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El diferendo sobre la conducción del Banco Central plantea dos dilemas de principios. El primero, relativo a la ubicación de la autoridad monetaria dentro del marco institucional. Desde la perspectiva neoliberal, la misma debe ser independiente del poder político. Por lo tanto, un cambio de gobierno no debería provocar la renuncia de un titular del BCRA, cuyo mandato sigue vigente por un tiempo más. El enfoque heterodoxo sostiene, en cambio, que la política monetaria y su conducción forman parte de toda la política económica, cuya responsabilidad descansa en el jefe o jefa de Estado, elegido por la mayoría del electorado, en elecciones democráticas y transparentes. Desde este enfoque, el Presidente entrante tiene el derecho y la responsabilidad de elegir a un presidente del Banco Central que forme parte del equipo que ejecutará la política económica de su gobierno. ¿Cuál principio debe prevalecer? El segundo, que refleja la economía y la política reales y no los intereses de la financiarización, a los cuales representa el primero.

El segundo dilema se refiere a la necesidad de que nuestra todavía joven democracia incorpore el hábito de respetar la estabilidad de los funcionarios, cuyos mandatos exceden el del período presidencial, dentro del cual fueron designados. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a la alternancia política, propia de las democracias maduras y, por lo tanto, convivir con situaciones como la actual, en la cual un funcionario, que ejerce legítimamente un cargo, tiene ideas y un origen político distinto al del gobierno de turno.

En el caso particular de la presidencia del BCRA se plantean los dos dilemas. Es preciso resolverlos sin violentar las normas. Una solución posible es aprobar en el Congreso, rápidamente sobre tablas, con el apoyo del nuevo oficialismo y la oposición, una reforma puntual de la Carta Orgánica del Banco Central que establezca que el mandato de su titular vence con el del Presidente de la Nación que lo designó. Sobre estas bases, seguramente en el caso que nos ocupa, el funcionario involucrado asumiría la retroactividad de la norma, renunciaría inmediatamente y, respetando la ley, el nuevo jefe de Estado podría ejercer su responsabilidad y derecho de designar a quien ejecutará la política monetaria de su gobierno.

* Profesor emérito. Universidad de Buenos Aires.