Pese a los dichos del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el sistema de seguridad social enfrenta un panorama de desfinanciamiento por la reciente medida que declaró inconstitucional la detracción del 15 por ciento de los tributos coparticipables a favor de la Anses. En el año 2014, según cifras proporcionadas por especialistas en materia presupuestaria, dicha asignación superó los 72 mil millones de pesos, que a valores actualizados por el incremento de la recaudación tributaria, representarían casi 95 mil millones de pesos en 2015. A partir de enero próximo, la Anses perdería dicha asignación. En opinión de los expertos, la nueva situación sería la de un sistema previsional desfinanciado, obligado a volver al endeudamiento crónico para cumplir con las prestaciones, poniendo en riesgo incluso otros programas adicionales que lanzó y sostuvo con sus recursos en los últimos años, como –entre otros– la AUH para los hogares de padres desocupados, Progresar para jóvenes sin trabajo que no pudieron completar sus estudios, o Conectar Igualdad que favorece a cientos de miles de estudiantes. Además, el recorte de los recursos de la Anses afectará el porcentaje resultante de la movilidad jubilatoria del segundo semestre de 2016, lo cual podría resultar en que, por primera vez desde la puesta en marcha de este régimen, la recomposición de haberes resulte inferior al aumento general de los precios en el año.

En el año 2014, último período del que se cuenta con datos definitivos anuales, la Anses recibió recursos de la distribución bruta efectiva de tributos nacionales por casi 166 mil millones de pesos. De ese total, el 44 por ciento correspondió a la porción de los recursos coparticipables asignado al fondo de seguridad social desde 1992. La asignación resultante en ese año sumó 72.676 millones de pesos (15 por ciento de los 484.507 millones de pesos de la masa de recursos coparticipables con las provincias, recaudados en ese año).

El resto de los recursos para el sistema de seguridad social provenientes de los tributos nacionales corresponde, fundamentalmente, a la participación fijada por ley en impuestos específicos: 20 por ciento de la recaudación en Ganancias, 11 por ciento de la correspondiente al IVA, 44 por ciento de la que ingresa por Combustibles y 70 por ciento de la de Bienes Personales. Tan sólo por los primeros tres rubros, la asignación a la Anses sumó 53.295 millones por Ganancias, 32.721 millones por IVA y 4329 millones de pesos por Combustibles. Es decir, unos 90 mil millones de pesos,

Los datos anteriores surgen de las cifras de la Comisión Federal de Impuestos y fueron suministrados a este diario por el especialista en temas presupuestarios Horacio Rovelli. Si se actualizaran tales cifras para el año 2015, con un incremento en la recuadación tributaria que superó el 30 por ciento, podría estimarse que al sistema de seguridad social se le habrían asignado unos 215 mil millones de pesos, de los cuales 95 mil millones corresponden a la detracción del 15 por ciento de los fondos coparticipables. Como la Corte Suprema acaba de declarar inconstitucional esa detracción, a valores constantes, en 2016 la Anses recibiría, en vez de los 215 mil millones, solamente 120 mil millones de pesos de los recursos tributarios nacionales. Lo que representa un fuerte desfinanciamiento, sin tomar en cuenta siquiera la obligación de “devolver” a tres provincias las sumas retenidas desde el 1º de enero de 2006 hasta la fecha.

El sistema de seguridad social logró, en la última década, extender la cobertura a prácticamente el 100 por ciento de los ciudadanos de la tercera edad. Como consecuencia de ello, el padrón previsional cuenta hoy con 7,2 millones de beneficiarios y 9,4 millones de aportantes. Es por ello que, además de los aportes y contribuciones directos, el sistema fue dotado de recursos extras provenientes de los recursos tributarios nacionales.

La resolución de la Corte, ordenando “cesar en forma inmediata de detraer esos fondos”, supone poner en riesgo la capacidad del sistema de poder sostener las prestaciones vigentes con sus propios recursos, y obligar “a la Anses, como al resto del Estado, de buscar su financiamiento con endeudamiento público”, según sostuvo el especialista Horacio Rovelli ante Página/12.