Los secretarios de Comunicaciones y de Comercio, Norberto Berner y Augusto Costa, respectivamente, anunciaron ayer que las empresas de telefonía móvil deberán detallar a sus clientes los precios de cada servicio, promoción y bonificaciones de las que sean beneficiarios. El objetivo de la medida es “empoderar” a los consumidores para elegir el servicio que más se ajuste a sus necesidades. Por otro lado, el Estado comenzará el análisis de todos los planes para definir abonos de referencia. Esta nueva instrumentación fue comunicada a los representantes de Claro, Movistar, Personal y Nextel y hoy saldrá publicada en el Boletín Oficial.

El objetivo de la resolución de ambas secretarías es comenzar a ordenar la dispersidad de planes que existen y otorgarle a los consumidores la información detallada de sus consumos, que había desaparecido de las respectivas boletas. La empresa Personal, del Grupo Telecom, tiene 135 planes diferentes vigentes; Movistar, del grupo Telefónica, 174, y Claro, del mexicano Slim, 65 planes. “Sin información no podemos ejercer nuestros derechos. Ante la gran cantidad de planes, los usuarios no saben si lo que eligen es lo mejor para su estilo de consumo. Por eso vamos a avanzar en un esquema de planes de referencia”, manifestó Costa.

La iniciativa forma parte de la campaña “Conocé lo que pagás” y obligará a las compañías a tener en su página web los precios de cada plan, el valor del segundo, el precio de los primeros 30 segundos, que no podrán exceder a la multiplicación del valor del segundo por 30. También deberán incluirse los valores de los mensajes de texto y multimedia, así como también los consumos excedentes.

“Estos datos deberán ser enviados a los clientes por correo electrónico, incluyendo el detalle de los consumos, llamadas realizadas, fecha, duración y destino, igual que en el caso de los mensajes y el consumo de datos”, explicó Berner.

El secretario de Comunicaciones sostuvo que en la campaña realizada en todo el país para conocer las preocupaciones de los usuarios de comunicaciones móviles, “el 42 por ciento manifestó la necesidad de que las empresas transparentaran su información”. “Algunas empresas ya brindan todos estos datos. La idea es que sea un estándar de mínima”, agregó Berner.

Además de Berner y Costa, participaron del encuentro el subsecretario de Comercio, Ariel Langer; el jefe de Gabinete de la Secretaría, Santiago Mónaco, y la directora nacional de Defensa al Consumidor, Laura Goldberg. Por las empresas asistieron Federico Rava y José Luis Rodríguez Zarco (Movistar), Fernando Guerrero y Federico Quinteros (Nextel), Enrique Garrido y Alejandro Quiroga (Telecom) y Sebastián Kaplan (Claro).

Entre las asociaciones de defensa de los consumidores estaban presentes Lideco, Asociación de Usuarios y Consumidores (ACUC), Adecua, ADUC, Femudeco, CEC, Cruzada Cívica, Adduc, Deuco, Modecuma, Taller del Sur, Consumidores Argentinos, UCA y Consumidores Libres.

Las empresas de telefonía celular figuran al tope de los reclamos de los consumidores. En este sentido, el Gobierno viene siguiendo de cerca la actuación de estas compañías para mejorar el servicio. Uno de los instrumentos ideados es el nuevo convenio de calidad del servicio, que estipula inversiones concretas que permitan mejorar la cuestionada calidad. Las empresas suelen adjudicar sus inconvenientes a la falta de espectro o a las prohibiciones de los municipios para instalar antenas. Si bien para la Secretaría de Comunicaciones no es un problema de espectro, sino dificultades concretas en la gestión de las redes, hace dos semanas decidió licitar el espectro reservado para el 4G entre los licenciatarios privados.

Con esta decisión, muchos de los servicios que hoy corren en las redes 3G tendrán un mayor ancho de banda, por lo que deberían mejorar las prestaciones de cada empresa. A su vez, el Poder Ejecutivo se comprometió a dialogar con los intendentes para encontrar un esquema coordinado para instalar nuevas antenas, que permitan mejorar el servicio. Por otro lado, tanto Comercio como la Secretaría de Comunicaciones están analizando los costos de las empresas para contar con la información necesaria a la hora de analizar los distintos planes, así como también los cambios en los precios de los abonos para su autorización. Por ahora el sector no ha sido declarado servicio público, como demandan varias entidades de consumidores, pero gradualmente van avanzando las medidas para regular el sector.