El Deutsche Bank acusó ayer en Nueva York a los fondos buitre NML Capital y Aurelius Management por intimación y violación de confidencialidad en el litigio por la deuda en default argentina. En una carta dirigida al juez Thomas Griesa, el banco alemán denunció a esos fondos especulativos de hacerle demandas abusivas de pruebas, filtraciones a la prensa de material confidencial y presentaciones erróneas al magistrado. La denuncia del banco más grande de Alemania y el tercero a nivel mundial surge a partir de la última requisitoria de los buitres a Griesa para que accione contra el Deutsche por supuestamente cooperar con el gobierno argentino en la emisión del Bonar 2024 en abril último, por la cual el país obtuvo 1400 millones de dólares. El holding germano adelantó que pedirá una orden al tribunal de Manhattan contra NML y Aurelius por maniobras no sólo en su contra, sino también hacia otros bancos que participan en ofertas de deuda legales en Argentina. Los voceros de Elliott Management y de Aurelius declinaron hacer comentarios sobre la misiva del banco, según la agencia Bloomberg.

Un grupo de fondos encabezado por NML, propiedad de Paul Singer, reclama a la Argentina el pago de unos 1600 millones de dólares en concepto de capital e intereses por sus tenencias de bonos defaulteados en 2001. La demanda fue convalidada por distintas instancias en Estados Unidos y con el objetivo de presionar al país para que acepte esta impracticable sentencia bloqueó el circuito de cobro de la deuda reestructurada argentina e impidió nuevas colocaciones en Nueva York. Para sortear este escollo, el Gobierno realizó en abril último una tercera ampliación de la serie Bonar 2024 bajo legislación argentina, cuya colocación se realizó en el mercado local. En esa operación, que no contó con intermediarios financieros, el financiamiento obtenido alcanzó a los 1415 millones, lo que permitió un aumento en el stock de reservas internacionales de 1247 millones de dólares.

En otro avance para presionar al país, los buitres presentaron a Griesa a mediados de junio un escrito insistiendo en que esa emisión del Bonar 2024 debía considerarse deuda externa. Bajo ese supuesto solicitaba que se aplique el mismo fallo del “pari passu”, es decir, que se condicione el pago de servicios de esos títulos al pago de la deuda con los buitres. El gobierno argentino respondió que la colocación del Bonar se realizó en el país y no hubo promoción en mercados internacionales.

El Deutsche Bank AG acusó al NML Capital y a los otros fondos litigantes contra Argentina de acosar a los bancos que participan en ofertas de deuda legales por parte del país. En la carta, el banco alemán anticipó al juez de Nueva York que planea pedirle una orden contra NML Capital, unidad de Elliott Management de Singer, Aurelius Capital Magnament y otros tenedores de deuda argentina en default. “La verdadera motivación de los demandantes no es el descubrimiento de la información relevante, es el acoso de los intermediarios financieros”, sostiene el escrito que lleva a la firma de Phillippe Zimmerman, abogado del banco con sede en Frankfurt.

El letrado sostuvo que las solicitudes contra el banco son “el último viaje en una larga expedición de pesca”, que sólo busca castigar al Deutsche Bank por hacer transacciones con Argentina. Según explicó Zimmerman, la sucursal del banco en el país hizo ofertas por Bonar 2024 en nombre de los clientes de su sucursal en Londres. Asegura también que NML deliberadamente mintió a Griesa al sostener que las unidades de Deutsche Bank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Nueva York habían suscripto 1500 millones de dólares en esos bonos. También acusó a los fondos de cobertura de filtrar información que se ordenó que se mantenga confidencial.

La presentación del Deutsche se conoce una semana después de que el Parlamento belga aprobara una ley que establece límites al accionar de los fondos buitre en procesos de reestructuración de deuda. La norma establece que “cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o crédito sobre un Estado, sus derechos estarán limitados al precio que pagó por la recompra de dicho préstamo o crédito”.