El Banco Central denunciará penalmente a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilitaron locales comerciales como casas de cambio, según lo resolvió ayer el directorio de la autoridad monetaria. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefic) había detectado a principios de año 17 cuevas financieras que contaban con sendos certificados de habilitación de la administración porteña para operar en el mercado de cambios, siendo ésa una prerrogativa del Central. Tal como anticipó anteayer el presidente del Central, Alejandro Vanoli, se elevará una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para evaluar los “cursos de acción que puedan corresponder”, dado que esos permisos incumplen el Régimen Penal y Cambiario. Según pudo recabar este diario, entre las entidades figuran cooperativas de crédito, empresas de envío de dinero y de servicios de agencias de viajes y turismo, junto a varios particulares. El equipo económico analiza otros 29 establecimientos en las mismas condiciones.

“La situación es irregular, viola la Carta Orgánica del Banco Central y va en contra del Régimen Penal y Cambiario. Es una situación increíble, por no consultar a la autoridad monetaria, lo que evidencia fallas administrativas y cuestiones penales que es necesario averiguar y que son motivo de una denuncia”, explicó Vanoli. Por su parte, se analiza si existen vinculaciones directas entre los titulares de los establecimientos con los funcionarios que eventualmente habrían aprobado su funcionamiento. La reunión de directorio del BCRA ayer entró en cuarto intermedio hasta hoy, cuando está previsto que instruya a la Sefic para elevar la denuncia.

La investigación surgió a partir de los operativos de supervisión que se intensificaron desde octubre pasado. Entre los allanamientos aprobados por la Justicia llamó la atención de los inspectores el del 23 de febrero último, en Cabello 3717, en pleno barrio de Palermo, propiedad de Hernán Donato. En ese operativo se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del gobierno porteño para operar como casa de cambio. El 16 de marzo se allanó otro local en avenida Luis María Campos 1181, en el mismo barrio, de Gustavo Milanese, en donde se secuestraron 43.871 pesos en divisas y se encontró el mismo certificado de habilitación. El tamizado de los operativos permitió identificar hasta el momento 17 establecimientos con este tipo de permisos. Según explicaron a este diario desde Economía, muchos de esos locales ofrecían delivery de dinero.

Entre estas entidades se decomisaron divisas de distintos signos por el equivalente a 6,4 millones de pesos, junto a documentación de interés para la causa. “Conjuntamente a la estructura edilicia y mobiliaria (ventanilla de caja, rejas de seguridad, circuitos cerrados de video, bóvedas y cajas de seguridad) que permiten inferir que realizaban operaciones de cambio marginales”, detallaron desde Economía. Entre las entidades en cuestión se destacan American Services, que ofrece el servicio de envío de dinero; la Cooperativa Afianzar de Vivienda; Credit, que otorga préstamos para consumo; Agrobkk SRL, que publicita servicios de agencias de viajes y de apoyo turístico, y Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa, donde se hizo el mayor decomiso, por 1,2 millón de pesos al momento del allanamiento judicial.

También hay establecimientos sin razón social en distintos puntos de la Capital Federal, como en Juramento 2724 y en avenida Nazca 2175 (ambos habilitados por la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Jorge Rubén Galatti), en avenida Rivadavia 4988, cuyo titular es Norberto González, en Sánchez de Bustamante 1885 (de Humberto Wulfman), avenida Triunvirato 4625 (Jorge Luis Antonini) y en Triunvirato 4626, a nombre también de Antonini, que se encontraba en este local al momento del operativo. Además, en Jorge Luis Borges 2994 PB (de Luis Gabriel Martinotti), en Cabildo 2038 PB (Diego Espariz), en Cuenca 3473 (de Lucas Perrone), en Lavalle 663 (Silvio Eduardo Dalman) y en avenida Congreso 2453 (de José Manuel Bao).

Previo a la denuncia, la Sefic requirió el 14 de abril pasado al Gobierno de la Ciudad que entregue un detalle de los domicilios a los que se otorgó la habilitación y se le reclamó que cese en su accionar. “Desde entonces enviamos cinco intimaciones al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para que explique la situación y no hubo respuesta”, señalaron desde el Gobierno.