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La nueva doctrina de inteligencia nacional tipifica como atentados contra el orden constitucional y la vida democrática a las corridas bancarias y cambiarias, maniobras de desa- bastecimiento, golpes de mercado y similares, llevadas a cabo por grupos económicos y/o financieros con fines de desestabilización. Y menciona entre las funciones de la flamante Agencia Federal de Inteligencia, la de producir información que permita detectar dichas maniobras. Para los expertos en materia de delitos económicos y seguridad, se trata de una herramienta eficaz para combatir una de las principales amenazas contra la estabilidad institucional en el mundo, las maniobras financieras especulativas. Para algunos referentes políticos de la oposición, es un instrumento para perseguir a los empresarios y ahorristas y su único impacto será que va a provocar un aumento del dólar paralelo. La distancia entre una consideración y otra sólo se explica por la diferente valoración que se pueda tener sobre el rol del Estado: si se cree en un Estado nacional con capacidad de involucramiento en un conflicto que enfrenta el interés de grupos económicos y financieros con los valores democráticos, o se reivindica un Estado neoliberal anti-intervencionista que priorice la libertad de negocios por sobre el interés social.

Para el doctor Alberto Binder, profesor de Derecho Procesal Penal de Posgrado en la UBA, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudiso Comparados en Ciencias Penales, asesor técnico en las reformas judiciales en más de diez países de América latina, dicha función “forma parte de una definición de la misma organización de la AFI. A diferencia de lo que fue históricamente la SIDE, la AFI está prevista como centro de producción de información de calidad. Es un cambio rotundo en su capacidad de intromisión para investigar los posibles delitos económicos, ya que hoy, sin duda, una de las principales amenazas en el mundo son las maniobras especulativas. Ni siquiera en los países más avanzados están plenamente preparados para este tipo de control. Que tengamos un equipo de analistas que puedan brindar información estratégica o táctica es un avance notable”, señaló ante la consulta de Página/12.

A su vez, Pedro Biscay, abogado, director del Directorio del Banco Central y superintendente segundo de Entidades Financieras y Cambiarias, y ex coordinador del Area Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, sostuvo que las atribuciones otorgadas a la AFI no sustituyen, sino que complementan las que realizan otros organismos de control, “Una agencia de inteligencia cumple tareas específicas que no puede realizar ni el Banco Central, ni la UIF o el Ministerio Público. Produce un mapa del delito en base a distintas bases de datos y fuentes de información, que le permite producir conjeturas y elaborar información que tendría que complementar la labor de los demás organismos”, respondió a la consulta de este diario. “Es una herramienta para la investigación de delitos económicos con la cual hasta ahora el Estado no contaba, porque se trata de una tarea que ninguno de los organismos de supervisión existentes podía realizar.”

El replanteo del rol de los organismos de seguridad del Estado, en lo que respecta a los delitos económicos, supone una doble transformación, en opinión de los expertos. Por un lado, crea un instrumento de producción de información estratégica fundamental, pero por otro, al desaparecer la vieja SIDE, “se elimina una herramienta extorsiva operada por un aparato del Estado cooptado por intereses particulares, y una estructura demasiado permeable para los negocios privados”, según confiaron a este diario diferentes fuentes consultadas.

El diputado nacional del PRO y ex presidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger le desconoció en cambio cualquier valor positivo a la propuesta. “No va a servir para nada”, dijo en relación con los objetivos planteados. Y auguró, en cambio, “que va a restringir la oferta de dólares, va a aumentar la brecha del tipo de cambio informal (...). Los argentinos hace varios años que no tienen libertad para ahorrar. Lamentablemente Argentina va profundizando la destrucción de las instituciones y las libertades”.

“Las críticas a la norma están orientadas a bloquear su aplicación, no valoran ni piensan en la importancia que tiene como herramienta de control del delito”, sostuvo Biscay. La intención de buscar un amparo judicial para declarar inconstitucional una medida que no apunta a espiar a las empresas, sino a controlar los ataques especulativos, no era ajena a las especulaciones ayer en las filas del PRO.