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Por primera vez desde que comenzó la negociación con el FMI, Roberto Lavagna admitió ayer que uno de los reclamos del organismo es que se aumenten las tarifas de los servicios públicos privatizados. Ajuste de tarifas, compensación a los bancos y reestructuración de la deuda “son los únicos temas que se están negociando”, declaró el jefe del Palacio de Hacienda desde Washington, luego de entrevistarse con el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan. El ministro evitó referirse a cuál es la respuesta del Gobierno frente a esas demandas y qué pasaría si las rechaza. “He leído algunos diarios que dicen que el acuerdo está casi cerrado y otros que dicen que las conversaciones atraviesan una zona difícil, ninguna de las dos son ciertas”, afirmó. Su versión es que las negociaciones “son tranquilas y razonables” y marchan “dentro de los plazos que nos hemos fijado”.
El encuentro con Greenspan mereció el previsible calificativo de “muy positivo”. Pero lo más relevante de la visita de Lavagna a Washington fue su reunión de anteayer con el secretario del Tesoro, John Snow. Durante una hora y media, dialogaron abiertamente sobre algunas de las cuestiones que son centrales para el Fondo, como el reajuste tarifario y las compensaciones bancarias. La convocatoria de Snow para hablar sobre esos temas surgió a raíz de la evaluación que hicieron los técnicos del FMI que se encuentran en Buenos Aires. Estos informaron al director gerente, Horst Köhler, que el Gobierno se resiste a avanzar de acuerdo a como ellos quisieran. Köhler, a su vez, se lo planteó a Snow. Y ayer Lavagna reconoció que la negociación está centrada en la evolución de las tarifas y en las compensaciones bancarias.
El día que se firme el acuerdo, lo que según Lavagna y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ocurriría a fines de este mes o a principios del próximo, se sabrá quién cedió con respecto a las tarifas. Por ahora las señales del Gobierno son difusas, pero queda claro que para el Fondo es una prioridad. El Poder Ejecutivo está esperando que el Congreso apruebe una ley que lo autorice a renegociar los contratos y aplicar ajustes antes de mover ninguna pieza. En cuanto a las compensaciones, las habría por la pesificación asimétrica, pero los bancos deberían esperar un fallo de la Corte Suprema que resuelva la situación de los amparos.
Mientras esos temas siguen abiertos, Lavagna ayer clausuró otro. Se trata de los títulos públicos en manos de las AFJP, que quedaron dentro de la deuda en default. El Gobierno emitió anteayer un decreto que anuló el canje de títulos públicos por préstamos garantizados que realizó Domingo Cavallo sobre el final del gobierno de la Alianza. La historia tuvo la siguiente secuencia: después de aquel canje llegó la devaluación y la pesificación de los préstamos garantizados. Las AFJP lo rechazaron y no ejercieron la opción por retener los préstamos garantizados. El conflicto duró más de un año, hasta que anteayer el Gobierno decidió que las AFJP vuelven a tener los títulos que administraban antes de la devaluación. El problema es que esos bonos están en default, y que el 60 por ciento del dinero de los afiliados a las AFJP se encuentra “invertido” en esos títulos.
Lavagna atacó directamente a las administradoras por haber hecho tan mal negocio para sus clientes. “Las AFJP tenían la opción de tomar préstamos garantizados y luego de un año y medio no ejercieron esa opción. Al no hacerlo se quedaron con los títulos originales que ahora están en default”, explicó. “No haber ejercido la opción fue un error muy evidente de las administradoras”, agregó. Los afiliados ahora deben esperar a la reestructuración de la deuda en default para saber qué rescatan de sus ahorros. Pero es evidente que sufrirán una pérdida grande.
En el Congreso algunos especulaban que Lavagna embistió tan fuerte contra las administradoras para preparar el terreno a una reforma previsional, que achicaría bastante el negocio para las AFJP. La semana que viene se reunirían Néstor Kirchner, Lavagna y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para dar el puntapié inicial al debate sobre esa reforma. La intención del Gobierno sería que esté terminada antes de fin de año.
Antes de tomar el avión a Buenos Aires, adonde llegará hoy a la mañana, Lavagna hizo una evaluación del estado de las negociaciones con el FMI. “El acuerdo no está cerrado ni complicado. Se avanza en un cronograma fijado en forma conjunta”, indicó. Fernández, por su parte, dijo que la intención es que todo termine antes de fin de mes o a principios del próximo. Por otra parte, ambos ministros enfatizaron que el convenio que se negocia es “por un plazo de tres años”. De ese modo, desmintieron la versión que crece en la city respecto a que se firmaría un acuerdo por sólo un año. La especulación entre consultores y economistas del sistema financiero es que el Gobierno no podrá convencer al FMI para un acuerdo a tres años. Lavagna lo negó.