En la misma semana en que se conociera una resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, recordándole al juez Thomas Griesa que debe “respetar las instrucciones” de ese tribunal y no extralimitarse a la hora de determinar “el daño económico” a favor de acreedores litigantes contra Argentina, un comité asesor de las Naciones Unidas se pronunciaba a favor de promover regulaciones para neutralizar los efectos negativos de los fondos buitre sobre los derechos humanos” de la población de los países deudores sometidos a sus acciones especulativas. Estas dos novedades, que suponen un avance notable de la posición de la Argentina en el plano internacional, en su política de cuestionamiento y rechazo a las extorsiones de los fondos especulativos, quedaron opacadas por la información de los resultados aparentemente negativos para el país en la audiencia en los tribunales de Griesa del miércoles 12 de agosto. Una lectura más detallada del contenido de esa audiencia, y un análisis pormenorizado de lo allí tratado y resuelto, da cuenta que, contrariamente a lo expuesto por algunos medios, no se produjo en la oportunidad “un nuevo revés” para el país, no hubo sanciones ni se habilitó a los buitres a aplicar “nuevos embargos” contra Argentina. “Se quiso instalar que Griesa iba a imponer un bloqueo a una nueva emisión de Bonar 24, y la audiencia no tenía nada que ver con eso”, manifestó, ante la consulta de Axel Kicillof, ministro de Economía, quien no dudó en atribuir intencionalidad a esa interpretación de los resultados (ver declaraciones en notas aparte).

Ya en semanas previas a la audiencia prevista para el 12 de agosto, desde diversos ámbitos se presentaba ese evento como el momento en el que el juez Griesa debía tomar posición sobre un supuesto pedido de impugnación a la emisión de nuevas series de títulos de deuda en dólares de la Argentina, con vencimiento en el año 2024. Sin embargo, el pedido de audiencia formulado por los fondos buitre había apuntado en otra dirección: discutir con el magistrado eventuales sanciones para Argentina por incumplimiento de la orden judicial de otorgar información (cláusula “discovery”) sobre los bienes que el Estado posee en Estados Unidos y que podrían ser objeto de embargo. El pedido de sanciones había sido solicitado por NML Capital (Paul Singer) el 17 de junio pasado, al considerar que Argentina no había informado lo requerido por el juez Griesa en septiembre de 2013. En aquella oportunidad, el magistrado autorizó el pedido de información en forma amplia, incluyendo a entes autárquicos y empresas con participación estatal. Los fondos buitre pretendían que el Gobierno incluyera, entre sus bienes, las que correspondieran al Banco Central, a Enarsa y a YPF.

Pero mientras la discusión en Nueva York pasaba por la razonabilidad o no de este pedido, la versión que comenzaba a trascender en Buenos Aires era que Argentina “se jugaba el destino del Bonar 24” en la audiencia. Es decir, se ponía en duda la validez de esa herramienta de captación de fondos internacionales que, hasta ahora, le ha rendido al país muy buenos resultados pese a que Griesa sigue considerando al país en default.

Para el Ministerio y en particular para su titular, no se trata de un hecho casual ni de una interpretación ingenuamente errónea. “Es una prueba de la caja de resonancia que tienen los buitres en la plaza local. Mientras en Nueva York lanzan una nueva embestida con la cláusula ‘discovery’, acá buscan generar una sensación de desastre”, opinó.

En las distintas etapas que atravesó la batalla contra los fondos buitre, quizás en ninguna anterior haya estado tan claro como en la actual que se libra en dos frentes paralelos. En el externo, el escenario de los tribunales de Nueva York estuvo siempre presente, mostrando una tendencia cada vez más clara del juez Thomas Griesa a “hacerle el juego” a la estrategia de los buitres. Algunos pasajes de la audiencia del último miércoles, donde el magistrado sigue los pasos que le va marcando Robert Cohen, el abogado de los litigantes NML Capital y Blue Angel, mientras trata con desdén a los letrados por Argentina, Carmine Boccuzzi y Johnatan Blackman, vuelven a dar cuenta de ello. Así y todo, Griesa no pudo dar satisfacción al reclamo de los buitres, que exigían información sobre YPF, Enarsa y el BCRA y que declarara a sus bienes embargables, ante la evidencia de que ya hubo otros tribunales de su país que se habían manifestado en contra.

La novedad más evidente es cómo se juega en el frente interno. Ni el histórico informe del Comité Asesor de Naciones Unidas, que caracteriza, a pedido del gobierno argentino, el accionar nocivo de los fondos buitre sobre los derechos económicos y civiles de los pueblos pidiendo medidas que lo neutralicen, ni las resoluciones judiciales en Nueva York que le ponen límites a las arbitrariedades fueron reflejados como el avance que realmente representan. Por el contrario, el saldo de la semana fue presentado como “una nueva señal de incertidumbre”.

Lo que está en disputa tendrá su reflejo en las elecciones en las que también se juega la decisión de mantener la actual política de resistencia o ceder a las presiones de los capitales especulativos. Lo sucedido en estos días revela la intención y la capacidad de los partidarios de ceder.