La gran mayoría de las empresas precalificadas para participar en la nueva licitación de rutas nacionales por peaje podrían ser excluidas del concurso debido a los multimillonarios incumplimientos que tienen pendientes como actuales adjudicatarias. Según revela un flamante estudio contratado por el Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) al que Página/12 tuvo acceso, la falta de inversión obligará al Estado a desembolsar más de 200 millones de pesos en los próximos dos años en obras de mejoras que podrían haberse evitado. En base a ese revelador análisis, la unidad de renegociación que depende de Economía y Planificación tomaría antes del 17 de octubre la decisión de marginar a algunas postulantes, en el caso de que en las próximas horas éstas no se avengan a compensar sus faltas poniendo en efectivo el valor de las obras no hechas o ejecutando un programa de emergencia.
El universo de “incumplidoras” incluye a los conocidos nombres de constructoras como Servicios Viales (de Macri), Roggio, Techint (que no participa de la licitación actual) o Dycasa y a otros menos familiares pero con participación igualmente destacada en el negocio como Luciano S.A., Afema, Covico, Chacofi y otras varias. La gran mayoría de ellas, también oferentes del actual proceso.
La fórmula elegida por la administración de Néstor Kirchner para reprivatizar los caminos resultó igualmente atractiva para quienes ya conocen el negocio. Se trata de explotar por cinco años las rutas reagrupadas en seis corredores, de los cuales sólo algunos cobrarán subsidio y con la obligación de hacer nada más que el mantenimiento, ya que las obras de más envergadura correrán por cuenta del Estado.
En los trece años de concesión hubo varios informes técnicos denunciando que el estado de las rutas, en muchos casos, no era el previsto en los contratos. Parte de esos trabajos sirvieron de insumo a la Auditoría General de la Nación, que acaba de pronunciarse a través de un informe plagado de objeciones hacia las empresas. Sin embargo, en Planificación aseguran que hasta hace quince días no existía un estudio técnico que permitiera juzgar con precisión la calidad del pavimento y, por consiguiente, determinar qué obras es necesario ejecutar para conservarlo.
Frente a esto, el Occovi contrató en forma directa y por 550 mil pesos un testeo minucioso de 7800 kilómetros privatizados. Este rastrillaje mediante una “deflectometría, rugosimetría y control de ahuellamiento” resultó contundente: el 59 por ciento de los tramos relevados no está en buenas condiciones y exige ser reparado de inmediato.
En función de ese mapeo, el Occovi calculó que en el lustro que dure la nueva concesión tendrá que ejecutar sólo por “obras mejorativas” más de 490 millones de pesos, de los cuales 280 corresponden a los dos primeros años. Los técnicos oficiales dan fe de que, en un 80 por ciento, estos trabajos de reparación resultarían absolutamente innecesarios si las adjudicatarias actuales hubieran honrado sus compromisos contractuales.
Pero aun así, Julio De Vido y Roberto Lavagna prefirieron continuar las negociaciones con cada uno de los consorcios antes que dejarlos fuera de juego por sus malos antecedentes. En la mesa de discusión, las empresas argumentarían que sus faltas se justifican por variadas cuestiones de fuerza mayor o imputables al Estado, desde un tránsito mayor al previsto hasta algún ajuste no aplicado y no debidamente compensado por el multimillonario subsidio que hasta fin de mes cobrará el conjunto de morosas.
Según aseguró a este diario una fuente oficial, bastaría que las empresas pagaran al Estado un monto equivalente a las obras no ejecutadas o comprometieran un programa reparador de ejecución inmediata para que las cuentas volviesen a quedar en 0 y las explotadoras actuales pudieran seguir siéndolo a partir del 1º de octubre bajo los nuevos términos de la actual licitación. Pero, hasta el momento, las constructoras más grandesson, a su vez, las más renuentes a admitir estas compensaciones, razón por la cual podrían quedar fuera de juego en las próximas horas.
En el Gobierno hay absoluta convicción acerca de que el esquema de reprivatización elegido es tan acertado como supuestamente “chiquito” el negocio privado en juego. Es más: desde los despachos oficiales se insiste en que el Estado ahorrará cifras millonarias por no pagar las compensaciones tarifarias que abona hoy, aunque como contrapartida tenga que ejecutar y costear importantes inversiones. Por esos beneficios valdría, según la óptica oficial, darles incluso una nueva oportunidad a los “incumplidores”.