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Producción: Javier Lewkowicz

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Tener cautela

Por Nicolás Hernán Zeolla *

Aunque haya pasado inadvertido para muchos, el mismo comienzo del año traía novedades económicas sobre el conflicto con los buitres. Cuando se hacían las doce, entre sidra y pan dulce, también vencía la famosa clausula RUFO. Por ello, pasadas unas pocas horas de 2015, ya se podían leer las distintas opiniones sobre las consecuencias de este nuevo escenario.

En la actualidad, el debate gira en torno de la estrategia de negociación que debería adoptar el Gobierno en esta nueva etapa del buitre-affaire. Para los economistas del establishment, el vencimiento de la RUFO es la oportunidad que esperaban para “hacer lo que dice Griesa” y pagarles a los buitres. Tanto apuro se debe a que ponerle punto final al asunto les permite ilusionarse con un cambio de rumbo económico, que tiene como condición necesaria la vuelta a los mercados. Por eso, se debe tener cautela. En primer lugar porque no está claro que los buitres quieran negociar con un fallo a favor de su lado, pero sobre todo porque no existen certezas sobre las consecuencias de cumplir con el fallo de Griesa entre los que tienen títulos reestructurados.

En este sentido, no debemos olvidar el conjunto de arbitrariedades legales del que se parte y que dieron origen a todo este conflicto. Los buitres no son acreedores legítimos, son una porción ínfima de bonistas, que compraron títulos en default a bajo precio con el único objetivo de litigar para cobrar la totalidad de la deuda y realizar una megaganancia. Sin embargo, el juez Griesa les dio la razón con una extravagante interpretación de la clausula pari passu. Esta fue apelada, el conflicto tuvo sus altibajos, hasta que en junio de 2014 tomó otra escala cuando la Corte Suprema de los EE.UU. desestimó el reclamo argentino y habilitó a Griesa a aplicar sin reparos su fallo. En este contexto, se decidió no ceder ante las presiones y ofrecer lo mismo que al resto de los acreedores, se reabrió el canje y se sancionó la Ley de Pago Soberano. Pasados varios meses, hoy queda claro que la estrategia del equipo económico fue la correcta.

Ahora aparece la cuestión de cómo sigue todo una vez que la RUFO caducó y la vida sigue. El primer elemento ineludible es que éste es un año electoral y el próximo verano va a haber nueva administración. Un lugar común entre economistas de la oposición es hablar de “la pesada herencia de la deuda” que recibiría el próximo gobierno. Sin embargo, no hay nada más lejos de esto. De no prosperar los pedidos de aceleración de pagos de los títulos bajo legislación extranjera, la situación financiera en términos de deuda externa será muy buena. Según datos del Ministerio de Economía, en la actualidad el stock de deuda del sector público nacional alcanza los 83.855 millones de dólares, un 18 por ciento del PBI. Estos niveles de endeudamiento son realmente bajos en términos históricos como en la comparación con otros países. En nuestro país debemos remitirnos hasta el año 1975 (15 por ciento del PBI), previo al programa de apertura y desindustrialización de la dictadura, para registrar niveles de endeudamiento tan bajos. Asimismo, en la comparación regional, según información del Banco Mundial el endeudamiento externo de la Argentina medido en términos del PBI es menor al de Brasil (20 por ciento), Perú (29) y Colombia (24) y mucho menor que los países de la Unión Europea como Grecia (164), Irlanda (127), Portugal (126) o España (68 por ciento). Como resultado de esto, en los años venideros sólo restará un pago importante en 2017 (pago del Bonar X) y luego el perfil de vencimientos será como máximo de 4000 millones de dólares, bajo todo concepto.

Otro aspecto que también aparece es el contexto internacional favorable por el cual deberíamos tomar nuevo endeudamiento. Sin embargo, el ingreso de estos flujos financieros siempre tiene condicionalidades en términos de liberalización, gasto público e intervención estatal en la economía. Al mismo tiempo, al momento de hacer frente a los vencimientos futuros (o los movimientos de capital) debe disponerse de divisas, lo que implica generar capacidad genuina de donde obtenerlas, y de no hacerlo entraríamos en el conocido círculo vicioso de endeudamiento y dependencia financiera.

Por ello, el vencimiento de la clausula RUFO no implica que el Gobierno deba salir a negociar cualquier cosa, sino todo lo contrario. Este cambio de escenario aporta nuevas herramientas que deben servir para fortalecer la posición argentina y que permita hacer valer nuestras condiciones en la mesa de negociación.

* Economista, FCE-UBA y MDE-UNSAM. Investigador CCCoop-economía política.

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“Es la política, pavotes”

Por Ezequiel Barbenza *

La disputa con los fondos buitre se inscribe en la histórica problemática de la transferencia de recursos hacia los sectores dominantes que comenzó hace cinco siglos con la sustracción del oro y la plata, continuó con las grandes empresas multinacionales y hoy toma la forma de una concentrada estructura financiera internacional.

Las medidas de protección de divisas, indispensables para la inclusión y la industrialización, que viene tomando el Gobierno en materia de desendeudamiento, son acompañadas por otras como la investigación sobre 3000 cuentas del HSBC, la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, la recuperación de YPF o la obligación a los bancos de reinvertir un porcentaje mayor de sus activos en el sector productivo, que permiten transformar la fuga de capitales en recursos productivos para el país.

El bloqueo financiero-judicial generado por los fondos buitre es una herramienta más en esta puja con la Argentina por nuestros recursos. Y como toda puja es política, su estrategia se basa en reducir el poder de negociación del gobierno y aumentar la propia. El eje principal de la disputa es el concepto de pari passu propuesto por el juez Griesa, que contradice por primera vez en la historia al que se utiliza en el resto de los litigios en todo el mundo y que le permite emitir un fallo que obliga a la Argentina a pagar bajo condiciones muy adversas. A partir del rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de la apelación de la Argentina a dicho fallo, la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés) que venció el último 31 de diciembre tomó importancia en esta relación de fuerzas.

La cláusula RUFO permitía a todos los bonistas que entraron a los distintos canjes reclamar el mismo pago en caso de que Argentina ofreciera mejores condiciones a otros bonistas. Esta cláusula reducía notablemente la capacidad de negociación del Gobierno, inclinando la relación de fuerzas hacia el lado de los FB, quienes aprovecharon para influir de distintas maneras: presionando al juez Griesa para que avanzara en sanciones hacia la Argentina, como la confiscación de la Fragata Libertad o el bloqueo de pagos a otros bonistas, financiando campañas de desprestigio, etc. Aunque el vencimiento de dicha cláusula otorga al Gobierno más libertad de negociación, la disputa continúa.

Por un lado, el bloqueo de Griesa ha generado reclamos legales hacia el juez y hacia los bancos que operan como intermediarios. Si bien el resultado de estos reclamos no sería significativo para el desenlace de nuestra disputa, constituye un elemento más que influye en la relación de fuerzas. Por otro lado, la iniciativa de la Argentina de generar un marco regulatorio internacional para futuras reestructuraciones de deuda ha logrado visibilizar el problema como estructural del sistema económico mundial, donde los recursos de los pueblos están sometidos a la voluntad de algunas entidades financieras. El gran apoyo internacional y los avances concretos que están ocurriendo en este sentido dan cuenta de un cambio de escenario para esta disputa.

Finalmente, el gran argumento de los fondos buitre y de parte de la oposición para lograr un acuerdo rápido reside en el efecto adverso en la economía argentina que tendría no hacerlo: si Argentina no arregla, continúa en default y se vuelve riesgoso invertir aquí. Sin embargo, el Gobierno viene derrumbando esa lógica con medidas concretas: la normalización de las relaciones financieras con el Club de París o el Ciadi, el depósito regular de los pagos a través de la implementación de la Ley de Pago Soberano, y la oferta de ingreso al canje en las mismas condiciones que el resto de los acreedores.

El Gobierno propone el ingreso al canje no sólo a los fondos buitre, sino a todos los tenedores de bonos que nunca ingresaron, ya que es la única manera de salir definitivamente del default. Contrarrestando con políticas concretas el miedo infundido desde distintos sectores, se demuestra que el escenario post RUFO será de negociación en un escenario más favorable aunque incierto, donde se reduce el poder de daño de los buitres en la economía argentina.

En un escenario mundial cambiante, donde la política monetaria de EE.UU. modificará las relaciones comerciales y geopolíticas, pero donde la situación política de Europa y Asia ven nacer fuerzas decididas a combatir esta estructura financiera mundial, la protección de nuestros recursos se vuelve fundamental. En definitiva, como dice Cristina: “Es la política, pavotes”.

* Integrante de la Mesa de Economía del Movimiento Evita.