El Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) detectó, desde su creación en septiembre de 2012, numerosos casos de abusos patronales, entre los que sobresalieron el del ex gobernador de Misiones Ramón Puerta, quien enfrenta una denuncia por trata de personas por explotar a trabajadores yerbateros, y el del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, y parte de su familia, quienes tenían en su campo entrerriano La Hoyita a los hermanos Sergio y Antonio Cornejo viviendo hace décadas en condiciones de precariedad, con una paga de 450 pesos mensuales. En diálogo con Página/12, Guillermo Martini, titular del Renatea, afirma que Puerta, quien coquetea políticamente con Sergio Ma-ssa y Mauricio Macri, corre el riesgo de tener que ir cuatro años preso, mientras que Etchevehere les ofreció a los trabajadores jubilación, dinero, una casa e incluso tierras para tratar de que el juicio no avance. Martini remarca que ambas causas y otras similares fueron posibles por la protección que el Renatea les brinda a los trabajadores. “Pasamos de recibir quince denuncias en todo 2012 a un promedio de quince denuncias diarias en 2013 y 2014”, aseguró.

–¿Cuál es la situación actual de Puerta y Etchevehere?

–Puerta corre el riesgo de tener que ir cuatro años preso, más allá de la sanción pecuniaria, que debe ser lo que menos le interesa. En el caso de Etchevehere está en marcha, por más de que él diga que no pasa nada, una demanda penal y una demanda civil por el tema laboral. El código de procesamiento que hay en Entre Ríos fija una instancia judicial previa a la apertura de la causa que es la conciliación y ellos, en esa conciliación, han ofrecido un montón de cosas: jubilación, plata, una casa y hectáreas, lo que evidencia su preocupación.

–¿Supieron de represalias contra los trabajadores denunciantes?

–No, porque nosotros nos encargamos de que no haya represalias. Como registro, pasamos de recibir quince denuncias en todo 2012 a recibir un promedio de quince denuncias diarias en 2013 y 2014. Porque antes el que denunciaba se quedaba sin laburo, lo cagaban a palos y terminaba en una zanja. No hay que olvidarse de que en esta oficina estaba el Momo Venegas. Era un organismo público de derecho privado que estaba manejado por toda la Mesa de Enlace y el Momo. Con el esquema anterior, si los hermanos Cornejo hubieran querido denunciar su situación hubieran tenido que ir a la sede de la Sociedad Rural de Entre Ríos. Es decir, tendrían que haber ido a decir: “Hola, Etchevehere, vengo a denunciarlo”.

–¿Cuál es la relación del Renatea con las patronales rurales?

–Ninguna. Ellos metieron incluso una demanda de inconstitucionalidad respecto de la creación del Renatea, diciendo que como antes era un organismo público de derecho privado, todos los bienes que tenía el ex Renatre les pertenecían a ellos y a los trabajadores. Ellos bombardean permanentemente, siempre salen en la foto con el Momo y dicen que si ganan las elecciones le van a devolver este lugar. De cualquier manera, noso-tros hemos transformado esta dependencia, que era un organismo público de derecho privado, que gestionaba a través de cinco sociedades anónimas, que no tenía estructura propia y que tenía todas las bocas de entrada y de gestión en las oficinas de las confederaciones rurales. Cuando entramos había 92 millones de pesos en el fondo de sustentabilidad, que es el excedente entre lo que recaudamos y lo que gastamos. Dos años y medio después tenemos 1100 millones de pesos en el fondo. El desmanejo que había era tremendo. Era un negocio importante para ellos.

–¿Hay un nuevo enfoque de derechos humanos en el Renatea?

–Es un sesgo nuevo, que le dio ser un organismo público. Todos los que estamos en la dirección, en la conducción del organismo y la mayoría de las personas que trabajan acá son gente comprometida. No voy a decir militantes porque por ahí se asustan, pero considero militante a la persona que está comprometida con lo que hace y da testimonio. A nosotros el fin recaudatorio la verdad es que nos importa hasta cierto punto. Nosotros consideramos que un trabajador que no está registrado, o que está sometido a condiciones de trabajo indigno, o un menor que está trabajando, es una violación a los derechos humanos y actuamos en consecuencia. Entonces, todo lo que hacemos apunta a restituir derechos. La trata de personas es un delito penal, la reducción a la servidumbre es un delito penal, el trabajo infantil es un delito penado por la ley. Entonces, lo que digo y repito es que un empresario que somete a un trabajador a condiciones de trata de personas es un delincuente.

–¿Le parece que culturalmente no se lo considera así?

–Cuando aparece uno de estos patrones y es acusado de algo, el juez o el fiscal habla con un par, habla con el que toma un café en el bar, entonces automáticamente presupone a favor del tipo, no del que lo fue a denunciar. Entonces, es absolutamente común que las cosas tiendan a pararse si no hay una fuerte presión de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) o de la fiscalía. Y por otro lado está muy asentado socialmente que la trata laboral no es trata en realidad. Cuando aparece una chica en un prostíbulo secuestrada automáticamente funciona el morbo; que sí, que mirá, se la pasaban 20 tipos por día, que la madre llora. Eso es trata. Ahora, si ven a un chico de catorce años laburando, comiendo mierda 20 días, que no le pagan y después lo tiran a la calle y le dicen “no te pagamos porque todo lo que trabajaste te lo comiste”, eso no lo consideran trata. Lo llevamos a los medios y, salvo algo en Página/12 y Tiempo Argentino, no sale nunca. Nosotros tenemos 876 casos denunciados de trata de personas, pero no es noticia.

Informe: Delfina Torres Cabreros