España debe extraditar o juzgar a los responsables de crímenes cometidos durante el franquismo. Es la conclusión a la que arribó un grupo de expertos de Naciones Unidas, a partir de la reciente decisión del Consejo de Ministros de rechazar la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la Justicia argentina de cometer violaciones a los derechos humanos, petición reconocida por querellantes y abogados que impulsan en los juzgados porteños la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura española. El abogado Carlos Slepoy pidió al gobierno argentino, en una conferencia de prensa celebrada ayer en la sede de Amnistía Internacional Argentina, que proteste por el incumplimiento del Estado español del tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal suscripto por ambos países.

Según el abogado de la querella, dos son los aspectos incumplidos del tratado. Por un lado, señaló Slepoy, el gobierno de Mariano Rajoy no detuvo a las personas requeridas por la Justicia argentina para ponerlas a disposición de un magistrado español, mientras llega el pedido de extradición, tal como establece el tratado y la ley de extradición pasiva española, que regula el procedimiento aplicable cuando un Estado requiere a una persona que se encuentra en España. El otro punto incumplido del tratado tiene que ver con las extradiciones solicitadas por la jueza María Romilda Servini de Cubría, que fueron rechazadas la semana pasada por el gobierno peninsular con el pretexto de que los delitos habían prescripto y no estaban previstos en la legislación española cuando fueron perpetrados. A su vez, Slepoy recordó que el juez Baltasar Garzón pidió detenciones a la Argentina que fueron denegadas por los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa sin considerarlas. La insistencia en lanzar pedidos de extradición y detención –rememoró el abogado– determinó que el juez Rodolfo Canicoba Corral pidiera el arresto de 46 máximos responsables de la dictadura militar. “Eso terminó desencadenando el fin de la impunidad. Creemos que esto puede tener un efecto similar, que el gobierno argentino debe protestar por el incumplimiento del tratado en el planteo de que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, se extradita o se juzga”, sostuvo Slepoy.

Por su parte, Ignacio Jovtis, titular del Aérea de Investigación y Políticas de Amnistía Internacional España, mencionó que en 2006 se presentaron denuncias en ese país por la comisión de al menos 114 mil crímenes de derecho internacional, la mayoría vinculados con desapariciones forzadas. “Absolutamente todos los casos han sido archivados. España tiene la obligación de juzgar esos crímenes, y si no lo hace, debe colaborar con la Justicia argentina para que realice la investigación correspondiente”, señaló el investigador.

Los restos del abuelo de Adriana Fernández fueron exhumados el 9 de octubre de 2011. A las 48 horas, sus familiares presentaron una denuncia por su muerte. Dos días después, las autoridades españolas respondieron que no había delito alguno. La versión oficial indicó que Antonio Fernández González había muerto en una pelea entre vecinos. Su cuerpo presentó marcas de dos balazos, había sido apuñalado. Tenía 24 años cuando fueron a buscarlo a su casa para llevárselo en el “camión de la muerte”. Ayer, su nieta pidió que se haga justicia por su abuelo y por las 140 mil historias que están enterradas en las cunetas de España. “Elevamos la voz por todos aquellos que no lo pueden hacer, no tienen un medio, un micrófono, y por todos aquellos que no saben qué pasó con sus familiares”, afirmó Fernández.