales y el establecimiento de sanciones más elevadas para las empresas que evaden la normativa laboral. En simultáneo, se prevén fuertes campañas de difusión de los nuevos regímenes que benefician a los trabajadores rurales y del servicio doméstico. Para estos sectores se avanzará también en medidas de simplificación registral, al tiempo que se impulsará mejorar los mecanismos de inspección. Se ha señalado que se aspira reducir en cinco puntos el nivel de la informalidad laboral.

El trabajador que ocupa un puesto de trabajo no declarado en la seguridad social carece de los beneficios que brinda la protección de las normas laborales. Ello implica que está expuesto a mayor inestabilidad en su ocupación y, consecuentemente, a una elevada variabilidad en sus remuneraciones. Más allá de este elemento en común, el fenómeno del trabajo no registrado es complejo y comprende a un universo de trabajadores y empleadores muy heterogéneo que se encuentra distribuido (con disímil intensidad) en toda la estructura económica. Téngase en cuenta que pueden formar parte de este segmento ocupados en establecimientos medianos y grandes, como también (mayoritariamente) trabajadores en establecimientos más pequeños. Asimismo, integran este grupo las trabajadoras de servicio doméstico (que en una proporción superior al 80 por ciento no están registradas), como también una proporción significativa de obreros de la industria textil y de la construcción.

La heterogeneidad y la persistencia de este fenómeno es motivo de preocupación en toda la región latinoamericana. En efecto, el nivel de informalidad laboral en América latina se ubica en promedio en torno del 45 por ciento. Dada la magnitud y perdurabilidad del fenómeno, se impone la necesidad de avanzar hacia un esquema de políticas que tome nota de la multidimensionalidad del problema y que comprenda a todos los actores sociales involucrados.

La experiencia internacional (y Argentina particularmente) arroja algunos elementos de análisis que parece razonable tener en cuenta a la hora de implementar los nuevos cursos de acción. En primer término, cabe puntualizar que las normas laborales pueden ser vistas como mecanismos de estímulo para el mejoramiento de la productividad de las empresas. Efectivamente, la creación de vínculos más estables y duraderos entre los empleadores y los trabajadores es un poderoso incentivo para la mejora organizacional y de eficiencia global de la firma. Ello obedece a varios factores. De una parte, el mayor compromiso de los trabajadores con los objetivos de la empresa. Por la otra, porque los empleadores se verán inducidos a instrumentar diversos mecanismos de mejora de la competitividad que no se limitarán exclusivamente al ajuste de personal. Por el contrario, la disminución de costos asociados a la contratación y al despido de los trabajadores no proporciona estímulos para la innovación y el perfeccionamiento de los sistemas de producción/comercialización de los establecimientos económicos.

En segundo lugar cabe señalar que la mejora en el nivel educativo de los trabajadores puede contribuir en forma limitada a la reducción del nivel de empleo no registrado. En efecto, aun cuando una proporción importante de estos trabajadores no han finalizado el nivel medio de educación, y en ciertos sectores de actividad se han constatado algunos problemas de reclutamiento de personal con las calificaciones adecuadas, la magnitud del fenómeno obliga a pensar que las causas están en la creación de empleo de buena calidad.

En este sentido, y en tercer lugar, el desarrollo de políticas sectoriales de asistencia financiera, tecnológica y de comercialización parece ser un espacio de gran potencial para mejorar la capacidad de producción y la eficiencia de las firmas. En el ínterin, políticas de protección social como la Asignación Universal por Hijo se tornan estratégicas para propender al logro de mayores niveles de integración social. Además, estas iniciativas han demostrado tener efectos muy beneficiosos en la inserción ocupacional de los adultos de los hogares beneficiarios. En este sentido, la actualización de su monto y el aumento de la cobertura son instancias que merecen no ser desatendidas.

* Director Citradis Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad.

---

Perseguir el excedente

Por Facundo Barrera y Luciana Storti *

La precarización laboral en sus diversas modalidades (trabajo no registrado, trabajo temporario, sobreempleo no remunerado, etc.) forma parte de las condiciones materiales impuestas a los trabajadores desde el período de consolidación del proyecto político de las clases dominantes llamado neoliberalismo. Después de transitar el período de valorización más exitoso de la historia reciente, expresado en las elevadas y sostenidas tasas de crecimiento del producto, encontramos que, de cada 100 trabajadores, 35 se encuentran en un trabajo no registrado y reciben salarios medios hasta un 40 por ciento inferiores a los de sus pares registrados. La precarización del trabajo se manifiesta como condición estructural del funcionamiento del mercado de trabajo de nuestro país.

Pero el no registro no se distribuye uniformemente entre los distintos tamaños del capital. La evidencia empírica muestra que en las pequeñas empresas existen mayores niveles de informalidad, debido a las supuestas mejores oportunidades de eludir los controles estatales. Sin embargo, ¿son las pequeñas empresas las que retienen los mayores márgenes de ganancia producto de una masa salarial achicada a través de la precarización de los trabajadores? ¿O son estos márgenes transferidos al gran capital?

Los aportes teóricos que destacan la relación de subordinación entre las distintas formas de acumulación de capital y la transferencia de valor que opera a través del sistema de precios –desde los trabajadores empleados en las empresas pequeñas hacia las grandes– son centrales para comprender el fenómeno de la informalidad del trabajo. El foco del debate no puede limitarse a las decisiones de los individuos ni a los sectores “atrasados” productivamente –pensados como cuasi islotes–, sino que debe ponerse en relieve la relevancia de las conexiones intersectoriales.

La Matriz Insumo-Producto (MIP), una fuente de información caída en desuso en el análisis económico, posee la ventaja de relacionar la estructura de las relaciones interindustriales de producción con información sectorial del excedente bruto de explotación (EBE) –variable que permite aproximar las ganancias empresarias– y los salarios de trabajadores –registrados y no registrados–. Asimismo, cuando los vínculos intersectoriales muestran alta intensidad en la compra-venta de mercancías, se presenta lo que Lifschitz llamó bloques sectoriales. En el interior de los mismos existirán actividades reconocidas como principales organizadores, sectores clave, ordenadores del conjunto. En aquellos núcleos tenderán a encontrarse las grandes empresas con poder de comando sobre los bloques. Este poder impone las condiciones estructurales y el comportamiento económico de las empresas ubicadas en el resto de las ramas de actividad.

Como ejemplo prototípico de la condición de trabajo informal suele mencionarse la actividad textil. La MIP, junto con informes sectoriales que actualizan y corroboran la información, permite estudiar el bloque “Textil y confecciones”, donde se resuelve más del 50 por ciento de las compras y ventas de la actividad. En el interior del bloque, la disparidad en términos de no registro es notable: Cultivos Industriales y Terminación de Prendas de Vestir, sectores que se encuentran al inicio y al final de la cadena, poseen valores de empleo no registrado cercanos al 60 por ciento. Mientras tanto, en los sectores clave –etapa de industrialización intermedia–, el mismo no supera niveles del 15 por ciento, existen mayores salarios medios y EBE por trabajador.

Observar la unidad conformada por un conjunto de ramas –y empresas– encadenadas, a partir de seguir la transformación de un producto –o conjunto de productos– pone el foco en el poder de comando que tienen las grandes empresas, y refleja su capacidad diferencial de apropiación de excedentes al controlar las condiciones de acumulación de otras. El excedente se dirige desde la parte fragmentada hacia la parte concentrada del capital, dando lugar a un proceso de acumulación diferencial.

Varios países europeos –entre ellos, Francia, Alemania, Suecia y Holanda– han puesto el ojo en las relaciones contractuales entre empresas, marcando la responsabilidad del contratista principal por el cumplimiento de las normativas laborales, ambientales e impositivas de la contraparte. Avanzar en nuestro país en esa dirección marcaría, claramente, un paso hacia adelante.

* Economistas y docentes de la UNLP. Integrantes del Equipo de Economía Política, Centro de Estudios para el Cambio Social.