La delegación argentina reiteró ayer frente el mediador en el litigio con los fondos buitre, Daniel Pollack, la imposibilidad de cumplimiento del fallo en los tribunales en Nueva York sin un paraguas legal o financiero que cubra al país frente a las demandas que podrían surgir de una posible activación de la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, según sus siglas en inglés), estimadas en hasta 120 mil millones de dólares. Desde el Palacio de Hacienda destacaron en un comunicado que la comitiva compuesta por el secretario de Finanzas, Pablo López; de Legal y Administrativo, Federico Thea; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el subprocurador, Javier Pargament, “profundizó sobre los diferentes aspectos del litigio y las diversas alternativas que se presentan”. Es la cuarta reunión con Pollack, quien anticipó un nuevo encuentro antes del miércoles próximo, cuando vence el período de gracia para que los tenedores de deuda reestructurada cobren los servicios depositados por el Gobierno. No hubo otro encuentro entre el Special Master y los representantes de los buitres, a quienes interiorizó sobre lo conversado por teléfono. La comitiva argentina viajó por la tarde de regreso a Buenos Aires.

La reunión de ayer discurrió por los temas debatidos el día anterior. La comitiva arribó a las 10.10 (las 11.10 hora de Argentina) a las oficinas de Pollack, en el piso 27 del lujoso rascacielos de la 245 de Park Avenue, en Manhattan, y permanecieron hasta las 11.20. “Tuve una breve reunión de seguimiento esta mañana con la delegación de la República Argentina. Ellos van a regresar a Buenos Aires esta noche (por ayer) para hablar con su Gobierno y buscar nuevas instrucciones”, informó Pollack en un escueto comunicado. El mediador reiteró el diagnóstico del día anterior: “Hasta el momento no hay acuerdo”.

La posibilidad de que cualquier propuesta superadora a la oferta que los bonistas recibieron al ingresar al canje gatille la cláusula RUFO y desmantele esa reestructuración de deuda que llevó a cabo el país es lo que mantiene trabado el escenario. La cláusula determina que el país deberá adecuar a los bonistas que ingresaron al canje las condiciones de su cobro en la misma proporción en que se mejore voluntariamente la oferta a los holdouts. Esta limitación vence a fines de este año y desde el Gobierno se insistió en distintas instancias en la necesidad de que se otorgue alguna suspensión que permita arribar a enero y allí acordar un pago.

El juez del distrito neoyorquino de Manhattan, Thomas Griesa, se negó en la audiencia de esta semana a reponer una cautelar suspensiva del fallo (stay) con el objetivo de que el país continúe con el pago de vencimientos de deuda reestructurada, al tiempo que ordenó intensificar las reuniones con el mediador. Griesa tampoco ofreció una solución a los bancos y agentes intermediarios para que los bonistas puedan cobrar el vencimiento del Discount, cuyos fondos el Estado argentino depositó el 26 de junio pasado.

Los funcionarios argentinos, acompañados por abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, presentaron al mediador los distintos escenarios y riesgos que implica para el país cumplir con la sentencia de Griesa en estos momentos. “Se explicaron las razones por las cuales resulta necesario proveer algún instrumento financiero que brinde seguridad a la República respecto de los riesgos asociados a la cláusula”, había informado Economía en la jornada anterior. Durante el breve encuentro de ayer –de apenas 1.10 horas– se reiteró la posición y se argumentó que el stay continúa siendo la mejor opción para avanzar con las negociaciones. “La República reafirmó su vocación de avanzar hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas. El proceso de diálogo entablado con el mediador continuará en los próximos días”, señaló ayer el equipo económico en su comunicado.

Finalizado este encuentro, Pollack se comunicó con los representantes de los buitres para interiorizarlos de lo hablado. “No hubo resoluciones”, informó el Special Master en el comunicado. “Me reiteraron (los demandantes) su disponibilidad y voluntad para reunirse conmigo, y, de hecho, también con los representantes de la República en cualquier momento”, agregó el abogado, que cobrará 225 mil dólares por su labor de acercar posiciones, dinero abonado por las partes. La propuesta de una reunión entre representantes de la Argentina y de los buitres ya había sido vertida por Pollack en el encuentro anterior y rechazada por el Gobierno. “La práctica de contar con un mediador con quien conversan las partes separadamente es habitual en este tipo de procesos, como con la Secretaría del Club de París. Modalidad que se implementó exitosamente con el reciente acuerdo alcanzado por la Argentina”, había contestado el Palacio de Hacienda a este ofrecimiento de Pollack.