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El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) presentó ayer formalmente la denuncia penal que involucra al ex gobernador de Misiones con la trata de personas (trata laboral) y una segunda demanda penal ante el procurador general de la provincia, Miguel Angel Piñero, por el posible delito de explotación infantil, tal como anticipó Página/12. Estos hechos fueron puestos de manifiesto luego de una inspección del Renatea en la Estancia I Pora, propiedad del ex legislador, donde fueron encontrados 32 trabajadores que vivían en condiciones infrahumanas. En una entrevista con Vorterix, en el programa de Reynaldo Sietecase, Puerta dijo que “él no tenía nada que ver” y que la responsabilidad era de los contratistas. Sin embargo, la nueva ley de contratos rurales cambió esa lógica y en su artículo 12 estableció que los dueños de las estancias son “solidariamente responsables” en el cumplimiento de todas las leyes laborales.

“Según lo que pudieron observar los agentes fiscalizadores del organismo, las condiciones en las que se hallaban viviendo los trabajadores desde hacía por lo menos dos semanas eran absolutamente inhumanas y violatorias de los más elementales derechos humanos”, puede leerse en la denuncia penal a la que tuvo acceso este diario. La presentación fue acompañada por las actas del organismo público (relevamientos Nº 24.445, Nº 25.443 y Nº 25.444), donde consta toda la documentación de la inspección.

Una de las denuncias fue realizada ante la fiscalía federal de Posadas, en la que se solicita investigar la posible comisión de los delitos comprendidos en la ley de trata, incluidos en el Código Penal, en su artículos 106 y 145 bis: “El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años”.

Según manifestó Puerta, en sus campos no habría trabajadores en negro. Sin embargo, al ser consultado por la cantidad de tareferos encontrados por el Renatea en situación de vulnerabilidad, el ex diputado manifestó: “Veremos si es así o no. No quieren tomar trabajo en blanco para no perder los planes Trabajar”. La primera aclaración que surge de este comentario es que los planes Trabajar no existen más. Lo segundo tiene que ver con el nivel de salario abonado a los tareferos. En diálogo con Página/12, Ramón Piñeiro sostuvo que recibían 140 pesos por día, cuando el salario de un tarefero acordado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario parte de los 170 pesos por día, y va en ascenso según la categoría laboral.

Puerta también dijo que las carpas encontradas en su estancia eran para guarecer a los tareferos ante posibles lluvias, pero que no eran campamentos de vivienda. Sin embargo, la documentación del Renatea no deja lugar a dudas: dentro de esas carpas había colchones sucios, comida en mal estado, elementos personales de los tareferos. A esto se le agregan las declaraciones testimoniales de los peones, que reconocieron que vivían en esas condiciones. La demanda realizada ante el procurador de la provincia solicita que se investigue la “comisión del delito de explotación infantil consagrado en el artículo 148 bis del Código Penal, como así también la comisión de otros delitos que puedan surgir de los hechos denunciados”. En toda su argumentación, Puerta hizo hincapié en que él no tenía nada que ver con lo que hicieran los subcontratistas. Sin embargo, la nueva ley de contratos rurales estableció que los empresarios y dueños de los campos deben ser responsables por sus contratistas, con el objetivo de evitar los abusos que existen en la actividad agropecuaria.