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La elección del 22 de noviembre divide aguas dentro del conglomerado de cámaras empresarias. Las que representan a las grandes firmas acompañan de manera explícita o sugerida la candidatura de Mauricio Macri, mientras que las vinculadas a la industria nacional y a las pymes, que dependen del mercado interno, se inclinan mayormente por Daniel Scioli. Entre las primeras sobresale la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que tiene como principales referentes a Techint, Arcor, Fiat y los grupos mediáticos Clarín y La Nación, la cual expresa sin medias tintas la visión del establishment económico. Se ha pronunciado a lo largo del kirchnerismo contra las estatizaciones de empresas, las regulaciones sectoriales y en general contra el precepto de intervención del Estado en la economía. Juan José Aranguren, ex presidente de Shell, y Alfonso Prat- Gay, ex ejecutivo del JP Morgan, probables ministros de un gobierno de Cambiemos, son exponentes de ese pensamiento; lo mismo, claro está, que el líder del PRO, surgido de ese espacio de la gran empresa. La Sociedad Rural, IDEA, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la nueva conducción de la Unión Industrial Argentina, en manos de directivos de Arcor y Techint (igual que en AEA) son otros ámbitos empresarios aliados de Cambiemos. Del otro lado, las cámaras de sectores industriales ligadas al consumo popular, como calzados, indumentaria, línea blanca, manufacturas de cuero y juguetes, entre otras, y las representantes de las pymes, como CGE, Cgera, Apyme, Fedecámaras y CEEN, advierten sobre las consecuencias de la apertura de la economía a las importaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si se produce una devaluación brusca y el giro hacia un modelo de valorización financiera y agroexportador.

Los alineamientos reflejan la puja de intereses que existe dentro del propio mundo del capital. Aquellos que padecieron el neoliberalismo en los 90 saben que un giro de las políticas económicas en esa dirección puede poner en riesgo la subsistencia de sus empresas, por eso sus mensajes contienen una carga adicional de dramatismo. En sentido inverso, difícilmente la lucha contra el trabajo esclavo en los campos siga siendo una prioridad en un gobierno de Cambiemos si gestiona de la mano de la Sociedad Rural, o esa administración ponga límites a abusos empresarios y bancarios con Aranguren y Prat Gay. La mayoría de las entidades defensoras de consumidores y usuarios se encuentra en estado de alerta por esa cuestión.

En filas sindicales, Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas manifestaron simpatías por Macri, en tanto que Luis Barrionuevo es un militante opositor desde los primeros días de Néstor Kirchner en la presidencia. De las otras centrales obreras, la CGT al mando de Antonio Caló y la CTA que encabeza Hugo Yasky aparecen como respaldos del Frente para la Victoria, en tanto que Pablo Micheli, de la otra CTA, dijo en la semana que votó a Margarita Stolbizer y que no fijará posición frente a la segunda vuelta electoral. Micheli afirmó que no ve diferencias entre las políticas que pueden llevar adelante Scioli o Macri. El diputado oficialista Héctor Recalde, abogado de larga militancia gremial, elaboró un documento que resalta las leyes laborales aprobadas desde 2003 y puntualizó cuáles de ellas fueron rechazadas en el Congreso o en otros escenarios de debate por legisladores o referentes del PRO. Entre estas últimas, las más relevantes son las siguientes:

- El macrismo se opuso a un aumento de la indemnización por despido, para llevarla a un sueldo por año de antigüedad, y cuestionó la limitación del período de prueba a tres meses. En cambio, se pronunció a favor de mantener el período de prueba en seis meses. Finalmente, el oficialismo y aliados hicieron valer su mayoría parlamentaria para aprobar la ley.

- El PRO rechazó la modificación a la ley de concursos y quiebras que restableció la competencia de la Justicia del trabajo en los juicios laborales contra empresas que atraviesan alguna de esas situaciones.

- Votó en contra de combatir la tercerización al oponerse a ampliar la responsabilidad solidaria de la empresa principal, y a que los trabajadores tercerizados tengan los mismos derechos que los trabajadores de la empresa principal.

- Legisladores del macrismo votaron en contra del proyecto de ley para que los trabajadores no registrados tengan derecho a cobrar seguro por desempleo si son despedidos. La iniciativa aún debe ser tratada por el Senado.

- Otro proyecto con trámite parlamentario es el que eleva el mínimo de vacaciones a 21 días, que el PRO rechazó.

- La fuerza que lidera el actual jefe de Gobierno porteño también se opuso a que las empresas que integran un grupo económico –como la mayoría de las de AEA– sean solidariamente responsables por la violación de los derechos de los trabajadores.

- El PRO votó en contra de sancionar al empleador que discrimina salarialmente a la mujer, propuesta que sigue debatiéndose en el Congreso.

- Lo mismo ocurrió con el proyecto para que las empresas constituyan comités mixtos, con participación sindical, para prevenir accidentes.

- El macrismo se opuso a que las empresas reciban sanciones cuando pagan indemnizaciones por despido por debajo del monto que establece la ley.

La lista es considerablemente más larga y contempla otras cuestiones que hacen a la relación entre empresas y trabajadores, siempre con el PRO del mismo lado de las grandes cámaras patronales. Desde 2003, el Congreso sancionó 62 leyes laborales para restablecer derechos a los trabajadores, todos con una intervención decisiva del oficialismo. Una cantidad similar de proyectos se siguen debatiendo en ambas cámaras, según precisa el informe de Recalde. Entre las iniciativas más importantes que se aprobaron en estos años figuran las que siguen:

- Nuevo estatuto del peón rural, que dispuso cuestiones básicas como la jornada laboral de ocho horas, contra el régimen anterior que era “de sol a sol”. Otro aspecto clave fue la creación del Renatea, un organismo de control y registración laboral que reemplazó al anterior administrado por el sindicato del Momo Venegas, que convivía con la explotación laboral.

- Otro salto cualitativo de similar trascendencia fue el nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. El sistema anterior provenía de 1956, de la dictadura de Aramburu. La nueva ley estableció la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales, el descanso semanal de al menos 35 horas, el derecho a vacaciones pagas y la contratación de un seguro por riesgos del trabajo.

- Un tercer hito se produjo en junio de 2008 con la ley de prohibición del trabajo infantil, que elevó a 16 años –desde los 14 previos– la edad mínima de admisión al empleo.

- El Gobierno también encabezó la derogación de la Ley Banelco de flexibilización laboral de 2001, impulsada por el FMI y defendida en su momento por Patricia Bullrich desde el Ministerio de Trabajo y por Margarita Stolbizer como miembro informante del bloque de la Alianza en la Cámara de Diputados.

La pulseada electoral que tendrá lugar dentro de dos semanas definirá la continuidad o el cambio en la orientación de políticas esenciales, como las que inciden en el terreno laboral.