El 90 por ciento de los hogares argentinos está alcanzado por alguna de las prestaciones del Sistema de Protección Social. Son los instrumentos orientados a garantizar un piso de ingresos, acceso a la salud, educación e infraestructura. El alcance de esos beneficios no es uniforme y exhibe limitaciones. Sin embargo, las transferencias monetarias realizadas desde el Estado –a través del gasto público– representan más del 30 por ciento del ingreso total de los hogares. La creación de puestos de trabajo formales representa el principal mecanismo de inclusión y reducción de la desigualdad desde 2003. Pero, frente a la reducción del dinamismo de ese proceso a lo largo de los últimos cinco años, la extensión del resto de los instrumentos del Sistema de Protección Social, como la AUH, pasó a ocupar un lugar más relevante. Página/12 accedió a los resultados de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (Enapross) que será presentada hoy, donde se relevó el avance de las políticas y medidas vinculadas con la protección social desplegadas a lo largo de los últimos diez años.

La exhaustiva investigación fue realizada en 2011 y, aunque recién se difunde ahora, sus resultados fueron utilizados como insumo para el diseño de distintas políticas públicas recientes como la nueva ley para reducir los elevados niveles de empleo no registrado, el plan Progresar o la nueva moratoria previsional. La investigación y el análisis de los datos estuvo a cargo de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, que encabeza Marta Novick.

“Los resultados de la encuesta muestran los logros de la complementariedad entre las políticas macroeconómicas, laborales y de protección social y ponen de manifiesto cambios relevantes en materia de bienestar social y de orden institucional”, concluye el documento que reconoce la continuidad de “problemáticas laborales y sociales que plantean la necesidad de profundizar los cambios” y recuperar una dinámica de fuerte creación de puestos de trabajo de calidad. A continuación se presentan algunos de los principales hallazgos de la encuesta (cuali y cuantitativa) realizada en las seis jurisdicciones más pobladas del país.

- Políticas de transferencias monetarias a niños y adolescentes: El relevamiento de la Enapross identificó que del total de menores, el 74,5 por ciento se encontraba cubierto por el Sistema de Protección Social. La mayoría, 43 de cada 100 niños y adolescentes, estaba alcanzado por la cobertura que brinda el empleo registrado mediante las Asignaciones Familiares, mientras que la AUH cubría (desde su creación en 2009) a 25 de cada 100, fundamentalmente en los hogares más vulnerables. Los porcentajes registraron algunos cambios a partir de un aumento de la cobertura de Asignaciones Familiares desde 2012.

Entre quienes no recibían ninguna transferencia, el relevamiento permite detectar dos situaciones. Por un lado, figuraba un 13,1 por ciento del total de la población de menores no cubiertos porque sus padres estaban “excluidos” de percibir una transferencia por la normativa vigente. Se trata fundamentalmente de los hijos de monotributistas –que no reciben asignaciones y están excluidos de percibir AUH– y los hijos de personas con trabajo no registrado e ingresos superiores al tope fijado para percibir el beneficio (aquí también se contabilizaban hijos de asalariados registrados que cobraban por encima del tope fijado para la percepción de asignaciones familiares por hijo y por debajo del piso para realizar deducciones del Impuesto a las Ganancias que fue subsanado en septiembre de 2012). Por otro lado, existía un 12,4 por ciento del total de menores que estaba en condiciones de percibir una transferencia y no lo hacía por distintas razones que iban desde problemas con los trámites hasta el acceso a otros programas incompatibles. Ese diagnóstico permitió avanzar en la paulatina incorporación a las distintas prestaciones.

- Informalidad: La recuperación registrada desde 2003 permitió que el 75 por ciento de la población económicamente activa fuera alcanzada por el Sistema de Protección Social. Sin embargo, como resultado de la elevada informalidad laboral que presenta el mercado de trabajo argentino desde mediados de la década del ’70, y a pesar de las mejoras de los últimos 10 años, sólo un tercio de las personas en edad de trabajar permaneció a lo largo de toda su trayectoria laboral en ocupaciones con aportes a la seguridad social. Según la encuesta, otro tercio alternó entre trabajos con y sin aportes y el resto nunca tuvo un trabajo que implicara un beneficio del Sistema de la Seguridad Social. En 2011, de cada 100 trabajadores precarizados que no realizaban aportes a la seguridad social 27 se desempeñaban en unidades productivas donde convivían con trabajadores registrados, 45 en establecimientos donde todos los asalariados estaban en situación de informalidad y 28 eran trabajadoras de casas particulares.

- Educación y Salud: La Enapross refleja los avances en materia de escolarización que están asociados a la reducción de los niveles de trabajo infantil. Asimismo, la encuesta permite identificar un impacto positivo de la AUH sobre el nivel de consulta médica de los beneficiarios (una de las condicionalidades para percibir el ingreso), aunque el relevamiento no hace referencia a la calidad de las consultas médicas que reciben esos niños. Los datos también muestran la relevancia de la política de acceso a medicamentos gratuitos y su focalización hacia los sectores más vulnerables. En tanto, entre los adultos mayores la encuesta identifica cómo el uso de la cobertura pública (PAMI) está más extendido en el quintil de menores ingresos, donde cerca del 61 por ciento tenía esa cobertura.