En 2009, una auditoría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reveló que la Argentina incumplía 47 de las 49 recomendaciones vigentes entonces para prevenir delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esos señalamientos –que integran el manual de buenas prácticas contra el lavado– ubicaban al país como el de peor cumplimiento de las normas internacionales dentro del G-20 y el propio GAFI, lo que implicó el riesgo de quedar afuera de ambos organismos. “La auditoría había definido la expulsión de la Argentina”, recuerda el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en una entrevista a Página/12 con motivo de la vuelta de la Argentina como miembro pleno y sin revisiones del GAFI.

Entre las medidas que tomó el gobierno nacional desde entonces se destaca la aprobación de la Ley Antiterrorista, que “innova a nivel de Naciones Unidas”, asegura Sbattella. El funcionario también se refirió a la mayor coordinación de los entes reguladores para combatir la especulación cambiaria. “Hoy hay voluntad política y conducciones en los organismos que coordinan el control”, afirmó.

–Desde el punto de vista práctico, del sector privado y particularmente financiero, se elimina el trabajo de la doble diligencia en el país y el resto del mundo –controlar origen y destino de los fondos–, lo que reduce y hasta elimina los costos en el caso de transacciones con el exterior. Se hacía más costoso operar con la Argentina. El sector empresario eso lo entendía y lo manifestaba a las autoridades del GAFI. Cuando Cuba fue colocada en la lista gris, los funcionarios de ese país reconocieron que el daño era incluso mayor que el bloqueo económico, porque les paralizó el comercio exterior.

–Dentro del país se generó un sistema que hace mucho más difícil el manejo del dinero proveniente del ilícito de guante blanco. Hoy existen más de 100 mil reportes de operaciones sospechosas, que sirven de insumo para causas judiciales.

–Ahora estamos en el diseño de lo que se denomina la Cuarta Ronda del GAFI, que implica definir el riesgo más importante de cada país. Esta es una tarea público-privada. Tenemos los próximos dos años para definir cuál es el riesgo. El país debe coincidir con la visión que haya de riesgo regional.

–El informe de gestión. Se llegó a alrededor de 50 detenidos por lavado con 150 procesos abiertos a personas y empresas. Antes no había nada. Es todo nuevo. Además, cuatro sentencias y nueve condenas. Eso es lo que vinieron a chequear los auditores. Mientras, dentro del país hubo una campaña de desprestigio interno de la política antilavado que se incrementaba en los momentos en los que teníamos que ir a mostrar ante el organismo todos los avances logrados.

–Lo que hicimos en ese momento (año 2010) fue adelantarnos al pedido de plan de acción del GAFI y nos pusimos a trabajar desde el Ejecutivo como si nos lo hubiesen ya impuesto. Se sabía, ya en enero de ese año, que venía un informe muy crítico. El Ejecutivo nos dio presupuesto y efectividad. Para cuando se publicó el informe y se había definido una posible sanción, les pudimos mostrar que ya contábamos con un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Justicia. La verdad es que rara vez se vio una voluntad política tan clara. Con eso logramos dos años de plazo para trabajar en el plan de acción.

–Para todos los países la Ley Antilavado fue lo más complicado, porque había que cambiar el Código Penal y crear un bien protegido nuevo, el orden económico, para tipificar el lavado y autolavadao que no existía antes. De esta manera, aparece el lavado de dinero como un delito autónomo que no requiere otro precedente. La ventaja es que se suman las penas por los delitos y no es excarcelable. La Ley Antiterrorista argentina innova a nivel de Naciones Unidas.

–No. En la Argentina este blanqueo no es como el anterior, que permitía formalizar activos en el exterior como patrimonio. La Argentina es uno de los países con más dólares billete per cápita. Segundo, después de Rusia. Lo que se dijo es que se buscó con el blanqueo minimizar el riesgo implícito de tener dinero fuera de los bancos.

–Cambió algo que estaba planteado sólo en la teoría, y es que funcionaran los poderes de policía de manera coordinada para perseguir algo que es una especie de icono de gobernabilidad: quién pone el valor del dólar en un país. La verdad es que las presiones que tuvo el Gobierno son enormes, con nueve corridas contra el peso.

–No había coordinación institucional. Las capas medias de poder de policía del Estado han sido cooptadas por el poder financiero. Incluso ideológicamente muchos directivos han castrado ese poder de policía en una especie de autocensura. Mi visión como funcionario del Estado es que es preferible estar al filo del abuso de poder a pasar por estúpido. Porque de esa autocensura viene la impotencia en la ejecución. Hoy hay voluntad política, la conducción de las entidades de policía fueron cambiadas y ahora se coordina la intervención.

–Generamos una nueva práctica de los inspectores. A veces acompañan y otras no. Todavía cuesta y es un desgaste que genera tensiones también en lo judicial. La situación cambió con la nueva conducción en la Superintendencia del Banco Central. Si no se consiguen explicar los fondos en una entidad, entonces se realiza una denuncia penal. Y así ha pasado. El patrón que encontramos en este tema es siempre una entidad registrada que provee los fondos y otra no registrada que realiza las operaciones cambiarias paralelas.