Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense comenzarán a trabajar el lunes próximo en un predio del Ejército ubicado en la reserva Laguna del Diamante, en una zona cordillerana de la provincia de Mendoza, en busca de restos de desaparecidos. La medida fue ordenada por el juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdéngolas, a partir de dos testimonios coincidentes realizados con casi treinta años de diferencia por personas que no se conocen y cuyas identidades se mantienen en reserva. La hipótesis de los investigadores, que ya realizaron una primera inspección sobre el terreno, es que allí habrían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado de San Rafael, secuestradas en 1976.

“Desde el Ministerio Público tenemos una gran expectativa en poder dar respuesta a las familias sobre el lugar donde están enterrados sus seres queridos. Si bien siempre imputamos por homicidio y desde la Justicia se siguen determinando responsabilidades penales, lo cierto es que no hemos podido darles respuestas sobre el destino de los cuerpos”, explicó el fiscal federal Francisco Maldonado. “Estamos muy esperanzados”, confesó Mariano Tripiana, hijo de un militante peronista desaparecido en San Rafael a fines de marzo del ’76. “Por el lugar donde está el predio, a mitad de camino entre Mendoza (ciudad) y San Rafael, tampoco descartamos que pueda haber restos de desaparecidos de Mendoza”, agregó Tripiana, miembro de H.I.J.O.S. de San Rafael.

El refugio militar General Alvarado está en el departamento de San Carlos, al pie del volcán Maipo, en un paisaje paradisíaco, 160 kilómetros al oeste de San Rafael y a 220 km de la capital cuyana. Es un área natural protegida que sólo en verano es accesible al turismo. Hasta el lunes 11, a las 9, cuando comenzarán a trabajar los antropólogos, el juez ordenó resguardar el predio a las autoridades del Regimiento de Caballería Ligera 15 Libertador Simón Bolívar.

El primer testimonio sobre fosas clandestinas allí data de 1984. El juez federal que lo recibió se declaró incompetente y remitió la causa a la autodenominada “justicia militar”. El autor de la denuncia, ratificada semanas atrás ante el juez Puigdéngolas, relató que supo de entierros ilegales y que él mismo encontró restos óseos de un brazo humano. Antes de archivar el expediente, los militares subieron al denunciante a patadas a un camión del Ejército y lo trasladaron hasta el refugio. Al llegar se dio cuenta de que la tierra había sido removida. Los uniformados le ordenaron señalar el lugar e hicieron un pozo con una pala. “¿Viste que no hay nada? Firmá acá y borrate”, le aconsejaron.

El segundo testimonio fue meses atrás. La fuente, que el juzgado también decidió mantener en reserva, mencionó exactamente el mismo lugar y se refirió al entierro clandestino de cuatro o más cuerpos en el año 1976. Con ese dato, Puigdéngolas convocó al EAAF, que realizó una inspección y aconsejó iniciar tareas de excavación. Según la resolución, el objeto de la pericia es la “detección, ubicación y exhumación, en su caso, de restos humanos presuntamente correspondientes a víctimas de desapariciones forzadas”. Primero se realizará un “acondicionamiento del terreno” y luego “una prospección geofísica mediante tecnología GPR (Ground Penetrating Radar), a fin de acotar la superficie de interés”. A partir de la información obtenida y su procesamiento se hará “el sondeo con retroexcavadora de los puntos de la superficie correspondientes a las perturbaciones identificadas” y, de confirmarse la hipótesis de los investigadores, “la exhumación de los restos que pudieran ser hallados”. El equipo del EAAF estará a cargo de la investigadora Silvina Turner.