La Comisión Interpoderes fue una herramienta indispensable creada a instancias de la Corte Suprema en 2008 para avanzar en el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, una responsabilidad del Estado argentino. El año pasado mantuvo escasísimas reuniones y este año no se reunió ni una sola vez. La semana pasada iba a realizarse el primer encuentro, entre otras razones a pedido por exhorto de la Justicia federal de Córdoba. La reunión se planificó con tres semanas de anticipación. Iba a hacerse el martes 7 de julio a las 16.30 en el Palacio de Justicia, de acuerdo con el espacio libre en la agenda de Ricardo Lorenzetti. El martes a las 13.25 los convocados recibieron por e-mail sin firma un brevísimo aviso con la suspensión del encuentro. La Corte invocó una razón inexistente: falta de confirmaciones entre los asistentes. A los invitados les pareció un papelón, pero sobre todo una muestra de la devaluación del compromiso en la agenda de la Corte. La suspensión, al parecer, se debió a que Lorenzetti corrió la agenda para atender las diatribas del caso del juez Luis Cabral, agitado con una marcha para ese día por la corporación judicial y mediática.

Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice que “en lo que va del año no tuvimos ninguna reunión de la Comisión Interpoderes y nos preocupa que esto marca que el tema no está en agenda, que se nos cayó de la agenda de la Corte la cuestión de los derechos humanos. Lorenzetti habla mucho del contrato social de los argentinos, de que esto es política de Estado, pero esto agudiza la sensación de que el Poder Judicial no está respondiendo. Entre el discurso, el contrato social y lo que se traduce en los hechos, en casos concretos como los últimos fallos sobre la responsabilidad civil, hay una distancia grande y esto es lo que están entendiendo las víctimas”.

La Interpoderes se creó a instancias de la Corte y tiene representación de las distintas agencias del Estado: diputados, senadores, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Procuración y presidencia de la Cámara de Casación Penal. Nació en un momento de crisis. Con causas frenadas y complicadas por distintos factores. La frecuencia de los encuentros osciló con los años. En 2011 se reunía por lo general cada tres semanas. En sus pronunciamientos maás fuertes por las demoras en las causas, sacó una exhortación a los jueces para que impulsen “con la mayor celeridad posible el trámite de los juicios”. El presidente del máximo tribunal más de una vez dijo que “no hay marcha atrás” en estas causas sino todo lo contrario.

Pero el año pasado, la frecuencia de las reuniones fue casi nula. La Corte convocó un relanzamiento del espacio que duró poco tiempo. Invitó a una reunión a los jueces Daniel Rafecas y María del Carmen Roqueta. Y en agosto convocó a la última reunión de urgencia cuando familiares de las víctimas de Jujuy llegaron a Buenos Aires desesperadas por la parálisis en las causas. La Interpoderes logró que los reciba la jueza Elena Highton de Nolasco. Las víctimas estuvieron agradecidas pero, según una de las fuentes, la cortesana se enojó porque las víctimas hicieron mas tarde críticas a la Justicia. A comienzo de junio, la necesidad de convocar a un nuevo encuentro de la Interpoderes tomó impulso, esta vez por un reclamo expreso, en forma de exhorto, del Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba. Los jueces Vicente Muscará, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón condenaron a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez por los crímenes a tres jóvenes de la JUP. Menéndez recibió en ese momento la condena número doce, diez de ellas a perpetua. En este caso era el único imputado. Los jueces incluyeron en los primeros puntos de su sentencia, un exhorto a la Comisión Interpoderes para que ordene cuestiones organizativas de las causas que generan persecuciones eternas sobre las mismas personas e impiden avanzar con los cientos de reclamos pendientes.

En ese contexto, Auat envió un escrito a la Corte en el que se hacía eco del exhorto de los jueces. Pusieron en agenda la reunión para el 7 de julio, de acuerdo a la agenda de Lorenzetti con tres semanas de anticipación. Pero una semana antes algo se bloqueó. La oposición anunció la marcha en apoyo al juez Luis María Cabral: 18 horas frente al Palacio de Justicia. El viernes 3 de julio, a través de los diarios, se enteraron de otra novedad. Lorenzetti acaba de convocar a una reunión plenaria a los presidentes de las cámaras federales de todo el país para evaluar la nueva ley de subrogancias, bajo la sombra de la salida de Cabral. Los citó a media hora del encuentro con la comisión.

Hubo llamados, pero la Corte confirmó la reunión. El lunes 6 llegó un mensaje de texto de la Corte: se suspende la Interpoderes. A la mañana siguiente, martes 7, 13.25, llegó el mail institucional: además de suspender la reunión, anunciaban que el motivo era que no había confirmaciones de las partes. Un dato que los invitados señalan como falso: porque 1) esas confirmaciones estaban y 2) porque nunca se apela a ese procedimiento.