Las empresas automotrices apelarán ante la Justicia la multa aplicada por la Secretaría de Comercio, con lo que evitarán en el corto plazo el pago de los 1060 millones de pesos que se les exige en compensación por las presuntas maniobras de cartelización en Tierra del Fuego. Lograrán esa demora porque la investigación se inició antes de la sanción de la nueva Ley de Defensa del Consumidor, de otro modo regiría el principio “pague y después reclame”. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) encontró que, entre 2002 y 2010, Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Fiat, Peugeot-Citroën, Toyota y Honda vendían los autos al mismo precio en la isla que en el continente, cuando supuestamente deberían haberlo hecho a un precio menor, porque allí no pagan impuestos internos, IVA ni aranceles de importación. Las empresas admiten que la acusación de cartelización tiene impacto en su imagen global y califican de poco consistente el argumento de la CNDC. La medida es casi una rareza en la Argentina, pero presenta unos cuantos antecedentes recientes en el mundo. Lo que sigue es una descripción de los últimos ejemplos de multas de gobiernos a las empresas por conductas abusivas.

Maniobras por el mundo

Las multas por maniobras anticompetitivas son relativamente comunes en muchos países, especialmente en los desarrollados. Según el último informe global antimonopolio confeccionado por la consultora internacional Allen & Overy, sólo en el primer semestre del año en la Unión Europea se aplicaron multas ante maniobras de cartelización por casi 2 mil millones de dólares, Brasil lo hizo por 1580 millones y Estados Unidos por 709 millones, seguido por Corea del Sur (428) y Japón (379), entre otros.

En Estados Unidos, la multa más significativa en los primeros seis meses fue para la empresa de neumáticos Bridgestone, por 425 millones de dólares, denunciada por fijación de precios en el mercado de las autopartes. También fueron sancionados otros proveedores del sector automotor, como Takata, fabricante de cinturones de seguridad (71,3 millones de dólares), Toyo (gomas antivibración) y Koito (electrónica).

Hay historias incluso pintorescas en relación con este tipo de jugadas corporativas. En abril pasado, Romano Pisciotti fue extraditado de Alemania a los Estados Unidos, buscado por el Departamento de Justicia del país del Norte. Pisciotti intentaba volar de Frankfurt a Nigeria y de allí a su Italia natal, para evitar que lo descubrieran y lo juzgaran por las maniobras de cartelización en la industria de las mangueras marinas, sector en el cual entre 1986 y 2007 las empresas Bridgestone, Dunlop Oil & Marine/Continental, Trelleborg, Parker ITR, Manuli y Yokohama manejaron artificialmente los precios. Pisciotti fue encontrado culpable en los Estados Unidos, sentenciado a 24 meses de cárcel y a pagar una multa.

Otro caso reciente que es paradigmático es el de Brasil, que impuso una multa record de 1390 millones de dólares a seis cementeras que coludieron durante décadas para manipular los precios internos. Además, seis ejecutivos enfrentan potenciales penas de cárcel. El dictamen del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil señaló que las empresas Votorantim Cimentos, Intercement Brasil de Camargo Correa, Itabira Agro Industrial, Itambé, la suiza Holcim y Cimpor Cimentos de Portugal acordaron fijar precios para eliminar rivales del mercado.

En la Argentina, el caso reciente más resonante también fue el del cemento. En 2013, la Corte Suprema definió que Minetti, Loma Negra, Cemento San Martín, Petroquímica Rivadavia, Cemento Avellaneda y la cámara sectorial paguen 310 millones de pesos por acordar precios y cuotas de mercado.

Por su parte, la Comisión de Competencia de India definió en agosto una multa de 420 millones de dólares a 14 empresas (BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Honda, Volkswagen y Fiat, entre otras) por “restringir ventas de repuestos en el mercado e imponer precios injustos”.

También tuvo bastante repercusión el monumental caso contra Apple por una supuesta colusión contra las editoriales Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin y Simon & Schuster para elevar artificialmente el precio de los e-books durante el lanzamiento del IPad, cuatro años atrás. La compañía asegura que es inocente, pero aceptó pagar 450 millones de dólares como parte del acuerdo para seguir su apelación en la Justicia.