El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, afirmó ayer que los Estados que forman parte del Grupo de los 20 deben contribuir a un cambio en la regulación internacional del sistema financiero. “Hasta el 2008 el G-20 era una instancia para ver de qué manera se podían generar procesos de mayor liberalización económica y financiera hasta que sucedió lo inevitable. Los activos tóxicos y los bonos basura estallaron en una crisis que pegó fuerte no sólo en la Argentina, sino también en Brasil, México y Turquía. Hay que construir Estados fuertes que controlen a los especuladores”, manifestó el titular de la entidad monetaria. El funcionario hizo estas declaraciones durante el seminario “La Argentina y el G-20. Contribuciones para una agenda global de crecimiento inclusivo”, realizado en el Palacio General San Martín, junto al canciller Héctor Timerman y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

“La gobernanza del sistema mundial todavía vive una arquitectura donde se toman decisiones sin consensos y el Fondo Monetario Internacional vuelve al cepo del ajuste con un discurso más ortodoxo”, aseveró Vanoli, horas después de que se conocieran los condicionamientos a Grecia para recibir un tercer rescate financiero. “Nosotros hemos tomado la decisión de invertir en la economía real, con obras de infraestructura, trabajo e inclusión social. Nos hemos diferenciado a nivel económico mundial, precisamente, por estimular la demanda y promover un estado fuerte que controla a los especuladores”, agregó Vanoli.

Durante el seminario sobrevoló la puja que sostiene el país con los fondos buitre. Sobre este aspecto, la Argentina logró que se instalara en el seno de la Organización de las Naciones Unidas un proceso de debate para establecer regulaciones sobre las reestructuraciones de deuda.

“A solicitud de la Argentina, y con el respaldo de los países Brics y de Francia, se pudo incluir en la Declaración de los Líderes de 2014 la necesidad de contar con mecanismos justos, equitativos, legales y sustentables para la resolución ordenada de las reestructuraciones de deudas soberanas. Lo que se reclama es mayor seguridad jurídica y reglas eficaces y transparentes tanto para deudores como para acreedores, que protejan a unos y a otros de los agentes más recalcitrantes del sistema financiero internacional, los fondos buitre”, reflexionó Timerman.

El proyecto argentino para la reestructuración de deudas soberanas fue presentado durante los primeros días de febrero. El objetivo central es minimizar el accionar de los buitres sobre el sistema financiero internacional. Los lineamientos de la propuesta argentina fueron redactados por el Ministerio de Economía, la Cancillería y la Procuración del Tesoro. Una de las principales innovaciones es la creación de una Comisión Veedora compuesta por tres países con el objetivo de supervisar las negociaciones entre las partes involucradas.

“La Argentina no ha sido un actor de reparto dentro del G-20, sino todo lo contrario, un país que, pese a su tamaño económico relativamente más pequeño frente a las grandes potencias mundiales tanto desarrolladas como emergentes, ha impulsado importantes iniciativas y discusiones representativas de su realidad y sus valores”, agregó Timerman.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, destacó el rol “activo, casi molesto de la Argentina en el G-20” y manifestó su preocupación por el crecimiento de la pobreza en países de Europa. “La desigualdad y el desempleo ponen en riesgo a las democracias. El G-20 comenzó siendo un ámbito de finanzas y con el tiempo se expandió a otros temas que antes se trataban aisladamente en organismos especializados. Estamos convencidos de que el trabajo sigue siendo la llave para terminar con la desigualdad, y no casualmente este año propusimos crear un grupo sobre desigualdad y distribución del ingreso”, concluyó Tomada.

Del seminario también participaron la embajadora argentina en Estados Unidos y Sherpa ante el G-20, Cecilia Nahon; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, y los embajadores de Australia, Turquía y China. Estos últimos expusieron sobre las prioridades de sus respectivas presidencias del G-20.