No ejecutar en tiempo y forma las inversiones reparadoras sobre las rutas no sólo significa transgredir un compromiso contractual sino que ocasiona un perjuicio técnico y económico concreto al Estado, propietario de los caminos concesionados. La Auditoría General de la Nación subraya estos inconvenientes en el análisis que acaba de elevarle al ministro de Economía, Roberto Lavagna, como parte de una serie de estudios sobre privatizadas. “Desde el punto de vista técnico, los ciclos de deterioro de una obra vial están condicionados fuertemente por el momento en que se realicen las tareas de refuerzo o mantenimiento del camino: si se deja pasar el momento oportuno para ejecutar una determinada obra, el deterioro se acelera, lo que incrementa considerablemente los gastos de mantenimiento”, sentencia el texto. “La obra que fue demorada ya no será suficiente para subsanar las deficiencias, lo que obliga a emprender una obra más compleja y con un costo todavía superior al previsto originalmente”, amén que ese diferimiento “afecta la razonabilidad de la tarifa”, según los auditores.