El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó ayer que el gobierno nacional va a continuar con el proceso de “eliminación parcial” de los subsidios a los servicios públicos, en aquellos sectores “en condiciones de afrontar una tarifa más alta”. El funcionario se refirió al tema tras participar del III Encuentro de la Red Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado, que se realiza en la sede de la Sindicatura General de la Nación.

Al ser consultado por la prensa por el futuro de los subsidios a los servicios públicos de consumo domiciliario, De Vido afirmó que, “por el momento, vamos a seguir con la misma política que venimos desarrollando en este último período, de eliminación parcial en aquellos sectores que entendemos que están en condiciones de afrontar una tarifa sin subsidio”. El ministro sostuvo, además, que los subsidios “han sido muy importantes en la Argentina, en este proceso de crecimiento y desarrollo de la economía, pero también hay una política en los últimos tres años de ir reduciéndolos paulatinamente, sin que sea traumático para ningún sector de la sociedad”. Concluyó, sin embargo, que incluso “si las tarifas tuvieran cero subsidio, (seguirían siendo) las más competitivas de la región”.

La sola mención del retiro parcial de los subsidios desató una ola de repercusiones tanto de aquellos que impulsan como los que rechazan la idea. Orlando Ferreres, ex secretario de Programación Económica durante el menemismo, consideró que la reducción de los subsidios “no se puede postergar más” y manifestó su apoyo a la medida, “aunque (su aplicación) sea en forma gradual”.

José Luis Espert, en cambio, reflejó crudamente el pensamiento de los economistas ortodoxos al plantear la preferencia por un recorte sobre los salarios y el empleo público antes que la reducción de los subsidios. “El Gobierno tendría que trabajar sobre los 450 mil millones de pesos que existen en salarios públicos y no en los 90 mil millones de subsidios, que es algo insignificante”, señaló el economista, en declaraciones que reprodujo ayer la agencia DyN. Espert calificó al personal del sector público como “la clientela que vive del gasto público” y consideró, en cambio, a los que reciben los subsidios como “la gente que ya sufre con la inflación, la recesión y una presión impositiva salvaje”. Partidario absoluto del recorte del gasto público como política excluyente, Espert se manifestó en el sentido de hacer pagar a los primeros, y no a los últimos, el costo del ajuste que propone.

Para Ferreres, en cambio, “éste es un momento oportuno” para encarar una reducción de los subsidios, “porque algunos fundamentals de la economía (bases macroeconómicas) están mejor y, además, no es un año político”, en el sentido de que no hay elecciones. Aclaró, en respuesta a la misma agencia, que “nunca va a haber un buen momento para hacerlo, porque es una medida antipopular, pero ahora es un momento adecuado y además no se puede postergar más”.

El tema de la reducción de subsidios ya había sido abordado en distintas oportunidades por los funcionarios del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien planteó que “menos subsidios es más ingreso disponible” para el Estado que se puede destinar a la inversión para la sustitución de energía. “El subsidio es un problema de ingreso disponible. Si bajamos el subsidio, tenemos más ingreso disponible”, dijo hace dos semanas el jefe de ministros.

Los recortes selectivos de subsidios se pusieron en marcha en el año 2011 en las tarifas domiciliarias de electricidad, gas y agua, en principio sobre algunas zonas de altos ingresos del área metropolitana. El plan era continuar recortando paulatinamente los beneficios sobre los hogares con posición más acomodada de otras zonas, pero esta metodología fue reemplazada por una adhesión voluntaria de los clientes, que meses después fue abandonada.